El Estado costarricense está diseñado para gastar más de lo que ingresa. Eso no es coyuntura: es diseño. Desde 2009 el país registra un déficit estructural sistemático, con ingresos tributarios insuficientes para cubrir la operación del gobierno. Para compensar los bonos y la deuda, planifican el futuro que van a pagar generaciones que aún no han nacido.
Para junio de 2025, la deuda del Gobierno Central alcanzó los ₡29 billones (aproximadamente $58 mil millones), lo que representa el 57,4 % del PIB. Ese nivel ronda el límite marcado por el FMI como umbral de sobreendeudamiento.
Y no solo es la deuda. La estructura del gasto hace que el 60 % del presupuesto público se consuma en remuneraciones, y que los salarios del sector público sean cerca de 2,2 veces más altos que en el sector privado para puestos equivalentes. Un informe de Bloomberg Línea reveló incluso que el 71,6% del gasto operativo del Gobierno se destina a salarios. ¿El resultado? Un Estado que gasta mucho, pero entrega poco. Con pluses, anualidades, cesantías privilegiadas, dedicaciones exclusivas y dobles beneficios, diseñados no para servir mejor, sino para apaciguar sindicatos y mantener estructuras obsoletas.
Mientras tanto, Costa Rica mantiene una relación deuda/PIB cercana al 55–60%, inferior en algo al cierre de 2024, pero aún alta para estándares de sostenibilidad fiscal. Los ingresos tributarios, que apenas alcanzan el 24% del PIB, están por debajo del promedio OCDE (~30 %). A su vez, el déficit financiero en el primer trimestre de 2025 se ubicó en 0,69% del PIB, lo que refleja una mejora marginal, pero sin abordar la raíz estructural del problema.
Por otro lado, el servicio de la deuda para 2025 absorberá aproximadamente el 44% del presupuesto anual, casi la mitad del plan de gastos, incluyendo amortización e intereses. El pago de intereses acumulado a junio fue ¢1.165 billones, equivalente al 2,4% del PIB (el más alto en 19 años). En este contexto, el gasto público total superó el 40% del PIB en 2023, pero la inversión pública apenas alcanzó el 2%, muy por debajo del promedio OCDE de 3,4%.
De educación y salud ni hablar. La educación consume más del 6% del PIB, uno de los niveles más altos dentro de la OCDE, sin embargo, más del 60% de los estudiantes no cumple con las competencias mínimas en pruebas PISA. La CCSS absorbe más del 15% del gasto público consolidado, pero según encuestas, el 85% de los usuarios espera más de dos meses por una cita especializada.
FANAL debe morir. ¿Por qué el Estado vende alcohol? ¿Qué hace un monopolio de alcohol financiado con nuestros impuestos en pleno siglo XXI? ¿Qué clase de retraso estatal permite que se subsidie el vicio con recursos públicos mientras se habla de salud pública? Nadie lo sabe. Pero ahí sigue respirando presupuesto. RECOPE es un insulto a la inteligencia colectiva. No refina, no compite, no innova. Es una agencia de sindicalistas con nombre técnico. Si existiera en el sector privado, habría quebrado diez veces.
La Defensoría de los Habitantes es un teatro ideológico. Ya no defiende derechos: defiende discursos. Censura desde la victimización, reparte privilegios con lenguaje inclusivo, y se pronuncia solo cuando le conviene. ¿Y el pueblo? Bien, gracias. Abandonado, pero en lenguaje neutro. SINART… Bueno, nadie lo ve, nadie lo pide y nadie lo necesita. Pero ahí está, tragándose millones para producir documentales que nadie comparte y entrevistas que nadie escucha.
JAPDEVA está muerta. Su única función es pagar salarios por nostalgia. Lo que fue un motor económico en Limón, hoy es una bodega de puestos políticos y un recuerdo caro. El Caribe merece inversión, no instituciones zombi. INAMU es una inquisición con presupuesto. Hablan de defender a las mujeres, pero gastan millones en talleres de “nuevas masculinidades” y campañas que enseñan que todo es violencia menos la violencia que ejercen las propias mujeres hacia sus hijos.
