A tres meses de que termine este periodo constitucional, la Asamblea Legislativa no puede actuar como si el tiempo fuera infinito. Este periodo se acaba, y lo que hagamos debe responder al interés público, no a cálculos electorales ni a excusas para seguir postergando decisiones.
Lo que no puede normalizarse —y ya se ha visto en otros momentos— es que se antepongan intereses personales o partidarios al bienestar del pueblo costarricense, especialmente cuando están en juego la certeza y los derechos de miles de personas trabajadoras y jubiladas vinculadas al ROP Complementario (ROPC).
Para que el debate público no se distorsione, es importante dejar constancia del orden y la seriedad con que se ha trabajado este tema. Se presentaron varias iniciativas de ley bajo los siguientes Expedientes que fueron presentados de manera secuencial como sigue: 24.955 (25 de abril de 2025), 24.972 (12 de mayo de 2025), 24.984 (16 de mayo de 2025) y 25.003 (22 de mayo de 2025). A partir de esos proyectos, se realizaron mesas de trabajo con participación de diputaciones proponentes, asesorías, sectores gremiales y actores vinculados a la defensa del ROPC, con el objetivo de construir una propuesta responsable.
Fruto de ese trabajo, se presentó un texto sustitutivo incorporado en corriente legislativa el 9 de diciembre de 2025, que recoge la mayoría de las preocupaciones e inquietudes planteadas. Además, se solicitó a Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa el criterio sobre el principio de conexidad de dicho texto: el criterio, remitido el 15 de diciembre de 2025, con oficio e referencia AL-DEST-CJU-0108-2025 y trasladado a las distintas fracciones, concluye que el texto cumple con el principio de conexidad. Esto es clave: aquí hay base técnica y procedimiento. No hay improvisación.
Entonces, si hay trabajo y hay sustento, ¿qué falta? Falta decisión política.
Por eso, hoy el país necesita acciones concretas, no más discursos:
Primero: retomar la próxima semana las mesas de trabajo con agenda clara y disposición real, para acordar un texto definitivo en cuestión de días.
Segundo: una vez acordado ese texto, darle trámite de vía rápida por el artículo 177 del Reglamento de la AL.
Tercero: dejar de “patear la bola” con la excusa del “proyecto perfecto”, cuando muchas veces esa búsqueda lo que encubre es la intención de posponer lo inevitable.
También preocupa que se pretenda trasladar una decisión urgente al terreno del “después”, del “cuando yo llegue”, o de promesas condicionadas al próximo gobierno. Costa Rica no puede firmar cheques en blanco. Cuando se habla de proteger derechos y dar certeza a las personas trabajadoras, eso se resuelve aquí, en la Asamblea, y ahora.
Por eso el llamado es directo al Partido Liberación Nacional (PLN) y a su jefatura de fracción: existe una moción de vía rápida que ya ha sido firmada por varias diputadas y diputados. Si el PLN afirma estar del lado de las personas trabajadoras, debe demostrarlo con hechos, firmando la moción y permitiendo que el proyecto avance sin más dilaciones.
No se vale decir una cosa en campaña y hacer otra en el Plenario. La gente ve, escucha y juzga. Y la coherencia política no se declara: se practica.
El país no necesita más tiempo perdido. Necesita seriedad, acuerdos y trámite. Si hay coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, entonces la próxima semana se retoman mesas, se define un texto único definitivo y se aprueba la vía rápida.
Esa es la responsabilidad política mínima en el cierre de esta legislatura. Y es, sobre todo, una señal clara para quienes sostienen este país con su trabajo: que en la Asamblea se actúa en favor de la justicia y la dignidad, con hechos y no con discursos.
