La justicia social desde sus varias acepciones hace referencia a las luchas sociales y reivindicativas para combatir la desigualdad y exclusión, junto al reconocimiento de los Derechos Humanos de todas y todos en pro de una sociedad más equitativa. Sin embargo, la misma ha estado ausente desde los anales de la historia, más allá de la filosofía griega y su República y el análisis hecho por Sócrates y Platón, girando en torno a la conformación de la Humanidad en sus relaciones histórico-sociales y el choque entre éstas, ante lo que podríamos considerar como justo o injusto, dentro una ciudad o estado.
Por ello, es de suma importancia tenerla presente y en constante ejercicio, frente a ésta nueva coyuntura de cambio, desarrollo e instauración de políticas públicas más integrales e inclusivas en Costa Rica; donde el Estado, sea consciente de que no basta solo con pedir perdón, por la injusticias cometidas en materia de violación a los Derechos Humanos de determinados colectivos, quienes han sido a priori, no solo perseguidos e invisibilizados, sino también condenados, por el mismo aparato de poder y control social que debe impartir justicia.
Ahora es el momento preciso de que el Estado, reconozca y rectifique el hecho de que a las mujeres en éste país, se les ha quedado en deuda en cuanto a la implementación de la justicia social, ante la violación e irrespeto a sus derechos y garantías, como Seres Humanos iguales ante la ley, frente a la naturalización de la violencia machista en todas sus manifestaciones.
Debido a que dentro y fuera de nuestros hogares, la violencia reina en lo que consideramos como un ambiente nocivo, propiciado y deliberadamente negligente por parte del Estado, exponiéndonos como ciudadanas de segunda clase, supeditadas a un rol que en todo caso sería, el de ser víctimas de una serie de transgresiones a nuestra integridad personal, como si no fuéramos parte de ésta Sociedad, cuando podemos ser tan productivas e independientes como nuestros pares, si los medios donde nos desarrollamos, fueran espacios libres de violencia.
Porque llama la atención que aunque no representemos a una minoría, como colectivo social femenino, seguimos siendo atacadas como si formáramos parte de una y peor aún, desde un aparato político-social netamente represor y patriarcal, amparado en un discurso machista y generacional que cada tiempo se reinventa.
Así mismo, nos han hecho creer que nuestros derechos dependen del criterio de los otros, que al ser tan diferentes a nosotras, pueden solo intuir a grandes rasgos, aquello a lo que estaríamos expuestas cada día, solo por el hecho de ser mujeres y por ende, nosotras mismas.
Por tanto, debemos alzar la voz, como contraparte de una sociedad y nación que se jacta de ser respetuosa de los Derechos Humanos de todas y todos sus ciudadanos; pero que en realidad, ha sido permisiva en cuanto a la violencia ejercida hacia nosotras, no solo desde el discurso, sino también en la práctica, reconociendo a poblaciones minoritarias el hecho de que han sido marginadas, lucha que se aplaude, es bien vista y merecida. Sin embargo a nosotras, se nos siguen violentando nuestros derechos cada vez más, a vista y paciencia de las autoridades competentes y en ausencia de la tan ansiada justicia social.
Entonces ni una más debe guardar silencio, ni una más debe permitir ser maltratada e invisibilizada o violentada bajo ninguna circunstancia y menos, por miedo a ser socialmente estigmatizada o re-victimizada. No podemos aceptarlo más, no debemos callar, debido a que todas contamos con los mismos derechos y garantías, dentro de éste Estado Social de Derecho, aunque debamos enfrentarnos y luchar cada día por ello. Ya que el poder del agresor está en el silencio de sus víctimas y si el agresor es el Estado, también éste debe ser denunciado…
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