El más reciente Informe del Estado de La Nación (IELN) es lapidario respecto al poco progreso que en los últimos años hemos hecho en la administración de lo ambiental. Las cifras no solo confirman el estancamiento y parálisis, sino un retroceso en la solución de importantes conflictos por el ambiente. Lo discursivo de un país verde se nos agota y no nos alcanza ante la falta de coherencia entre lo que decimos y hacemos. La protección de nuestro patrimonio natural nos reta y como sociedad enfrentamos una conflictividad creciente que se yuxtapone a otros problemas estructurales que se derivan de un estilo de vida insustentable. Ha comenzado a materializarse la insostenibilidad del modelo de desarrollo humano costarricense.
En la administración de lo marino-costero seguimos como el cangrejo para atrás. Aunque patrimonialmente tenemos 10 veces más superficie marina que terrestre, seguimos de espaldas al mar y conviviendo con la marginalidad, la pobreza y las brechas sociales de las poblaciones costeras. Durante décadas hemos visto cómo se deterioran los ecosistemas marino-costeros, víctimas de altas cargas de contaminantes. Nuestras playas se han convertido en cloacas de miles de toneladas de toda clase de basura, alterando la belleza escénica y las cadenas tróficas costeras encargadas de la producción de peces, crustáceos y moluscos. Cada vez es más frecuente escuchar sobre la aparición de mareas rojas, señal del ingreso descontrolado de toneladas de nutrientes que además de alterar la productividad primaria, causan pérdidas económicas millonarias debido al disparo de floraciones algales tóxicas. Como si fuera poco, es casi nulo el control que tenemos sobre la administración de pesca de altura. Los picudos (marlín y vela, entre otros) y atunes son extraídos por barcos extranjeros marginando, por rezago tecnológico, la participación de la flota palangrera nacional.
Contrario a los logros de la pasada administración, en materia de protección de tiburones, el actual gobierno ha cedido a Incopesca decisiones importantes sobre la exportación de especies amenazadas. Se han abierto portillos para permitir la exportación de aletas de tiburón, incluso se retiró la participación del Consejo de Autoridades Científicas Cites como ente calificado para el análisis de especies de casos como el del tiburón martillo, incluida en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Hay regresión, el Poder Ejecutivo dispuso que Incopesca y el MAG fueran las autoridades científica y administrativa de Cites para especies marinas de interés pesquero y acuícola.
Otra polémica que enfrenta al país, es el Proyecto de Ley 19.838 para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza. A pesar del fallo de la Sala Constitucional (Res. Nº 2013010540), en la que se declara inconstitucionales los artículos de la Ley General de Pesca sobre la extracción del camarón con redes de arrastre, se insiste en defender un marco de ley que permitiría este tipo de actividad. En bloque las universidades públicas, organizaciones no gubernamentales y representantes del sector pesquero artesanal, insisten que esta pesca es insostenible. Señalan que la ley responde a intereses promovidos por empresarios que tienen vos y voto dentro de Incopesca y que existe un obvio conflicto de intereses que dificulta la implementación de sanciones a la industria. Al otro lado de la acera, Incopesca asegura que el proyecto introduce mejoras regulatorias que harían de la pesca de camarón, con redes de arrastre, una práctica sostenible. Mientras el debate sigue, el Gobierno recientemente aprobó nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón, argumentando que las embarcaciones han aprobado 25 mejoras regulatorias. Está por verse si Incopesca cuenta con la competencia técnicas y capacidad administrativa necesarias para monitorear estas licencias y evaluar el efecto de esta pesca. Ante el panorama, es mandatorio volver la vista al mar y con premura fortalecer los programas de educación marina en todas las escuelas del territorio.
Tierra adentro, según el IELN el territorio continental está como tortuga patas arriba. Es desalentador el futuro ambiental porque seguimos con una alta y creciente dependencia de la importación de hidrocarburos, elevamos el uso de agroquímicos, ensanchamos aún más la brecha entre la huella ecológica y la bio-capacidad del país. Como lo indican los expertos, los focos de conflictividad ambiental aumentan y persiste una débil gestión institucional. Incluso hemos empeorado en indicadores sobre desempeño en la conservación, se han incrementado el número de especies amenazadas, el impacto de los desastres hidro-climatológicos, la vulnerabilidad del recurso hídrico y la fragilidad de los recursos forestales.
El mensaje final es que estamos destruyendo el país y la imagen ambiental de Costa Rica es discursiva e incoherente respecto a lo que predicamos y lo que hacemos. Desconocemos la capacidad de carga de los ecosistemas marinos y continentales, sin embargo, los seguimos asaltando sin límites y bajo el riesgo de superar la capacidad de resiliencia y recuperación. Frenar esta inercia requiere reconocer que el modelo y visión del desarrollo país está agotado y obsoleto, por lo tanto, sujeto a una profunda revisión. Es urgente multiplicar el financiamiento para acciones ambientales de largo plazo, la sostenibilidad ambiental no puede ser lastre fiscal. Con urgencia debemos cambiar la forma en que nos transportamos, nos alimentamos y extraemos los recursos naturales. Advertencia, estamos incumpliendo el artículo 50 de la Constitución Política.
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