El año 2024 ha sido especialmente conflictivo en cuanto a la negociación del FEES. La falta de acuerdo por primera vez desde que se estableció el FEES, entre las universidades públicas y el gobierno se debe, en gran medida, a las diferencias en la visión sobre el rol de la educación superior pública en el contexto de la crisis económica.
Mientras que el gobierno ha planteado la necesidad de recortar o congelar el crecimiento del FEES como parte de su estrategia de contención del gasto público, las universidades públicas han defendido con vehemencia la importancia de mantener el crecimiento del fondo para garantizar la calidad y cobertura de la educación superior.
Esta negociación fallida no solo ha generado incertidumbre en las universidades públicas, sino que también ha puesto en riesgo el acceso de miles de estudiantes a una educación superior de calidad. Además, ha evidenciado la necesidad de replantear el modelo de financiamiento de las universidades públicas en el país, buscando un equilibrio entre las demandas del Estado y las necesidades de las instituciones de educación superior.
Mitos
Solo por citar tres mitos.
- Gran parte de la población sigue desinformada viendo propaganda, muchas veces con información hasta de ocho años hacia atrás, impulsada por algunos medios de comunicación, redes sociales, el poder ejecutivo, un sector del ala más derechista de los diputados y grupos integrantes del lobby anti- financiamiento de la educación superior pública costarricense, promoviendo la teoría del aumento salarial de la planilla del sector público, y también de las universidades cuando la verdad es que los salarios de todos los empleados públicos, incluyendo los universitarios, están congelados desde el año 2018 y así seguirán hasta después del año 2029 como mínimo, según las proyecciones del déficit del gobierno, esgrimidos en días pasados por Noggui Acosta, actual ministro de Hacienda. Varias leyes aprobadas entre el año 2018 y el año 2023 pusieron límites a los salarios y los presupuestos, así como altas tasas de impuesto de la renta a los salarios que no se podían rebajar vía ley o a las pensiones consideradas de lujo.
- Otro mito es que los cupos a las carreras son otorgados en su mayoría a estudiantes provenientes de colegios privados, cuando la verdad es que más del 94% de la matrícula de las universidades públicas es de estudiantes provenientes de la educación secundaria pública en todas sus modalidades: liceos, colegios, nocturnos, colegios científicos, humanistas, laboratorios, CONED, IPEC -Cindea, subvencionados, entre otros.
- Un tercer mito, es la falta de pertinencia de las carreras de las Universidades Públicas cuando la realidad es que los estudios de inserción laboral del OLAP de OPES, indican todo lo contrario.
Necesidad de redistribuir el FEES entre las universidades
En medio de este contexto, ha surgido también el debate sobre la necesidad de impulsar la discusión para la redistribución del FEES entre las universidades públicas.
Actualmente, la distribución de los recursos del FEES se realiza en función de criterios históricos, lo que ha llevado a que algunas universidades reciban una mayor proporción del fondo en comparación con otras.
Sin embargo, la realidad actual del sistema de educación superior en Costa Rica exige una revisión de estos criterios de asignación. Es necesario que las universidades públicas, en conjunto con el gobierno y otras partes interesadas, revisen los mecanismos de distribución del FEES para garantizar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos. Esto implica considerar factores como el crecimiento en la matrícula estudiantil, las áreas prioritarias de desarrollo del país, la regionalización y las necesidades de cada institución.
Un aumento del FEES acompañado de una redistribución más equitativa del FEES permitiría que todas las universidades públicas puedan cumplir con su misión de manera más efectiva, reduciendo las desigualdades entre las instituciones y regiones, fortaleciendo el sistema de educación superior en su conjunto.
Ese aumento, complementado con una redistribución adecuada podría contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, optimizando el impacto del FEES en el desarrollo del país abriendo más sedes y cupos en las regiones, carreras nuevas, más becas para estudiantes, aumentar la inversión física y tecnológica, así como la investigación aplicada. Noten que no se habla de salarios por lo explicado arriba, sin embargo, la propaganda sesgada sigue indicando que cualquier aumento del FEES implicará subir salarios.
Ahora que la pelota está en la Asamblea Legislativa los diputados tienen la oportunidad histórica de corregir los desvaríos del poder ejecutivo, e impulsar esta redistribución y además buscar más recursos directos, para las regiones.
Este servidor por años ha defendido la necesidad de impulsar la inversión en las regiones, además de plantear de manera formal el tema de la redistribución del FEES.
Estamos ante una oportunidad inédita. Los diputados tienen la palabra de redireccionar un barco a la deriva.
Conclusión
El período 2020-2024 ha sido crucial para el FEES y el sistema de educación superior pública en Costa Rica. Aunque el crecimiento del FEES ha estado limitado por la situación económica, la importancia constitucional de este fondo sigue siendo incuestionable. Las universidades públicas han demostrado su compromiso con la educación de calidad, pero enfrentan desafíos significativos en términos de financiamiento y distribución equitativa, así como la regionalización real con calidad y equidad.
Es fundamental que el gobierno y las universidades públicas encuentren un equilibrio en la negociación del FEES y su redistribución para 2024 y más allá, garantizando que el fondo continúe siendo un motor de desarrollo para el país. Asimismo, es necesario abordar el tema de la redistribución del FEES, asegurando que los recursos se asignen de manera equitativa y eficiente, en beneficio de todas las universidades públicas y, en última instancia, de la sociedad costarricense en su conjunto.