Soy consciente de que el título de esta reflexión convoca la polémica y de que ha sido utilizado en otros lares para justificar políticas de seguridad torpes. Sin embargo, al mismo tiempo encierra una realidad de la que poco se habla debido a un cínico afán de corrección política.
Así, no pretendo discutir estadísticas ni porcentajes, sino insistir en un enfoque casi ausente de las discusiones sobre seguridad.
Me refiero a que nadie debería sentirse avergonzado o limitado a la hora de reclamar seguridad, porque no sólo está exigiendo respeto para su persona y la de sus seres queridos, sino también para su trabajo y para la capacidad del país de atraer las inversiones de las que dependen aquel y el futuro de sus hijos.
Esto significa que debemos denunciar cualquier discurso que manipule la promoción y defensa de los derechos humanos para justificar cualquier forma de tolerancia al crimen y a los criminales; y significa también que debemos rechazar que la lucha contra la delincuencia común, esa que golpea personalmente a los habitantes del país y a los turistas, se ponga en un segundo plano frente a cualquier forma del crimen organizado.
Ni el narcotráfico es la única amenaza a la tranquilidad de los costarricenses ni la tasa de homicidios resume las preocupaciones de las personas.
Recientemente el Ministro de Seguridad Pública, señor Jorge Torres, hizo un llamado respetuoso al Poder Judicial desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, para que ponga atención a la manera como algunas decisiones de los jueces frustran el trabajo policial. Lleva razón el Ministro al que no se debe criticar por resaltar una realidad de difícil abordaje.
La seguridad de la sociedad equivale al cuidado de un jardín. Es un trabajo donde el mejor resultado es pasajero si no es objeto de un esfuerzo permanente. Así es en general, y más en un país situado geográficamente en los corredores por donde fluye el narcotráfico de sur a norte.
Se trata además de un trabajo permanentemente saboteado y puesto en duda por una serie de personas con ideologías que toleran o justifican la acción de los hampones, sin reparar en la situación de las victimas.
Lo dicho significa que la normativa penal así como el número y preparación de policías, fiscales y jueces, así como los recursos que requiere su trabajo, deben ser objeto de una atención prioritaria y permanente, tanto como la doctrina que les rige desde los cimientos de su trabajo.
En este sentido, la lucha contra el hampa debe estar motivada y orientada por el objetivo de garantizar un medio totalmente seguro para todos los habitantes del país y para los turistas que nos visitan, sin distinción del lugar donde se encuentren, de su etnia, raza, opinión política, nacionalidad, religión, edad, género u orientación sexual.
Debemos rechazar categóricamente cualquier argumento que justifique a los delincuentes responsabilizando a la sociedad por sus acciones; así como rechazar que hacerlo así implique de alguna forma promover la violación de las garantías democráticas de nuestro Sistema.
Otra cosa distinta es la situación de los centros penitenciarios, es inevitable decirlo, donde las condiciones de vida y las oportunidades disponibles para los internos deben ser las mejores posibles durante el lapso de sus condenas. Debe ser así, para facilitar la seguridad en dichas instalaciones y la posibilidad de que los sentenciados se reincorporen a la sociedad de una manera positiva después de haber asumido la responsabilidad de sus actos y cumplido con la sanción impuesta. La cual debe ejecutarse entendiendo que las decisiones capaces de reducirla, como los diversos beneficios penitenciarios, deben ser mínimas y aplicarse de manera estrictamente excepcional.
La seguridad integral de todos los habitantes del país así como la de los turistas que nos visitan, debe ser la primera prioridad de cualquier política. Es lo que la opinión pública debidamente organizada tiene que exigir a las autoridades públicas con independencia del Poder donde se ubiquen.
Esta es la razón por la que el llamado del Ministro Torres debe ser objeto de todo nuestro apoyo.
Soy consciente del carácter general de esta reflexión, pero insisto en ella para rechazar cualquier argumento que en Costa Rica manipule y pervierta la promoción y defensa de los derechos humanos para justificar políticas suaves y tolerantes con el crimen organizado y la delincuencia común, o para desacreditar el trabajo de los diferentes cuerpos de policía. Digo esto además, sin ignorar que lo que aquí pido exige una inversión creciente de recursos materiales indispensables para que la policía primero, y los fiscales y jueces después, cumplan con la responsabilidad que tienen ante cada costarricense y turista que nos honra con su visita contribuyendo así a nuestro desarrollo.
Esta reflexión, en resumen, debería informar cualquier discusión sobre la realidad del país en materia de seguridad, y es indispensable antes de pasar a analizar estrategias, estadísticas y porcentajes.
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