Regulación débil, ecosistemas en crisis y financiamiento insuficiente
Según el Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura (INCOPESCA), la pesca es una de las principales fuentes de sustento para las comunidades costeras. Con la pesca artesanal y medio avanzada representando el 50% de las capturas según un promedio de 2019 a 2023. Además, la acuicultura ha generado ingresos en zonas rurales, vinculándose al turismo y a la seguridad alimentaria. En términos económicos, en 2021, estas actividades aportaron el 0,06% del PIB: la pesca generó ₡17.534 millones y la acuicultura ₡4.689 millones. Mientras el sector pesquero muestra crecimiento en valor agregado, la acuicultura ha ido en declive.
Un coctel problemático
Las tecnologías y prácticas pesqueras poco sostenibles han sido lo normal, particularmente en el territorio costero del Golfo de Nicoya. Un artículo de Semanario Universidad del 2019, de Sergio Elizondo Mora, había señalado que en el 95-99% de los casos, la tecnología pesquera facilita las capturas masivas. Técnicas como la pesca de arrastre y el trasmallo encerrador han generado la pesca de especies juveniles sin haberse reproducido. Ante cuestiones como esta, INCOPESCA ha argumentado que no tiene capacidades policiales para fiscalizar.
Por otro lado, el calentamiento global pinta un futuro negativo para las actividades pesqueras. El aumento de las temperaturas marinas, la acidificación y la variabilidad climática se han convertido en una fuente de vulnerabilidad de las especies marinas, y su disponibilidad para las comunidades. La institución rectora de la pesca y la acuicultura ha recibido varias críticas sobre su manejo de la situación pesquera nacional. En el 2023, el Consejo Universitario de la UCR, junto a instancias especializadas, señalaron que en el estudio “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024” se representaba un retroceso en esfuerzos de conservación, al incluir diversas especies en estado de vulnerabilidad. Con relación a la pesca de arrastre, la Contraloría General de la República ha demostrado que INCOPESCA ha violentado el derecho constitucional al acceso de información, lo que denota problemas de transparencia de la pesca.
En cuanto a la acuicultura, INCOPESCA ha señalado la importancia de la adopción de tecnologías para mejorar la producción y reducir el impacto ambiental. Sin embargo, los acuicultores enfrentan altos costos iniciales para crear laboratorios y poco acceso al financiamiento. Esto dificulta la implementación de nuevas tecnologías de mayor sostenibilidad.
Una hoja de ruta integral es necesaria
Es necesario replantear los esfuerzos necesarios para enfrentar tales problemáticas. Una estrategia para tratar la cuestión de la pesca y la acuicultura debe reconocer la importancia socioeconómica que representan estas actividades para las comunidades, mientras que admite que la resolución de las necesidades de las comunidades implica la necesidad de conservación de las especies y la sostenibilidad ecosistémica, llegando a un nuevo modelo de gestión integral. De esto se desprenden una serie de objetivos por cumplir, como el aseguramiento de los recursos, la modernización de las actividades pesqueras y acuícolas y, la promoción de la equidad.
En tal espíritu, se propone la transformación de estas actividades por medio de la sustitución progresiva de técnicas nocivas para los ecosistemas, por técnicas y tecnologías sostenibles y productivas. Esto sólo puede lograrse por medio del acompañamiento e interlocución continuas con las comunidades y otros actores asociados, así como la capacitación y la promoción de prácticas compatibles con la sostenibilidad.
El primer eje de esta hoja de ruta consiste en el fortalecimiento y modernización de la institucionalidad. Evidentemente, INCOPESCA, como ente rector, enfrenta una serie de desafíos a superar. Su modernización requiere una reforma legal a la Ley de Pesca y Acuicultura 8436 para incluir mecanismos de gobernanza participativa y criterios de sostenibilidad en la asignación de cuotas y permisos. Por otro lado, es necesario diseñar mecanismos de comunicación y participación conjunta, con la academia, gobiernos locales, asociaciones comunitarias y otros actores, como comités regionales, que permitan conocer y abordar las problemáticas concretas de cada zona.
La generación de capacidades técnicas y humanas también requiere el apoyo y coordinación interinstitucional. Esto se podría sustentar en la colaboración entre INCOPESCA e instituciones como el INA y/o universidades públicas. Bajo estas colaboraciones se pueden crear acciones, por ejemplo, en forma de programas educativos orientados a procesos de producción en la acuicultura y el uso de técnicas sostenibles. Finalmente, se evidenció la necesidad de mejora en transparencia. Por ello, es necesario también implementar un portal de datos abiertos, espacios de rendición de cuentas como audiencias, entre otros.
El otro eje es la tecnificación de la pesca y la acuicultura. Se busca la generación de procesos de producción eficientes y sostenibles. Acciones en este eje incluirían la renovación de embarcaciones, introducción de técnicas que reduzcan la pesca no deseada, créditos a pequeños y medianos productores para la adopción de tecnologías, entre otros.
Un posible modelo de gestión, seguimiento y evaluación
A pesar de los cuestionamientos, es claro que cualquier hoja de ruta para este sector requiere de la rectoría de INCOPESCA. Esto no implica que tenga que trabajar aislada del resto de instituciones. Precisamente son la articulación y la coordinación institucional las formas en las que la gestión de esta puede ser realmente efectiva.
Las instituciones que participarían serían MINAE y MAG en regulación y fiscalización, los bancos nacionales en financiamiento, las universidades públicas y el INA en formación, promoción y generación de conocimiento. También, las asociaciones de pescadores y comunitarias en monitoreo, consulta y aplicación; y las ONGs, FECOP, organismos internacionales, y otros, en apoyo técnico y financiero. La hoja de ruta también requiere un seguimiento y una evaluación continua donde se definan indicadores de cumplimiento. Indicadores tales como, el acervo de las pesquerías, cumplimiento de regulaciones, cantidades producidas por métodos sostenibles, entre otros.
La relación conflictiva entre INCOPESCA, las organizaciones dedicadas a la conservación, las comunidades, la academia y otras ha logrado evidenciar la necesidad de un mecanismo de evaluación conjunta. Esta puede tomar la forma de un Consejo Consultivo Sectorial que integre a los diferentes actores participantes.