Es una perogrullada insistir en que no es cierto que desde la Asamblea Legislativa se esté responsabilizando a los funcionarios públicos del déficit fiscal. Sin embargo, una vez más resulta importante reiterar el asunto, dado que algunos líderes sindicales y algunos diputados, utilizan este falso argumento para vender la tesis de que los proyectos relacionados con pluses salariales constituyen un ataque a los trabajadores, cargando sobre sus hombros un problema del cual no son responsables.
En relación con el déficit fiscal es fácil demostrar con hechos y con números, cual es el pensamiento que orienta, al menos el Expediente 19.506 presentado por quien escribe.
Contención del Gasto, Evasión Fiscal y Reforma Tributaria
En primer lugar, debe quedar claro que ninguna de estas medidas por si sola puede obrar el milagro, pero de todas ellas la que menos incidencia tiene en la solución de corto plazo es la relacionada con el empleo público, por cuanto del 6% de déficit (sin contar la amortización de deuda), las correcciones en materia de pensiones y de pluses si acaso alcanzarán una disminución del 1%. El problema es que de no tomar a tiempo las medidas necesarias, el crecimiento automático de los pluses, hará que al cabo de 5 años (esto dicho por especialistas en la materia), será necesario otro incremento de los impuestos. Nótese que en el presupuesto del 2017 la partida de remuneraciones aumentó en alrededor de un 4% aun cuando este año no hubo incrementos salariales.
Pero además para quienes nos tildan de neoliberales (¿?), interesados en debilitar el sector público, y cargar de culpas a los funcionarios, debo recordarles que durante la Administración Chinchilla Miranda se presentó una reforma tributaria totalmente progresiva mediante la cual, según un estudio de la Universidad de Costa Rica, se cargaba el 80% de los impuestos en el 20% más adinerado de la población. Durante alrededor de dos años se hicieron consultas a los diferentes sectores tanto públicos como privados, incluyendo a los sindicatos y finalmente se presentó a la Asamblea Legislativa en donde encontró la férrea oposición de un importante sector del PAC y del Frente Amplio. Lamentablemente cuando al final se consiguieron los votos necesarios para su aprobación, la Sala Constitucional consideró que se habían cometido errores de procedimiento y la reforma se vino abajo. Hoy nos encontramos en la misma situación, solo que más deteriorada por el crecimiento de la deuda.
Finalmente es importante rescatar que tanto durante la Administración pasada como en la presente se han hecho importantes esfuerzos en materia de recaudación fiscal, control de morosidad y evasión de impuestos y se han aprobado ya algunas leyes que ponen el acento en el tema de la evasión, la cual de acuerdo con el Ministerio de Hacienda ascendió a un 8.2% del PIB en 2015.
En conclusión, utilizar el argumento de que estamos cargando la culpa del déficit a los funcionarios públicos, no es más que una artimaña de líderes sindicales que pretenden con ello confundir a la población
Pero en un afán por detener las reformas, se utilizan otros argumentos igualmente falaces. Se dice que se establece el salario único cuando en ninguna parte del proyecto se menciona siquiera el termino, se dice que se eliminan los pluses salariales cuando en realidad solamente se reforman seis de alrededor de 160 que existen actualmente, se dice que se lesionan las convenciones colectivas cuando se han tomado en cuenta los criterios de la Organización Internacional de Trabajo y de la Sala II encargada de los asuntos laborales, se dice que se trata de una ocurrencia cuando los análisis que dieron pie a la primera versión del proyecto 19.506 fueron hechos entre el 2011 y 2012 por los Ministerios de Planificación, Hacienda y Trabajo, se dice que el asunto no ha sido discutido con los sindicatos cuando las actas del Consejo Nacional de Salarios señalan que muchas veces se discutió el tema, se dice que se lesionan los derechos laborales cuando claramente se establece lo contrario.
En fin…. afortunadamente la democracia costarricense, sí permite que discutamos racionalmente cada uno de los proyectos que se presentan en la Asamblea Legislativa y eso es lo que haremos una vez que el proyecto 19.506 o cualquier otro de naturaleza similar llegue a la Comisión respectiva, pero queda claro que estos argumentos han sido esbozados en un afán por descalificar lo que a todas luces es una urgente necesidad si no queremos terminar en las mismas condiciones de países que han tenido que recurrir a despidos masivos como Grecia o a la eliminación de derechos laborales como el aguinaldo en Bolivia, ambos países liderados por gobiernos que por cierto, no podrían ser calificados de neoliberales.