En los últimos años, diversos sectores de la oposición iraní han comenzado a debatir sobre cómo debería organizarse el país en caso de que la República Islámica deje de existir como el sistema teocrático que funciona actualmente. Dentro de esas propuestas destaca una iniciativa conocida como los “Acuerdos de Ciro”, impulsada por el príncipe heredero en el exilio Reza Pahlavi.
Aunque suele describirse y simplificarse como un proyecto destinado a normalizar las relaciones entre Irán e Israel, sus alcances son mucho más amplios, porque la propuesta incluye planes para la transición política, la reorganización de las fuerzas armadas, la protección de las minorías, la recuperación económica y la reintegración de Irán al sistema internacional. En esencia, busca responder ¿cómo evitar que un eventual cambio de régimen desemboque en el colapso o la fragmentación del Estado iraní?
La pregunta central que atraviesa todos los componentes del proyecto no parece ser quién gobernará Irán después de la República Islámica, sino cómo evitar que un cambio de régimen desemboque en un proceso de fragmentación estatal semejante al observado en otros países de Oriente Medio durante las últimas décadas.
Desde esta perspectiva, los Acuerdos de Ciro constituyen solamente una pieza dentro de una estrategia más amplia que combina elementos de transición política, reconstrucción institucional, integración económica regional, reforma militar, cohesión territorial y redefinición de la identidad nacional.
Y es que uno de los errores más frecuentes al evaluar la propuesta consiste en interpretarla exclusivamente como un proyecto de acercamiento entre Irán e Israel, que ya de todos modos hablar de ese panorama hoy es algo surrealista y sin duda, la normalización ocupa un lugar importante dentro de la narrativa de los Acuerdos de Ciro.
Esa referencia histórica al líder persa tiene como intención incorporar a un futuro Irán democrático dentro de las dinámicas surgidas tras los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países del mundo árabe y de ese modo se suma esta perspectiva, no obstante, sería reduccionista dejar este componente hasta allí.
El elemento más interesante de la propuesta es que intenta sustituir una lógica de confrontación ideológica por una lógica de integración geoeconómica. La hipótesis de fondo sostiene que la seguridad regional puede construirse de manera más eficaz mediante redes de comercio, inversión, infraestructura y cooperación tecnológica que mediante sistemas de disuasión basados en actores armados no estatales y ssí, la normalización con Israel no aparece como un fin en sí mismo, sino como una pieza dentro de una arquitectura regional más amplia.
Cabe destacar que uno de los aspectos más plausibles del proyecto es su dimensión geoeconómica, la cual plantea la incorporación de un Irán normalizado a un espacio de cooperación integrado por India, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, articulado alrededor de cadenas logísticas, energéticas y tecnológicas. Más allá de las etiquetas políticas, la lógica geográfica detrás de esta idea posee cierta consistencia.
Los iraníes ocupan una posición estratégica excepcional entre el Golfo Pérsico, Asia Central, el Cáucaso, el Océano Índico y los corredores terrestres que conectan Asia con Europa. Incluso bajo el actual régimen, numerosos analistas han señalado el potencial iraní como una central logística euroasiática, perspectiva que evidentemente ya ha contemplado un país como China y esto ha significado el acuerdo de cooperación de 25 años firmado hace pocos años.
La reintegración de ese Irán al sistema financiero internacional, el levantamiento de sanciones y la apertura a inversiones externas podrían transformar significativamente la economía iraní y convertir al país en un puente de conectividad regional. En este sentido, el Corredor I4U2 no debe interpretarse únicamente como una alianza política. Su verdadero valor radica en la posibilidad de generar incentivos económicos capaces de reducir las dinámicas de confrontación que han caracterizado buena parte de la política regional durante las últimas décadas.
Curiosamente ese es uno de los puntos que se discuten en la actualidad con el régimen teocrático encabezando el país, pero hay que entender que un Irán sin las garantías de control sobre su proyecto nuclear, su programa balístico y el soporte de grupos radicales en otras regiones podría convertirse en un problema mayúsculo en corto tiempo debido a este financiamiento sin restricciones.
