A casi 5 meses de estar envueltos en estas nuevas reglas de convivencia social y económica, no solo los pacientes internados en UCI se encuentran en estado crítico, también lo están la capacidad hospitalaria y gestión sanitaria de la pandemia, así como la situación económica de muchas familias y empresas, del país en general.
Al son del discurso de las autoridades al mando del contexto actual, lo que nos dicen una y otra vez es “la salud es lo primero”; pero ¿cómo valoran esto los agentes económicos y cómo las autoridades distribuyen el riesgo entre lo económico y lo sanitario?
Miremos pues. Sobre lo primero, ya un autor, del cual no preciso el nombre, mencionó en redes que si fuese así (la salud es primero), tanto los patronos como personas aún en el contexto de no estar generando ingresos como producto de sus operaciones económicas, estarían pagando sus respectivas cuotas de cargas sociales a la CCSS y no tratarían de priorizar un almuerzo para su familia. ¡Es más que claro que esto no sucede así, entonces la salud no es primero! Pero ello no termina allí, resulta que, sin cotizaciones reportadas, le debes a la seguridad social y si llegas a ser atendido a un centro de salud público, no te reciben a menos que hayas pagado el costo de la consulta que deseas tener. En definitiva, se presenta un círculo de perjuicio: sin cotizar no me atienden y si no me atienden no puedo mejorar mi salud, y si en el peor de los casos la salud empeora muy drásticamente, no queremos barajar esas opciones ante la poca capacidad hospitalaria que nos muestran cada día con las conferencias de prensa.
Por otro lado, deteniendo las actividades económicas, se perjudica tanto la generación de ingresos de las familias que al final lo destinan para consumo, como la recaudación de los ingresos del sector público el cual destina esos recursos en inversión pública y precisamente en estos momentos para financiar la atención de la crisis sanitaria y brindar un subsidio a los más afectados. El riesgo de una crisis económica ya se materializó.
Pareciera ser que todas las medidas adoptadas en función de la atención de la crisis pandémica han provocado que el país y todos los sectores (aún el sector público) se dirijan a un callejón sin salida. El problema económico es tan grande a nivel de finanzas públicas y dinamismo de las actividades económicas, rompiendo récord en los niveles de pobreza y desempleo, que cada vez las autoridades de salud tengan un margen de acción más reducido, pero este debilitamiento del sector salud (el más fuerte de nuestro país en las últimas décadas) contrasta con el enemigo que estamos enfrentando (medido por casos de contagio, hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos, muertes) que cada vez vemos registros mayores.
Ante este panorama, surge un cuestionamiento racional: ¿por qué las autoridades se empeñan en hacer lo imposible en la atención de la crisis cuando no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo? No solo están gestionando el nivel de contagios, sino que también están presionando por demás y bajo restricciones nunca antes vistas, los demás sectores de la sociedad para disminuir las interrelaciones entre la población, pero ¿a qué costo?, pues al más alto costo, como decimos muchos.
Al final del callejón, pareciera ser que la única salida es un puerta en la pared de fondo, y en ella sería que cada uno, cada persona, sea responsable de su bienestar y el de su prójimo, que cada uno asuma el riesgo de salir cuando sea necesario y quedarse en casa cuando es posible, o que cada negocio abra y bajo los protocolos maximizados de prevención y protección, funcione y reciba clientes, lo necesariamente para que subsista y no contribuya en la propagación de contagios.
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