Lo que ocurrió con la nueva norma técnica sobre el aborto no es un trámite burocrático más. Es una decisión que toca el valor más esencial para quienes creemos en la dignidad de toda vida humana: la protección del niño por nacer y de la madre. Y en medio de esa decisión, la figura de Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, termina retratando a un gobierno que se mueve entre cálculos electorales, silencios incómodos y una preocupante falta de liderazgo político.
La historia viene de atrás. Desde antes de esta administración, distintos sectores pro – vida cuestionamos la nefasta norma del 2019 por darle la espalda a la persona en gestación. Rodrigo Chaves llegó al poder prometiendo cambiarla, sin embargo, pasaron más de tres años sin tocar una coma. Durante ese tiempo, Munive no solo fue en contra de esa promesa, sino que se atrevió a defender la norma públicamente, incluso ante la Sala Constitucional, argumentando su legalidad y pertinencia.
Todo da un giro cuando el gobierno “entra de lleno en modo campaña”. El 15 de octubre de 2025, el presidente le enmienda la plana a la ministra Munive, a quien antes había respaldado públicamente en ese tema, y deroga la norma del 2019 para publicar una nueva versión, buscando cumplir una promesa hecha a sectores conservadores.
Contrario a lo acostumbrado en estos procesos administrativos, la firma que acompañó a la del Presidente no fue la de Munive, sino que apareció la de la viceministra Mariela Marín, actuando como ministra interina ante la ausencia de Munive que estaba de “vacaciones”.
En un tema que toca convicciones profundas de una gran parte de los costarricenses, la ministra responsable, simplemente, no estuvo ni para firmar ni para explicar.
Ahí es donde empieza el verdadero problema político: Munive, ministra y vicepresidenta de la República, terminó quedando mal con todos porque nunca asumió una posición clara: Se fue de vacaciones defendiendo la norma de 2019, volvió diciendo que no ha cambiado de criterio, y aun así no se atreve a decir con firmeza si respalda la norma más restrictiva que hoy está vigente.
Su explicación pública ha sido casi un desmarque en contra la vida del no nacido: afirmó que durante sus vacaciones pasaron ciertas cosas. Esa frase, en boca de la máxima autoridad sanitaria, suena a renunciar al liderazgo. En lugar de tomar la decisión, explicarla y sostenerla, la jerarca se presenta como una espectadora de lo que ocurrió en su propio ministerio, en su puesto. Para un tema que toca la conciencia de miles de personas creyentes y de profesionales de salud, ese desentendimiento no es aceptable.
La lectura política es evidente. El gobierno colocó un tema en el centro de la campaña para polarizar, intentar ordenar fuerzas y mandar mensajes cruzados tanto a sectores conservadores como a sectores progresistas, pero a ambos les quedó debiendo.
El resultado es pobre para todos. A los sectores pro vida se les ofreció cerrar portillos, pero se les entregó un gesto a medias, sin una defensa firme, ni un liderazgo que explique con claridad que el Estado opta por proteger la vida, en resumen, lució más como una pose política. A los sectores que defienden la norma anterior se les envió una señal de retroceso.
El gobierno no construyó confianza con nadie: terminó sin convencer plenamente ni a quienes defendemos la vida ni a quienes pedían mantener la regulación previa.
No es digno de una ministra de Salud jugar a dos bandos. No se puede presentar como defensora de una norma que está dentro del espectro abortista, la del 2019, que no defiende las dos vidas y después hacerse a un lado cuando el presidente la cambia, sin dar explicaciones de si apoya o no el texto que hoy rige.
Para rematar, cuando la Asamblea Legislativa la convoca a rendir cuentas, envía sola a la viceministra; eso no es liderazgo ni responsabilidad, es oportunismo envuelto en silencio y cálculo político – electoral.
La buena política, también desde una visión conservadora, exige asumir la llamada ética de la responsabilidad: hacerse cargo de las consecuencias previsibles de lo que se decide, hablar con verdad al país y sostener la palabra dada, aquí ocurrió todo lo contrario. El gobierno escogió un camino en un tema moralmente delicado, lo hizo sin construir un sustento técnico y ético de cara al público, provocó una tormenta política que cualquiera habría anticipado y, cuando llegaron las preguntas, la jerarca se hizo a un lado. La responsabilidad exige dar la cara; en este caso predominó la huida.
Costa Rica no necesita maniobras de quince minutos para quedar bien con un sector y después desentenderse. Necesita gobernantes que hablen con claridad, apoyados en evidencia, doctrina y responsabilidad. Hoy no tenemos ninguna de esas tres cosas, y mientras la ministra Munive siga sin afirmar de manera directa si respalda o no la nueva norma, quedará como símbolo de algo que ni los conservadores ni el resto del país pueden aceptar porque luce más como un intento de comprar votos a cambio de una decisión: un gobierno que usa la vida como bandera, pero no se atreve a sostenerla con la frente en alto.