También se debe aterrizar en una idea que no se menciona mucho y es que la propuesta suele asumir que un Irán normalizado actuaría automáticamente como un ancla occidental en Eurasia y contribuiría a debilitar la influencia de Rusia y China, lo cual es sin lugar a duda un elemento discutible.
Incluso un gobierno democrático iraní tendría incentivos significativos para mantener relaciones estrechas con Moscú y Pekín. Elementos como la geografía, las rutas energéticas, los intereses en Asia Central y las dinámicas del Mar Caspio seguirían condicionando la política exterior iraní independientemente de quién ocupe el poder.
Por ello, un escenario más probable sería el surgimiento de una política exterior multivectorial y pragmatismo relacional, similar a lo que practican países como India o Turquía, donde la cooperación con Occidente coexiste con relaciones con Rusia y China.
Sin embargo, hay un elemento que se podría considerar la verdadera preocupación, evitar la fragmentación del Estado porque a medida que se analizan los distintos componentes del Iran Prosperity Project, emerge una conclusión evidente, la principal preocupación de sus diseñadores parece ser la preservación del Estado iraní.
Y esta preocupación tiene antecedentes regionales que explican esta preocupación. La caída de regímenes autoritarios en Irak, Libia o Siria produjo, en distintos grados, procesos de debilitamiento institucional, fragmentación territorial y surgimiento de actores armados paralelos. Los documentos asociados a la Fase de Emergencia muestran una clara intención de evitar un desenlace similar.
La propuesta contempla preservar buena parte de la estructura estatal existente, mantener la continuidad administrativa, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y evitar vacíos de poder que puedan ser explotados por grupos armados, movimientos separatistas o actores externos.
En este aspecto, el proyecto demuestra una comprensión relativamente sofisticada de los desafíos asociados a las transiciones políticas. La prioridad inicial no sería democratizar inmediatamente el sistema, sino preservar la capacidad funcional del Estado.
Dentro de la arquitectura estatal de ese nuevo Irán, el actor más importante no parece ser el liderazgo del príncipe heredero, Reza Pahlavi ni el Mehestan Transicional (asamblea transicional). El verdadero centro de gravedad de la propuesta sería el Artesh, las fuerzas armadas regulares de Irán que hoy viven a la sombra de los Guardianes de la Revolución (IRGC).
En este sentido, la razón es sencilla, si Artesh mantiene la cohesión institucional durante una eventual transición, existiría una posibilidad razonable de preservar el orden público, proteger infraestructuras críticas y garantizar la integridad territorial.
Por el contrario, si las fuerzas armadas se fragmentaran o entraran en conflicto con otras estructuras de poder, la viabilidad del proyecto se reduciría drásticamente. Los análisis plantean que el Artesh asuma funciones clave durante los primeros 180 días:
- Protección de infraestructura estratégica.
- Seguridad fronteriza.
- Control de arsenales.
- Integración gradual de personal procedente del IRGC.
- Supervisión del proceso de estabilización nacional.
La propuesta intenta aprender de experiencias anteriores donde la disolución abrupta de estructuras militares contribuyó al surgimiento de insurgencias y vacíos de seguridad. Pero, este sigue siendo uno de los puntos más inciertos del proyecto, porque la transición presupone que el Artesh aceptará una nueva autoridad política, cooperará con la reestructuración institucional y mantendrá una postura profesional durante un periodo de elevada incertidumbre, no se trata de una hipótesis imposible, pero tampoco puede considerarse garantizada.
La cuestión vinculada a la Guardia Revolucionaria constituye probablemente el mayor reto operativo de toda la propuesta. La IRGC no es simplemente una organización militar, a lo largo de décadas se ha convertido en un actor económico, político, ideológico y de inteligencia con profundas ramificaciones dentro del Estado iraní, los análisis sobre este proyecto del nuevo Irán plantean su disolución y la incorporación selectiva de aquellos miembros que no hayan participado en actividades represivas o violaciones graves de derechos humanos.
Desde una perspectiva normativa, la idea resulta comprensible y hasta plausible, pero desde una perspectiva práctica, la implementación sería extraordinariamente compleja. La experiencia comparada demuestra que las transiciones exitosas suelen requerir mecanismos de análisis de antecedentes cuidadosamente diseñados para evitar tanto la impunidad como la exclusión masiva.
