El reconocimiento internacional que tiene Costa Rica por ser de los países con la gente más feliz parece opacar el sufrimiento que viven día con día los pacientes con enfermedades terminales en hogares y centros hospitalarios, que de paso vienen en aumento.
La prosperidad en términos de esperanza de vida y mortalidad infantil, así como el descenso en los nacimientos que ha tenido nuestro país, aunado a los avances científicos y tecnológicos, han hecho que tengamos una población que envejece cada vez más rápido y que requiere servicios de atención en salud de calidad.
Nuestro sistema de salud que solía estar acostumbrado a pacientes de poca edad y enfermedades agudas, ahora debe enfocarse con más fuerza hacia una atención enfocada a las enfermedades crónicas y a pacientes geriátricos para poder asegurar una vida digna a cada uno de nosotros. Esta atención también debería asegurarnos una muerte sin sufrimiento a nosotros y nuestros familiares.
No obstante, el artículo 21 de la Constitución Política, así como el artículo 116 del Código Penal, prohíben aplicación de procedimientos en miras a una muerte verdadera, es decir, eutanasia para estas personas que están con algún padecimiento sin cura y con medicamentos o equipos que apenas hacen que su vida continúe.
En el caso del primero, indica que la vida humana es inviolable, sin embargo, es fundamental poner en discusión hasta qué punto sopesa más este derecho sobre el de tener una vida digna y al alivio ante el de mantener a esa persona con dolor. Por otro lado, el artículo 116 del Código Penal, que sanciona con cárcel a quien aplique algún homicidio por piedad, eventualmente estaría limitando a los profesionales en salud que estarían de acuerdo con participar del procedimiento solicitado por sus pacientes.
Más aún cuando el artículo 46 del Código Civil permite la negativa de los pacientes a recibir tratamiento o procedimientos médicos y los profesionales en salud hayan actuado respetando su derecho a la información tutelado en la Ley General de Salud, no hay forma oficial, legal y regulada en la que los pacientes puedan someterse al proceso de eutanasia pasiva.
Al pensar en mi muerte y en la de mis familiares, me gustaría que se respetara nuestro derecho de autodeterminación conforme a nuestros valores y convicciones, no obstante, esto implica un cambio en la visión conservadora de nuestro ordenamiento jurídico para al menos, tener el derecho a elegir sobre mi propia vida.
Con esto, no me refiero a imponer mi visión sobre el tema a todas las personas, sino simplemente tener el derecho a decidir con la información objetiva, sin reproches sociales y con el acompañamiento profesional adecuado.
Sorprende aún más que no se estén dando discusiones de este tema ni en colegios profesionales, centros universitarios o en la misma Asamblea Legislativa, donde solo existe un único proyecto de Ley (No. 19 440) que pretendía disminuir matizar las penas que establece el Código Penal y ya fue dictaminado como negativo y archivado, así como la ausencia de otros proyectos de ley relacionados con el tema.
Ante esto, y el reciente caso de la muerte de la española Maribel Tellaetxe luego de 12 años de padecer Alzheimer y la presentación de 180 mil firmas ante el Congreso Español para la despenalización de la eutanasia, hago el llamado a un debate responsable sobre este tema, con la participación proactiva de la ciudadanía, gobierno, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, profesionales en salud y actores sociales y políticos, en miras a tener, al menos, el derecho a decidir cómo y cuándo será mi defunción.
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