El pueblo que es soberano espera de la Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, una digna y cumplida representación por el impulso y aprobación de buenas leyes, así como de acertadas reformas que procuren su desarrollo integral y sostenible. Ello en el marco de un Estado -de verdad eficiente y eficaz- conforme lo reclama el Siglo XXI y fuera previsto en el párrafo primero del artículo 50 constitucional.
Con legislaturas anuales que abarcan sesiones ordinarias y extraordinarias del 1 de mayo al 30 de abril siguiente, inicia cada periodo en el que la Asamblea debe elegir al Directorio el 1 de mayo, según lo manda el artículo 115 de la Constitución Política y el 11 de su reglamento. Ese órgano está compuesto por una Presidencia y Vicepresidencia, dos Secretarías y dos Prosecretarías, en ambos casos Primera y Segunda.
Le corresponde al primer cargo: presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones, nombrar comisiones, integrarlas y asignarles proyectos, dirigir el debate, conceder la palabra y llamar al orden a las diputaciones, regular y recibir votaciones, firmar las actas y leyes junto a las Secretarías, arbitrar con equidad el control político individual, nombrar funcionarios y “gerenciar” el aparato administrativo, incluidos servicios internos y los tercerizados.
Por tan amplios recursos de influencia es codiciada la Presidencia del Legislativo, que deseablemente habría de recaer sobre un comprobado liderazgo, apto para construir e impulsar una agenda patriótica y potable de pocos, pero sustantivos proyectos, por su eventual impacto sobre la calidad de vida de la gente y el funcionamiento estatal.
Ahora, los desconectados partidos del pueblo y sus necesidades apremiantes, han provocado casos de déficit de representación política por pobre desempeño, falta de idoneidad o de probidad del representante, algunas veces más motivado por inconfesables intereses que por el servicio público esperado de su mandante, que es el soberano que creyó y le votó de buena fe.
Así, cualquier legislatura y en particular esta última habría de apostar sensata y responsablemente por una gestión vigorosa, coherente y capaz de resolver fallas de origen acumuladas en ámbitos cruciales de la sociedad costarricense, en los que sobran los diagnósticos, pero falta la oportuna legislación sustantiva como medida remedial.
A modo de ejemplo, el CIEP en su encuesta del mes pasado encontró en las 1001 entrevistas realizadas, que la heterogénea ciudadanía consultada -y hastiada en un 87% de los partidos- señaló como principales problemas públicos los nada nuevos de: inseguridad, delincuencia, corrupción y alto costo de la vida; también los encuestados volvieron a calificar como pésima la labor del Legislativo asignándole 4.5 en una escala de 0 a 10.
Esas reiteradas circunstancias deberían prevalecer sobre el entusiasmo y táctica por asegurar los 29 votos del “puestico” presidencial, y enfocarse en comunicar a la sociedad las convincentes razones del interés por ese cargo, logros obtenidos como diputación, y la probable agenda que impulsarán con justificación de los proyectos de calidad.
Acaso no son políticas públicas sustanciales lo que el pueblo requiere de sus gobernantes, particularmente de un mal valorado Legislativo, visiblemente permeado por la vanidad de alcanzar y transar cargos, que en construir una agenda acotada y robusta como objetivo sano de cualquier liderazgo parlamentario que se precie de serlo, y que comenzaría con propuestas viables de solución a aquellos asuntos relevantes identificados por el pueblo, y otros como los siguientes:
- Fortalecimiento de las alianzas público-privadas.
- Modulación laboral para estimular más inversión extranjera como fuente de empleo.
- Examen de las exoneraciones para actualizar en algo el marco tributario.
- Regulación precisa del trabajo penitenciario.
- Creación de un canon justo a cargo de los eternos operadores del espectro radioeléctrico.
Le vendría bien al desmejorado cuerpo asambleísta un baño de gobernabilidad, tomado de un acuerdo posible sobre esos “mínimos” sustantivos. Igualmente, sería saludable para la opinión pública que los medios de comunicación indaguen, más que el estado de la negociación de las diputaciones para conseguir votos y apoyos, sus resultados en los últimos tres años, la razón auténtica de su postulación y la lista de los proyectos de impacto que impulsará, incluso si no consiguieran la presidencia u otro cargo directivo.
El buen hacer en lo público y la honesta rendición de cuentas son la mejor reputación e imagen que puede lograrse; lo demás, seguirá siendo “bla bla bla” y obstáculos electoreros disfrazados de control para justificar una improductiva arena, mientras el país muy cansado espera políticas públicas de fondo.