La definición que hace el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” para el período 2014-2018, de la actual Administración, se enmarca en tres grandes temas: 1. Crecimiento económico y empleo de calidad; 2. Combate a la pobreza y la desigualdad; y 3. Gobierno transparente, eficiente en la lucha contra la corrupción. Estas son las grandes líneas de acción que pretendieron orientar el quehacer general del Gobierno para este período constitucional.
Ciertamente son objetivos de gran alcance por su amplitud y trascendencia. El primero se dirige a la situación económica y sus efectos en el empleo, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los costarricenses porque no ha sido posible reducir el desempleo por debajo del 9.5%. Es la base material necesaria para generar los beneficios y potencialidades de desarrollo y satisfacción de necesidades fundamentales que nuestra población requiere. Por ello, con buen tino, se ha incluido como segundo objetivo estratégico del Plan Nacional de Desarrollo, el combate a la pobreza y la desigualdad.
La estrategia política de esta Administración buscó iniciar con la generación de riqueza que permitiría no solo propiciar un crecimiento en el empleo, sino también a través de este, impactar en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Finalmente el Plan Nacional de Desarrollo vigente, nos remata sus grandes líneas estratégicas al señalar que este sería un Gobierno transparente que lucharía frontalmente contra la corrupción.
A sólo ocho meses para que concluya su mandato, se requiere una valoración de su estado a la fecha.
El resultado no ha sido el esperado. El crecimiento económico se mantiene estable, sin alcanzar más de un 4%, a pesar de que últimamente se reconoce algún crecimiento en las exportaciones de terceros productos, tanto en equipo médico, partes de celulares, y otros de alta tecnología, así como algunos de origen agrícola, los cuales se envían a nuevos mercados. Lo cierto es que los datos que arrojan las entidades especializadas, evidencian que el país no logró avanzar en los términos propuestos por el Plan Nacional.
Por su parte, la crisis financiera y presupuestaria del país sigue impactando las finanzas públicas, genera angustia en las autoridades del Gobierno y propicia gran duda en los sectores productivos y en otros conglomerados de la población como los estudiantes, adultos mayores, niñez, empleados públicos que urgen de mejores servicios y de infraestructura esencial.
Derivado de lo anterior, es que la reducción del desempleo no ha sido halagüeña; todo lo contrario, los índices de desempleo se mantienen en porcentajes cada vez más preocupantes. Por ello, desde el primer objetivo estratégico, encontramos resultados parciales deplorables en la acción del actual gobierno que echan por tierra las esperanzas de los costarricenses.
Es una lástima que un pueblo entusiasmado con una oferta electoral y política, anclada en un cambio del tradicionalismo, urgido de una innovación con transparencia, justicia y honradez, se encuentre frustrado y confundido. Lamentablemente vemos que una vez más se ha erosionado la confianza del costarricense y no sabemos cuánto va a impactar esta nueva desilusión, en el comportamiento político de los ciudadanos y en la fe en su democracia, de cara al proceso electoral del 2018.
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