Debido a la dependencia que tenemos de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR) y a la crisis fiscal alarmante que enfrenta el país, así como a la enorme e impagable deuda externa, es oportuno y conveniente hacer algunas reflexiones objetivas y desapasionadas al respecto. A lo largo de la historia humana es evidente que numerosos países han superado grandes depresiones económicas, lo hicieron sin parches temporales y sin subir impuestos a los ciudadanos, aprovechando sus recursos minerales.
Claros ejemplo: Noruega ha constituido un fondo de inversiones con los ingresos del petróleo y la minería, cualquier niño tiene ya asegurada una jubilación digna cuando termine su vida económicamente activa. Además, ese país tiene uno de los niveles de desempeño ambiental más altos del mundo y es el número uno en índices mundiales de Desarrollo Humano.
En América Latina, Chile mantuvo por varios años un ingreso por la explotación del cobre equivalente al 70 % del valor de sus exportaciones, lo que le permitió diversificar exitosamente su aparato productivo y Antofagasta es la región minera con los salarios más altos del país. Por su parte, Perú ha mejorado considerablemente su infraestructura rural a base de la novedosa iniciativa de cambiar impuestos mineros por obras públicas y, junto con Bolivia, han fomentado la democracia económica a través del fortalecimiento del sector cooperativo minero de oro y estaño. En Colombia las exportaciones de productos minero- energéticos, principalmente oro, níquel, cobre, carbón, cemento y petróleo, han correspondido al 67 % de valor total de sus exportaciones en la última década, y sus respectivos ingresos han permitido la ejecución de importantes proyectos sociales, la consecución de la paz y el avance en la construcción de carreteras de cuarta generación.
Afortunadamente, y de forma paralela, internacionalmente se ha establecido una abundante normativa para las buenas prácticas en la IE, que permiten un desarrollo sostenible de la misma. Entre otros, la Iniciativa de la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es registrar con precisión y de forma abierta y transparente los resultados operativos financieros de las empresas extractivas, el pago de sus impuestos y el uso de los mismos por parte de los gobiernos.
En Costa Rica, en plena emergencia económica, se han promulgado, y se encuentran vigentes, una moratoria que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y otra para la exploración y explotación del petróleo y gas natural, esto disparó la pérdida de credibilidad y la inseguridad jurídica del país. Han puesto en bandeja de oro nuestros recursos mineros para ser aprovechados ilegalmente por los 145 mil oreros de Nicaragua. Los mismo ya están avanzando a otras zonas mucho mas al sur de la frontera y lejos de Crucitas.
En el caso concreto del proyecto minero Crucitas por ejemplo, cuyas reservas se aproximan a 1.2 millones de onzas de oro y tienen un valor comercial actual agregado del orden de los US$1.800 millones. El 70 % de la inversión se hubiera quedado en el país. Sin embargo, los dogmas e ideologías anti-mineras prevalecieron y la empresa desistió del proyecto a pesar de que la Sala IV, tribunal del más alto rango en el sistema judicial costarricense, ratificó la constitucionalidad y la legalidad del proyecto, mediante resolución No. 2010-006922 del 16 de abril de 2010.
Los opositores oportunistas dejaron desempleados a 260 personas de la zona, que actualmente carece de fuentes de empleo, y el área del proyecto fue invadido por miles de mineros ilegales que continúan ocasionando serios impactos ambientales, y que no contemplan medidas de seguridad, no pagan los impuestos correspondientes, y crean un caos social y ambiental muy preocupante y sin final a la vista.
¿Qué hacer entonces? Hay varios cursos de acción posibles u opciones para desarrollar de forma sostenible dicho proyecto y la actividad minera. El Colegio de Geólogos tiene varias opciones que no han sido evaluadas por el gobierno, y de no hacerlo, el ciudadano tendrá que cargar injustamente con las consecuencias económicas que resultan por la imposición de dogmas anti-desarrollo.
Entonces, ¿es viable Crucitas y la minería? Claro que sí es viable y conveniente para el país, al igual que la exploración y desarrollo de forma racional, transparente y sostenible de todos los recursos del territorio nacional, regidos por el Código de Minería y la Ley de Hidrocarburos vigentes, con el complemento de la normativa internacional citada. No hay que olvidar que el marco jurídico minero en su artículo 6 declara de utilidad pública toda la actividad minera y el artículo 2 de la ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones No. 7152, obliga al ministerio a fomentar el desarrollo de los recursos naturales energéticos y mineros.
Apegarse a la ley sin duda, ayudaría a contener el deterioro de las finanzas públicas, caracterizado por un alarmante déficit fiscal y una descomunal deuda externa del país, la cual ronda los US$30 mil millones; es decir una deuda per cápita de las más altas de América Latina.
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