Como libertaria, entiendo perfectamente que el gasto público es consustancial con la existencia del Estado, y esta es una realidad insoslayable. Cosa muy diferente, es la inclinación de los partidos tradicionales, a lo largo de los años, de creer que el Estado es el que mejor resuelve los problemas y por lo tanto, asignarle funciones que este no puede cumplir.
Cuando para sostener una creciente planilla estatal debe acudirse al crédito interno o externo, a los presupuestos deficitarios y a la aprobación de más impuestos, estamos tomando el camino fácil, pero equivocado, con pérdidas para todos.
La mayor parte del gasto público se ha convertido en un botín del que se han apropiado los grupos de presión. Lo razonable es que cada persona pueda quedarse con lo que ha producido, pero no con lo producido por otros. La única excepción de lo anterior es un motivo asistencial para ayudar temporalmente a los más necesitados y vulnerables de la sociedad. Estas políticas de usar al gobierno y al gasto público para realizar transferencias de los pobres a ricos son una injusticia social que causa un deterioro en la distribución del ingreso.
Estamos empobreciendo aún más a toda la población, incluida la que trabaja, pero también a la que ya es inactiva; y para agravar más la situación, se está afectando toda forma de emprendimiento por los trámites y requisitos innecesarios y las altas cargas sociales, entre otros. Por lo tanto, debemos crear las condiciones para incentivar la inversión privada, para que abunden las oportunidades laborales.
Esta nefasta enfermedad cercana al papel de un Estado intervencionista, puede y debe corregirse, al permitir que la mayor cantidad de recursos se queden en las cuentas o bolsillo de quienes menos tienen. El gasto público excesivo, paternalista, generador de corrupción y de mayor inequidad, se debe corregir. Estas son algunas políticas concretas que podrían contribuir a reducirlo:
I. Impulsar la exploración y explotación de gas natural y petróleo nacional, sosteniblemente. Con esto, generaríamos una gran cantidad de recursos fiscales y no fiscales que podrían destinarse para amortizar la deuda, reducir el déficit fiscal, e impulsar el desarrollo, entre muchas otras cosas.
II. Congelar el crecimiento de la planilla del sector público. Para ello debemos eliminar toda plaza de funcionario que renuncie, se pensione o se acoja a la movilidad laboral. Solo si se tratare de un cargo imprescindible, se podrá sustituir.
III. Denunciar las convenciones colectivas del sector público que mantengan aún cláusulas abusivas, o tramitar, como lo estamos haciendo, las acciones de inconstitucionalidad contra sus cláusulas violatorias del orden constitucional.
IV. Impulsar la aprobación del proyecto de ley 20.057 de empleo público, presentado por el Movimiento Libertario, para someter a discusión los pluses salariales (dedicación exclusiva, anualidades, prohibición y cualquier otro equivalente) orientado al nuevo funcionario.
V. Limitar el gasto en publicidad a favor del Gobierno y consultorías, salvo situaciones de emergencia o casos excepcionales en materia de salud y seguridad.
VI. El Presupuesto Nacional, que elabore el Ministro de Hacienda, no podrá aumentar más que la inflación.
VII. Finalmente, con relación a la deuda pública, nuestro Gobierno atenderá las prácticas recomendadas por los Organismos Internacionales especializados y las políticas de sana administración, que establecen que el endeudamiento público únicamente debe usarse para inversión pública como la infraestructura, y no para financiar gasto corriente. Como la legislación costarricense ya estipula esto, se requiere establecer sanciones para los gobernantes que violen esta legislación.
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