A pesar de que tenemos los tres Poderes de la República como cualquier democracia, los costarricenses sentimos extraños y muy lejanos a esos tres poderes. Vamos a votar cada cuatro años en las elecciones nacionales y, sabemos que con nuestro voto, solo elegiremos a 57 personas para el Poder Legislativo y a 3 personas para el Poder Ejecutivo. En total, 60 personas electas por el pueblo, es el resultado de las rutinarias, rudimentarias, desactualizadas y aburridas elecciones nacionales. Debe ser por eso, que el abstencionismo se está tragando a nuestra democracia. Sin embargo, el más extraño y lejano es el Poder Judicial. De ese Poder no elegimos a nadie. Del Poder Judicial, lo que más conocemos son las noticias de los esporádicos salacuartazos y, de la presa de casos judiciales en trámite, que compiten con las listas de espera de la CCSS. Es obvio que necesitamos a los 3 poderes de la República más ubicados con la realidad nacional y en beneficio de todos los costarricenses. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a presidentes y a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. Está claro que es demasiado peligroso darle mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa a cualquiera y por eso, mejor, a ningún partido político.
Excelente que el nuevo gobierno nos informe de todo lo malo que han hecho los gobiernos anteriores. Pero solo con informarnos no es suficiente. La mayoría de costarricenses sabemos mucho de todo lo malo que han hecho todos los anteriores gobiernos. Pero el cambio de gobierno precisamente es para que su plan de gobierno venga a corregir todo lo malo anterior y además, para que imponga nuevas y mejores leyes para prevenir que no volvamos a tener malos gobiernos. Para eso es un cambio de gobierno. Pero el nuevo gobierno también está claro que no es solo el nuevo presidente. Todos los diputados son también parte del nuevo gobierno y deberían estar corrigiendo todo lo malo de los gobiernos anteriores y estableciendo nuevas y mejores para prevenir que no volvamos a tener malos gobiernos. Excelente que nuestra democracia permita que cualquier costarricense pueda ser funcionario público, pero por qué tenemos que reelegir a ningún funcionario público? Nadie es indispensable. La reelección en puestos públicos no debe permitirse y menos las reelecciones de 8 larguísimos años como en el Poder Judicial. La única excepción para permitir la reelección en puestos públicos debe ser por el desempeño excepcional demostrado del empleado o funcionario público correspondiente. Está claro que también tienen derecho a concursar miles de costarricenses con igual o más requisitos e igual o más deseos de servir a la Patria y sin necesidad de ninguna reelección. Además hay muchos otros puestos públicos en los que puede concursar cualquier empleado o funcionario público que crea merecerlo, si ha tenido excelente desempeño en los puestos públicos en los que ha trabajado anteriormente.
En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, el caso barrenador y otros casos en este nuevo gobierno, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin. Está claro que nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quien arregla a quien? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses. El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad.