INCOFER es el chiste ferroviario más caro de Centroamérica. Un tren lento, subsidiado, mal diseñado y con más fotos de inauguración que horarios al día. Y lo llaman “movilidad sostenible”. AyA monopoliza el agua… y falla en dar agua. La gente que vive en Hatillo y Cartago lo pueden confirmar.
El CNP es una piñata estatal. Su única función es encarecer la comida entre el productor y el consumidor. Compra caro, vende más caro, y vive de contratos obligatorios que estrangulan a escuelas y comedores. Pero cuidado con tocarlo: los defensores del agro estatizado lo tratan como si fuera patrimonio nacional. ICE… ay, el ICE. Cobra como empresa privada pero opera como monopolio. Habla de digitalización, pero sus oficinas parecen de 1983. Y nadie lo fiscaliza porque “es del pueblo”.
La Junta de Protección Social es una ironía. Que el Estado financie programas sociales fomentando la ludopatía es una vergüenza. ¿Moral estatal? Apuesten, pero solo si el gobierno administra la lotería. Así lavamos la culpa con “beneficencia”. Y el IMAS… vive de administrar la pobreza. Es el altar del asistencialismo eterno, donde la pobreza no es una condición que se supera, sino una excusa para seguir gastando.
Pero ellos son solo la punta del iceberg. Porque detrás de cada ministerio hay un “centro”, una “unidad”, una “comisión técnica”, un “observatorio”, una “secretaría”, una “plataforma de coordinación intersectorial para el empoderamiento de la resiliencia colectiva”. Frases largas, resultados cortos.
¿Quieren más ejemplos? Ahí están el Consejo de la Persona Joven, el Consejo Nacional de Lectura, el Consejo de Cultura Cantonal, el Consejo Nacional de Innovación y Talento Humano Avanzado, el Consejo Nacional de la Persona Migrante y hasta el Consejo Asesor de Diversidad Sexual. El INCOOP para fomentar amigos con plata pública. El CPAC, el Centro de Danza, la Casa del Artista, la Revista Cultural Nacional, la Dirección de Bandas, la Unidad de Comunicación Inclusiva, la Unidad de Sensibilización Institucional.
Los observatorios: de medios, de género, de desigualdad, de derechos humanos, de desarrollo humano, de inclusión… Las comisiones: de valores patrios, de bioética, de riesgo climático, de diálogo interreligioso, de igualdad de oportunidades. Y en el corazón de la burocracia están los entes zombis: RACSA, CONAVI, RECOPE, FONAFIFO, MICITT, CONICIT, CeNAT, ONF, CTP, SUTEL, ARESEP… Todos en pie, todos duplicados, todos impunes.
En educación, hay más oficinas que soluciones: Dirección de Vida Estudiantil, Unidad de Evaluación Docente, Unidad de Calidad, Centro de Innovación Educativa, Plataforma de Igualdad de Género, Programa Nacional de Cultura de Paz, Mesa de Inclusión Infantil, Centro de Capacitación en Cultura de Paz… pero ni una mejora en pruebas PISA. Y en universidades: Unidad de Buenas Prácticas, Observatorio de Medios, CIPDH, Oficinas de Género, Red de Observatorios Regionales.
Costa Rica no tiene un Estado. Tiene un aparato que si te atrevés a cuestionar, te acusan de “enemigo del Estado social de derecho”. Como si pedir eficiencia fuera fascismo y señalar privilegios fuera traición. Pero lo que realmente traiciona la democracia es este monstruo que se alimenta de impuestos y se reproduce en oficinas, mientras el país se desangra en calles rotas, hospitales colapsados, aulas vacías, desempleo crónico, migración desbordada y jóvenes condenados a sobrevivir, no a soñar.
Auditar, recortar y eliminar no es “neo”- liberalismo, es sentido común. Hay que cerrar lo inútil, fusionar lo duplicado y financiar solo lo que sirva. Sin resultados, no hay derecho a presupuesto. Las instituciones deben rendir cuentas todos los años o desaparecer. El Estado debe volver a ser un medio, no un fin en sí mismo. Porque gobernar no es repartir puestos: es resolver problemas.
Y como dijo Murray Rothbard: “El Estado es una banda de ladrones a gran escala”. Y en Costa Rica, tienen oficina, carro asignado, pluses y vacaciones pagadas.
