Margaret Tatcher asumió el poder en 1979 con la promesa de transformar la economía británica que en ese momento adolecía de paros e inflación. Bajó impuestos, privatizó industrias estatales y liberalizó los mercados financieros.
Pero no fue hasta la huelga de 1984-1985, que la historia reconocería las acciones que ella aplicó y las bautizaría como el “Maggie Moment”, propiciando una aplastante derrota para la Unión Nacional de Sindicatos de la Minería y poniendo fin al control que ejercían sobre el aparato estatal.
En nuestro país estamos viviendo la misma crisis que vivió Gran Bretaña a finales de los 70’s e inicio de los 80,s.
Los sindicatos, bajo la hipócrita consigna de “no meterle impuestos al pueblo”, en realidad lo que defienden son sus jugosos privilegios que disfrutan a costillas de todos nosotros, los contribuyentes, y que ellos llaman “derechos adquiridos”.
Sumado a ellos, se une otro mal que nos está chupando la sangre lentamente: los salarios de funcionarios de las universidades públicas.
Según una constancia de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica extendida el 16 de marzo de 2018 a solicitud de la entonces diputada Sandra Piszk, el salario que recibió el Rector de la UCR, Jansen Pennington Hennsen, sólo en el mes de febrero, fue de ₡8.429.929 brutos y líquidos.
Como si eso no fuera suficiente motivo de vergüenza, el rector Jansen llama a unirse a la “huelga nacional” y defender la “autonomía universitaria”. ¿Otro que defiende al pueblo, o a su bolsillo?
Pero lo que ha sido la gota que derramó el vaso, fue la declaración que hiciera ANDE en su página en Facebook y que después borró, donde escribió: “Estamos ejerciendo mucha presión, con el simple hecho de parar unas horas de funciones en el muelle, el país deja de percibir millones de colones”.
Eso ya es inadmisible y el Presidente Alvarado, bajo la defensa y el cumplimento de la Constitución y las Leyes de la República, debe ordenar a la Fuerza Pública la detención de quienes están realizando bloqueos y paralizando nuestra economía para que sean llevados a los juzgados de flagrancia y sea el Poder Judicial quien los procese por ese delito.
Pero, si por la víspera se saca el día, no es tan difícil deducir que el Presidente le está “comiendo gallina” a los sindicatos, a juzgar porque su vicepresidente es uno de ellos. Porque le ha pedido a sectores privilegiados, como los rectores de las universidades públicas y a la Iglesia Católica, negociar la reforma fiscal con los huelguistas. O porque paralelamente promueve la exoneración de grandes grupos de poder como las cooperativas y las ganancias de capital que se generan en la Bolsa Nacional de Valores, donde el esposo de la Ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, tiene un negocio bursátil.
Lo cierto, y lo que no me cansaré de repetir, es que los sindicatos, ni ningún otro grupo de presión que tengan responsabilidad directa con el déficit presupuestario, debe dictar la política económica del gobierno.
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