Costa Rica goza del privilegio de una sólida democracia centenaria. Y parte esencial de esa democracia es el libre fluir de ideas, incluso contrarias y antagónicas entre ellas, sin que ningún grupo pueda imponer o silenciar expresiones por el simple hecho de estar en desacuerdo.
Hoy, un grupo de 26 diputados propusimos una moción para retrasar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario porque creemos que no hemos tenido el espacio adecuado para argüir un tema que es de competencia de la Asamblea Legislativa. La agenda nacional ha complicado tener esta conversación con el espacio y la mesura adecuada.
En los 18 meses que la Sala Constitucional otorgó al Congreso para cambiar la legislación costarricense con el fin de legalizar el matrimonio igualitario, tanto el poder Ejecutivo como la fracción oficialista y diputados que la apoyaron impidieron la discusión plena de este tema: la Comisión de Derechos humanos era presidida por un diputado oficialista y en sesiones extraordinarias el matrimonio iguaitario nunca tuvo el espacio para ser discutido.
Hoy los representantes de ideales progresistas, personificados en políticos y líderes de colectivos, insisten que no hay cabida para debatir esta decisión; la posición fue aclarada por una instancia internacional, y avalada por nuestra Sala Constitucional que dictaminó que la Asamblea suficiente tiempo para argumentar el tema y aprobar legislación para el efecto.
Lo cierto es que no todo el país está de acuerdo con que se avale el matrimonio entre personas del mismo sexo. Rechazar esta imposición es nuestro derecho.
Y nosotros los 26 diputados que firmamos la moción representamos el sentir de esas personas que se oponen porque violenta un concepto netamente católico-cristiano: el matrimonio como la unión entre hombre y mujer para procrear una familia. Aclaro que esta posición NO MENOSCABA LOS DERECHOS CIVILES DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO si se nos permite crear la legislación para ese fin.
Como diputado de la República deploro recurrir a la violencia, en cualquiera de sus formas, para imponer un criterio sobre otro. Los insultos, los golpes y el irrespeto jamás servirán para dirimir desacuerdos en temas fundamentales para una sociedad. Jamás puedo condonar lo ocurrido hoy entre un diputado y un asesor.
Pero les recuerdo que en Costa Rica todavía hay libertad de disentir con las convenciones del momento y de defender férreamente posiciones en las que creemos.
No es de recibo que al grupo de 26 diputados se nos catalogue de oportunistas, obstruccionistas, retrógrados o simple y chabacanamente de “hijueputas” por reclamar el derecho a razonar un tema delicado, polarizante, y tan sensible para una parte importante de la población. Más si utilizamos los recursos legislativos a nuestro alcance para hacerlo.
Aprobar este tema sin previa discusión violenta el sentir de casi la mitad de los costarricenses. Y al igual que cualquier otro ciudadano, los que nos oponemos al matrimonio igualitario (énfasis en el concepto religioso que encierra la palabra matrimonio) tenemos derecho a manifestarnos, a ser escuchados y a que se respete nuestra libertad de disentir.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.