En estos momentos se encuentra en el panorama jurídico y político nacional, la discusión de si es necesaria una reforma integral del Estado costarricense, especialmente a raíz de la propuesta de un grupo de ciudadanos denominado Nueva Constitución, de llamar a un referéndum para convocar a una asamblea constituyente.
Lo cierto del caso es que nuestro país necesita de cambios, pues nos enfrentamos a un entrabamiento legislativo, a una ineficiencia en la ejecución de políticas públicas, y una incapacidad de tomar decisiones y acciones rápidas y eficientes que solventen los problemas urgentes del país.
El capítulo 6 del vigesimosegundo informe del Estado de la Nación, denominado “El descontento ciudadano y sus implicaciones para la estabilidad política en Costa Rica” dentro de sus hallazgos arrojó que, uno de los puntos con más críticas por parte de los encuestados es el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Aspectos como “el alto número de bancadas, la actitud de los diputados, en particular su falta de preparación y compromiso con el país, así como el bloqueo de las iniciativas sobre temas relevantes para el conjunto de la población”, son parte de los factores que los ciudadanos señalan problemáticos sobre este poder de la República.
Por lo anterior, independientemente de si se considere necesaria una reforma integral a nivel constitucional para solucionar los asuntos del país, o bien si se opte por considerar que para solventar los temas urgentes del Estado se requieren solo reformas legales, lo cierto del caso es que los partidos políticos siempre resultan actores principales para lograr cambios por cualquiera de estas vías, y por ende antes que nada, es indispensable caer en cuenta de la responsabilidad social y política que tienen estas agrupaciones en el desarrollo del país y de la urgencia que tenemos de un compromiso serio por parte de estos grupos para con Costa Rica.
Los partidos políticos, como actores del sistema democrático, tienen la importante tarea de representar los intereses de muy variados grupos, pero a su vez la de lograr articular propuestas para solventar problemas sociales. Sin embargo, nuestra realidad nos demuestra la poca capacidad para llegar a consensos en la Asamblea Legislativa, lo cual entraba su función, en parte por la fragmentación que existe a lo interno, pero también por la falta de voluntad y compromiso de algunos diputados de siquiera llegar a discutir los proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa.
Ejemplo de esto último es la presentación excesiva de mociones por parte de los diputados con la intención de entrabar los procesos de discusión y votación en plenario de algún proyecto. Casos de esto existen varios, entre ellos las mil mociones presentadas por don Walter Céspedes en la legislatura pasada al trámite del fideicomiso para infraestructura educativa, las mil mociones presentadas por don Abelino Esquivel al proyecto de Cannabis Medicinal, o las novecientas mociones que entraban la discusión del proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia entre parejas del mismo sexo, interpuestas por los diferentes diputados evangélicos, entre otros. Esta realidad solo demuestra la incapacidad de negociar en la Asamblea y la poca habilidad de los diputados de discutir y exponer sus posiciones y sustentar con argumentos sus puntos de vista, para facilitar una sana discusión y la votación de los proyectos de ley, con lo cual solo se perjudica el desarrollo del país.
De este modo, parece claro que, ante cualquier intención de reforma estatal, resulta necesario y urgente, que exista un compromiso por parte de las agrupaciones políticas responsables de designar representantes, sea a la Asamblea Legislativa, o sea a una eventual Asamblea Constituyente, de escoger personas con habilidades políticas, de negociación, pero sobre todo comprometidas con el desarrollo social, político y jurídico del país, dispuestas dialogar y exponer sus puntos de vista lo cual enriquecería la discusión.