Cada diciembre llega el “coco” a tocar las puertas de tu billetera, a pesar de que hiciste lo correcto todo el año—manejaste con cuidado, no chocaste, pagaste a tiempo—y aun así el cobro sube. ¿Por qué al responsable lo tratan como culpable reincidente?
Hay una frase que uno no termina de entender y la repiten como un mantra: “Estado Social de Derecho”, suena tan noble ¿cierto?, pero en la práctica, la mayoría de las veces (por no decir siempre) significa: el que cumple paga más, el que incumple recibe excusas, y el engranaje burocrático se protege a sí mismo. El marchamo y, en particular, el SOA (Seguro Obligatorio Automotor), son un espejo nítido de esa contradicción. Se nos vende como “solidaridad”, pero termina operando como un impuesto encubierto que no distingue conductas ni incentivos, y que cada año aprieta un poco más.
Desgranemos un poco este asunto:
1) La “solidaridad” sin responsabilidad no es solidaridad, es castigo
Si todos pagamos lo mismo sin importar historial, exposición al riesgo o conducta vial, el mensaje es grosero: da igual hacerlo bien o mal. Eso erosiona la cultura cívica y la ética mínima de convivencia. ¿Cuál es el incentivo para cuidar el carro, respetar reglas, formarse como mejor conductor? Ninguno.
2) La trampa emocional del discurso
Nos dicen: “Hay muchos carros; el individualismo está desbordado; hay que pensar en el bien común”. Y al mismo tiempo aplauden subsidios selectivos para ciertos tipos de vehículos o sectores, o exenciones que benefician a pocos. ¿En qué quedamos? O se trata a todos con reglas claras, o se confiesa que el sistema está construido para premiar a los conectados y disciplinar al que solo quiere ir a trabajar, llevar a su hija a la escuela y volver a casa sin sobresaltos.
3) Costumbre de quejarse del efecto… y defender la causa
Cada año crece el malestar por el SOA y el marchamo, pero muchos de esos mismos que se quejan siguen defendiendo el paternalismo estatal que lo alimenta. Es la incoherencia perfecta: renegar del peso en el bolsillo, pero venerar la “sacrosanta institucionalidad” que lo impone sin transparencia ni resultados medibles.
4) El costo moral: anestesia del criterio
Una sociedad que deja de exigir que exista relación entre precio, riesgo y servicio termina perdiendo el músculo del pensamiento crítico. Si no pedimos datos abiertos, auditorías públicas y métricas por colón cobrado, toleramos que un ente etéreo—que no siente, no piensa y suele responder a intereses internos—decida por nosotros, bajo la etiqueta de “solidaridad”.
Un SOA justo (partiendo del esquema actual) empieza por reconocer la conducta: quien pasa años sin siniestros recibe descuentos automáticos y el reincidente debe pagar más, mucho más. La prima se calcula con riesgo real—uso, historial . . .—no a ciegas. El fondo para víctimas lo financian las multas de alto riesgo (alcohol, exceso grave, reincidencia), no el bolsillo del cumplidor. Y la gestión se abre a competencia o, al menos, a evaluación externa con metas y consecuencias. Eso no mata la solidaridad, la ordena: premia al responsable, corrige al que pone en riesgo a los demás y rinde cuentas de cada colón.
Dejemos de aplaudir “regalitos” y exijamos reglas que premien al responsable, rechacemos el chantaje que disfraza el castigo al que cumple bajo la etiqueta de “solidaridad” y defendamos la libertad de elegir y la libre competencia para que permita reducir costos y mejorar el servicio. El marchamo y el SOA no son un simple trámite: son el termómetro de cómo nos ve el Estado. Si seguimos abrazando el paternalismo, pagaremos más por lo mismo mientras la irresponsabilidad encuentra cobijo. No es gritar más fuerte: es exigir con firmeza responsabilidad, transparencia y libertad de elegir. Eso sí es solidaridad: respetar tu esfuerzo y no tratarte como culpable por adelantado.