El debate sobre el abuso infantil suele enfocarse en proteger a las niñas, lo cual es justo, pero incompleto: cuando los niños quedan invisibles, la sociedad y las instituciones fallan por igual.
Hablar de abusos contra personas menores de edad es incómodo, pero callarlo es mucho peor y lamentablemente en Costa Rica lo hemos hecho desde un ángulo que parece indiscutible: proteger a las niñas de la violencia sexual, pero cuando ese encuadre se convierte en único, dejamos fuera a miles de niños que también son víctimas y si solo vemos la mitad de la realidad, el sistema de protección se vuelve inútil.
La indignación se hizo más palpable tras la noticia de un estudiante abusado sexualmente por compañeros dentro de su colegio. Un hecho espeluznante que rompe con la idea de que la violencia contra menores siempre ocurre en la calle o en la familia. Sucede también en espacios que deberían ser seguros. Este caso, sumado a reportajes sobre abusos en zonas turísticas donde la impunidad campea, confirma lo que ya sabemos: no bastan los discursos ni las campañas. El abuso infantil es una herida abierta, y los niños varones están siendo invisibilizados.
El problema no se resuelve con más leyes, más trámites ni más ministerios. Se resuelve cuando la justicia cumple con lo esencial —investigar y sancionar— y cuando las comunidades, familias y centros educativos asumen un rol activo en la protección. El exceso de Estado ha generado un aparato lento, caro e ineficaz. El desafío es devolverle protagonismo a la sociedad y exigir que el Estado cumpla lo que nunca debió abandonar: garantizar justicia pronta y castigo efectivo al agresor.
Los datos internacionales son contundentes, UNICEF y OPS confirman que las niñas reportan tasas más altas de contacto sexual, pero los niños también figuran en cientos de millones de casos a escala global, sobre todo en abusos no contacto y acoso digital. El subregistro masculino es inmenso, no porque suceda menos, sino porque los varones callan más: estigma, vergüenza, temor a no ser creídos y mientras tanto, la maquinaria estatal se escuda en estadísticas parciales para justificar su inacción.
El caso escolar ilustra la otra cara del problema: no es cuestión de falta de normas ni de manuales, sino de instituciones que no funcionan. El MEP tiene protocolos, la Fiscalía tiene competencias, y sin embargo los hechos ocurrieron y la víctima quedó expuesta. Aquí se desnuda el verdadero mal: un aparato que multiplica formularios, pero no responde cuando más se le necesita.
Algunos sostienen que abrir el foco diluye la protección a mujeres y niñas, víctimas históricas de desigualdad. Nadie discute esa deuda, pero la verdadera justicia no es parcial. Un enfoque centrado en toda la niñez no resta recursos: los hace más efectivos. Proteger a las niñas no debe significar invisibilizar a los niños, si queremos políticas serias, necesitamos datos completos, instituciones que castiguen al culpable y comunidades que actúen antes de que el Estado llegue tarde.
¿Qué hacer entonces? La ruta no pasa por engordar ministerios, sino por tres cambios concretos:
- Primero, lenguaje claro: dejar de hablar de infancia solo en clave femenina. Nombrar a los niños importa, porque lo que no se nombra no existe.
- Segundo, justicia efectiva: menos campañas, más juicios concluidos. Si el 85% de los casos se pierde en impunidad, el mensaje a los agresores es que el delito sale gratis.
- Tercero, corresponsabilidad social: escuelas, padres, comunidades y medios deben ser el primer radar, porque esperar a que la burocracia lo resuelva todo es, literalmente, condenar a los menores al silencio.
En las zonas turísticas, donde los abusos proliferan, la solución tampoco está en crear nuevas oficinas, sino en reglas claras, transparencia y control ciudadano. En los colegios, la respuesta no es más papeleo, sino adultos responsables que actúen sin miedo a la tramitología y en el sistema judicial, la urgencia no es más presupuesto, sino procesos más simples y resultados medibles.
Lo que está en juego no es un debate académico, es la credibilidad de una sociedad que se dice libre. Cuando solo se nombra a las niñas, el mensaje a los varones es devastador: “si sos niño y te pasó, mejor callá”. Ese silencio es otra forma de violencia y mientras callamos, los agresores gozan de impunidad.
Costa Rica no puede seguir viendo la mitad del cuadro. La salida no es un Estado más grande, sino un Estado limitado y fuerte en lo esencial: justicia pronta y cumplida y seguridad, al mismo tiempo, una sociedad civil empoderada, capaz de vigilar, denunciar y educar sin esperar permiso de la burocracia.
Porque cuando un niño calla y nadie lo escucha, no solo pierde él: perdemos todos la posibilidad de una República donde la dignidad humana esté por encima de cualquier discurso vacío.