No se enseña con desesperación, se educa con esperanza

» Por Dragos Dolanescu Valenciano - Diputado de la República

Costa Rica no se construyó por medio de la intolerancia ni la imposición. Históricamente, nuestro país ha buscado la vía del diálogo como recurso para solucionar nuestras diferencias. Aún en nuestros tiempos más difíciles, como en la Guerra del 48, logramos ponernos de acuerdo tras el periodo turbulento tras el conflicto.

Hoy en día, nuestra sociedad pierde poco a poco la capacidad de negociar y de buscar entendimiento. Costa Rica se en crispa cada vez con mayor facilidad; la manera en que estamos buscándole solución a los conflictos que nos aquejan son cada vez más unilaterales. La incapacidad para dialogar entre sectores y atacar las causas de nuestros reclamos nos llevan a plantear soluciones como el Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

Es opinión de este diputado que este proyecto de ley, con el afán de corregir abusos en el ejercicio del derecho a huelga, busca maniatar cualquier movimiento de protesta y reducirlo a la irrelevancia. Sorprende además que el esfuerzo de 12 congresistas por crear una solución más moderada para regular el derecho a la huelga haya sido vilipendiado y clasificado casi de antipatriótico por un grupo mayoritario de diputados, el sector empresarial y los principales medios de comunicación de Costa Rica.

El derecho a la huelga se considera hoy un derecho fundamental. Está estipulado en numerosos documentos de carácter supranacional, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y garantizado por nuestra Constitución Política y nuestro Código del Trabajo.

Seamos valientes y dejemos de lado el miedo a “estar del lado equivocado del debate”. Este proyecto de ley limita derechos fundamentales de todos los costarricenses y cualquier solución a un problema como este que busca esa ruta debería interpretarse como una señal de alarma.

Que los dirigentes sindicales de turno, los políticos y los líderes empresariales sean incapaces de llegar a acuerdos no da pie para restringir el derecho a la huelga. Tal como lo dijo el expresidente Luis Alberto Monge, “no es por el camino de las restricciones que se pueden detener las huelgas, es necesario ir a sus causas; terminar con una serie de injusticias sociales. Quienes pretendan eliminar las huelgas por el camino de las restricciones ignoran que son un fenómeno social que obedecen a muchas causas complejas”.

Limitar la posibilidad de realizar una huelga facilitando el proceso de la declaratoria de ilegalidad, restringir cuáles motivos son admisibles para protestar, crear un fast track para castigar a los empleados de los llamados servicios esenciales se sumen al movimiento, o encausar quiénes se puedan sumarse a una huelga para restarle su fuerza es usar las leyes para limitar el ejercicio de un derecho fundamental. Por más insoportable que nos resulte el discurso de la contraparte, por más enojo que nos provoquen las consecuencias del derecho a manifestarse, optar por la eliminación de ese derecho es propio de gobiernos autoritarios más que sociedades basadas en la pluralidad y la tolerancia.

No porque me moleste el constante deshojar del Guarumo está bien pensar en eliminar los bosques. Aquí estamos haciendo lo mismo: como no somos capaces de negociar entre nosotros mismos y consideramos carísimas las consecuencias de una huelga, estamos valorando cercenar un derecho fundamental para quitarnos de encima el fastidio de los desacuerdos. Y tan intolerante nos hemos vuelto que estamos dispuestos a perderlo todo con tal de no perder nuestra posición. ¿Qué clase de país estamos construyendo donde no podemos presentar enmiendas a un proyecto de ley para moderarlo por el temor de ceder ante los representantes sindicales y más bien estamos dispuestos a acabar con un derecho fundamental?

El verdadero respeto por los derechos de las personas y su defensa requieren de un esfuerzo importante de tolerancia en nosotros mismos. No es a través de iniciativas que coarten el ejercicio de esos derechos que se logra el respeto. Todo lo contrario. La empatía y la humildad no son señas de debilidad. Son señas de respeto al bien común.

Insto a la Asamblea Legislativa, a las cámaras empresariales y al Poder Ejecutivo a reevaluar si se está incurriendo en posiciones intransigentes como recurso para lograr acuerdos. La tozudez nos puede convertir en esclavos de nuestros propios dogmas.

Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.

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