A partir de la visita que realizó la Ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar, al Plenario Legislativo han quedado claras, algunas de las motivaciones del gobierno de don Carlos Alvarado para impulsar un nuevo paquete fiscal.
Expresó la represente gubernamental que nuestro país alcanzó el límite en endeudamiento, que utilizamos dinero de préstamos internacionales para financiar la cuenta corriente del Estado. Señaló que el 59% de la deuda se encuentra en colones y el resto en moneda extranjera. Esto quiere decir que nuestro país se ha transformado en sentido contrario a la justicia social. Se cierran las fuentes de trabajo, la juventud y el adulto mayor tienen menos fuentes de empleo, existe incertidumbre en el mercado financiero, sumado a una grave disminución en la atracción de inversiones y una calificación crediticia internacional, considerada como cuestionable.
A pesar del cuadro descrito, el gobierno de la República, solamente se propone una disminución del gasto para este primer año del 0,14% y un aproximado del 0,48% para el período de cuatro años.
Como representante popular, vivo en la provincia de Cartago y recorro los fines de semana, zonas vulnerables; también visito otras regiones del país y, puedo asegurar que nuestro pueblo no está dispuesto a pagar más impuestos hasta ver recortes sustanciales en los presupuestos del gobierno. Pero no solo del Ejecutivo sino que desean ver un ajuste verdadero, en tres poderes de la República.
Es fundamental que seamos ejemplo desde nuestras posiciones de gobernanza y enseñemos al pueblo que nos estamos apretando la faja. Quiero decir que debemos dar más que una buena señal o sea algo de mayor viabilidad y potabilidad que el proyecto que nos entregó doña Rocío.
Con este paquete fiscal, las medidas planteadas son paliativas, y suponen un mayor sacrificio a los sectores socio-económicamente más vulnerables.
El gobierno debe disminuir más el gasto en publicidad, en viajes al exterior, sin propósito, reducción de actividades superfluas y en otros temas muchas veces expresados por los especialistas, porque los montos que se nos presentaron son ridículos, insuficientes, causan molestia y en algunos casos hasta indignación.
Propongo que consideremos otra opción para obtener ingresos, un mecanismo que afecte menos a la sociedad costarricense.
Comparto la molestia de nuestros compatriotas, porque se propone este plan con impuestos regresivos mientras continúan los grandes evasores escapando del pago de tributos. Sigue el gobierno cuidando a ciertos sectores, como se expresa en la propuesta de no gravar las inversiones en la bolsa. Es inmoral que el pueblo sea quien pague este protectorado.
Comprendemos la importancia de aprobar un plan fiscal, pero debe ser analizando los efectos que este podría traer a cada grupo de la sociedad.
Nosotras, las diputadas y los diputados, somos representantes de los costarricenses, pero especialmente, de aquellos que no tienen voz. Representamos a quienes nos dieron el voto con la seguridad de que protegeremos la justicia económica y social de Costa Rica.
Por ejemplo, el impuesto de valor agregado implicaría que las familias tendrían o tendrán que desembolsar de su presupuesto familiar, un monto de cien mil colones más, lo que equivale a una disminución real del salario, lo que, sin duda desmejora y desmerece a los costarricenses.
Aprobemos un plan fiscal que no afecte a la clase más pobre y a la clase media que, con la actual propuesta, caería en la línea de la pobreza. Impulsemos un plan fiscal que incentive el comercio y el crecimiento; un plan integral que incluya una importante reducción del gasto, un aumento en la recaudación de tributos, particularmente de quienes tienen mayores ingresos, que elimine la evasión, y que permita un crecimiento económico real para todas y todos los costarricenses.
Seamos humanos, solidarios y justos. No perdamos tiempo.
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