De acuerdo con la nota periodística de “El Mundo.CR”, elaborada por Kimberly Herrera Salazar, de fecha 10 de marzo del año en curso, el presidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo, señaló, en el marco del Seminario Regional de Parlamentarios de América Latina y del Caribe, que “el sector religioso promueve desde el Poder Legislativo la discriminación y la exclusión de las personas LGTBI, lo que ha impedido que los proyectos de ley que han sido presentados a la Asamblea Legislativa y que les favorecen, están paralizados”. De igual forma, señala el activista, que “…El fundamentalismo religioso, un espantoso cáncer social, ha logrado dominar nuestra Asamblea Legislativa, valiéndose de un lacso reglamento de operación que permite paralizar los proyectos de ley que pueden favorecer nuestros derechos”.
En relación con estas afirmaciones, quisiera referirme a los siguientes aspectos:
Existe una gran diferencia entre el fundamentalismo de cualquier tipo, incluidos el ideológico, el político y el religioso, y el formidable aporte de los valores religiosos -principalmente cristianos- que han formado parte de la construcción ética, social, política y cultural de la identidad costarricense.
En efecto, la incidencia de la ética cristiana y de su acción social han estado presentes a lo largo de la historia de nuestro país, contribuyendo significativamente en campos como el derecho laboral, el desarrollo cultural, la medicina, la educación, el cuidado de la niñez, la mujer desamparada, las personas mayores, las que poseen alguna discapacidad y los que se encuentran en estado de indigencia. No reconocer este invaluable aporte puede evidenciar no solo ignorancia, sino peor aún, mezquindad.
Cuando los diputados cristianos nos oponemos a proyectos de ley que procuran legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, no estamos cometiendo ninguna discriminación, sino actuando en resguardo del matrimonio y la familia natural, así como en defensa del principio del interés superior del niño.
Ya en su oportunidad, la propia Sala Constitucional fue exhaustiva en señalar que no hay discriminación alguna cuando existe un trato desigual ante realidades disímiles, como es el caso de las convivencias entre personas del mismo sexo respecto de las uniones heterogéneas.
No existe, por tanto, ningún quebranto a los principios de igualdad y justicia muchas veces argumentados por los colectivos LGTBI. Tanto la Procuraduría General de la República como la Sala Constitucional indicaron que la figura del matrimonio en Costa Rica está referida a la unión monogámica y heterosexual, y que el impedimento al matrimonio homosexual no se opone a ninguna disposición constitucional.
De igual forma, cuando se señala que los diputados cristianos estamos impidiendo la aprobación de un derecho humano, es necesario enfatizar que nadie mejor que los cristianos para comprender la necesidad de proteger y promover los derechos humanos.
Es por esta misma razón que defendemos la vida y la dignidad humana desde la concepción-fecundación hasta la muerte natural. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista jurídico, no existe en la normativa internacional, aprobado en una Declaración Universal, en una Convención o Tratado Internacional, un reconocimiento a la identidad de género o a la orientación sexual como un derecho humano universal.
Con lo que sí estamos plenamente comprometidos los diputados cristianos es con el fortalecimiento de la familia y el matrimonio, por su fundamental papel en el desarrollo de la sociedad y el bienestar integral de los miembros que componen las familias.
De acuerdo con el profesor Christopher Wolfe, director de política de la Universidad de Dallas, el fundamento de la familia natural es antropológicamente una realidad en la que un hombre y una mujer se unen para trascender.
Es, desde esta perspectiva, una necesidad antropológica una unión basada en la dualidad, la diferenciación y la complementariedad. La familia natural es también una realidad posibilitada biológicamente con la necesaria presencia del aporte masculino y el aporte femenino para la procreación.
Y, finalmente, la familia natural está fundamentada sociológicamente a partir de la relevancia que tiene la maternidad y la paternidad en el desarrollo integral y el bienestar de los hijos, así como para el bien común de la sociedad.
Sin embargo, las convivencias entre personas del mismo sexo son realidad que deben ser reguladas en sus efectos personales y patrimoniales, tal y como lo ha dicho la propia Sala Constitucional.
Por eso, estamos convencidos de que, como ya se ha hecho, se pueden establecer algunas reformas a reglamentos y a leyes en esta dirección, sin que sea necesario crear una figura especial para las convivencias del mismo sexo.
Aún así, si se conformara una figura jurídica que regule los efectos patrimoniales y personales, esta no podría, por las razones apuntadas anteriormente, ser equiparada a la del matrimonio o a la de la unión civil heterosexual.
Por otro lado, en la nota periodística, se señala que el activista del Movimiento Diversidad manifestó que el proceder de los legisladores cristianos “…es una imposición arbitraria, antidemocrática y excluyente, por lo que los líderes religiosos, no deben obligar al resto de la población a vivir como a ellos les parezca”.
Vale la pena mencionar a este respecto que los diputados cristianos lo que hacemos es defender y promover los valores que son abrazados por la gran mayoría de los costarricenses, según queda categóricamente demostrado en los datos de la última Encuesta Nacional elaborada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada por el Semanario Universidad, en el pasado mes de enero, donde se destaca que la religión es muy importante para la gran mayoría de los costarricenses (70.3%), así como que se declaran contrarios a las uniones homosexuales (59%), al aborto en casos de violencia sexual (60%), a la legalización de la marihuana con fines recreativos (80%), y a favor del Estado Confesional (60%), entre otros.
Observando este panorama, no hay duda de que es más bien el colectivo LGTBI el que quiere imponer su agenda en una sociedad en la que, respetando las diferencias existentes, ha fundamentado su construcción ética y social en los principios y valores cristianos universales. Por lo tanto, la religión está muy lejos de ser el “cáncer” de la sociedad; al contrario, es la que le garantiza mantenerse en un excelente y maravilloso estado de salud.