En este punto, la propuesta reconoce parcialmente el problema al contemplar procesos de clasificación individual y programas de integración profesional. Aun así, sigue siendo uno de los aspectos más vulnerables del diseño.
Mientras tanto, otro componente relevante es el Mehestan Transicional, porque más que un simple órgano legislativo provisional, este cumple una función de construcción de legitimidad y su misión consiste en actuar como puente entre la fase de emergencia y la futura institucionalidad democrática, incorporando representantes de distintas sensibilidades políticas, étnicas y sociales.
El Mehestan busca responder a un problema central de cualquier transición, como lo es construir mecanismos de representación antes de que existan instituciones plenamente democráticas. Su función incluye la supervisión normativa, la revisión presupuestaria, la organización de la Asamblea Constituyente, la preparación del referéndum sobre la forma de gobierno y la facilitación del diálogo nacional.
No obstante, existe una tensión evidente, que, aunque se plantea como un órgano representativo, sus miembros serían inicialmente designados por el liderazgo de Reza Pahlavi o a quien coloquen como líder de este proceso de transición. Esta circunstancia plantea interrogantes legítimos sobre su legitimidad de origen y sobre la capacidad del órgano para representar efectivamente la diversidad política del país.
Por otra parte, uno de los aspectos más interesantes del proyecto es la forma en que aborda la cuestión de las minorías donde tradicionalmente, muchos Estados de la región han intentado gestionar la diversidad mediante políticas de asimilación o centralización. La propuesta de Ciro adopta una lógica diferente, porque, en vez de presentar la diversidad étnica y religiosa como una amenaza para la unidad nacional, la incorpora como parte constitutiva del proyecto de reconstrucción estatal.
En el contexto iraní, tanto kurdos, como baluchis, árabes, azeríes, cristianos, judíos, bahaíes y otras comunidades son concebidos como componentes legítimos de un mosaico nacional compartido. Esta visión parte de una premisa relevante, donde la fragmentación territorial suele estar asociada menos a la diversidad en sí misma que a la exclusión política, económica o cultural.
Por ello, la inclusión de minorías dentro del Mehestan, la protección de derechos culturales y la promoción de una ciudadanía igualitaria aparecen como instrumentos de seguridad nacional además de mecanismos democráticos. El proyecto parece reconocer que la integridad territorial no puede sostenerse exclusivamente mediante la fuerza, principalmente porque esta le puede proveer legitimidad que requeriría.
Otro principio fundamental en los cambios implementados por esta propuesta es la integridad territorial como principio rector. La reforma militar, la representación política, la inclusión de minorías, la integración económica y la normalización regional confluyen alrededor de un mismo objetivo, evitar la desintegración del Estado iraní.
La propuesta identifica correctamente algunos de los riesgos potenciales, la activación de movimientos separatistas, la intervención de actores externos, conflictos étnicos, los vacíos de poder en zonas periféricas. Para enfrentarlos, plantea una combinación de herramientas militares, políticas y económicas, significativo que la defensa de la unidad nacional no se conciba únicamente como una función del ejército, sino también como una consecuencia de la inclusión política y la prosperidad compartida.
La principal fortaleza del “Iran Prosperity Project” radica en que intenta responder a problemas concretos de gobernanza y estabilidad que suelen quedar relegados en muchos programas opositores. La propuesta reconoce que el desafío principal de un eventual cambio de régimen no sería organizar elecciones, sino evitar el colapso estatal.
Asimismo, incorpora elementos geoeconómicos, institucionales y territoriales que muestran un grado considerable de planificación. Sin embargo, también presenta limitaciones importantes. Comenzando con la dependencia de una transición relativamente ordenada, algo que rara vez ocurre en procesos de esta magnitud.
La segunda es la incertidumbre sobre el comportamiento de actores clave como el IRGC, las élites religiosas, los aparatos de seguridad y diversos sectores de la oposición.
La tercera es que muchos de los mecanismos propuestos descansan sobre niveles elevados de cooperación política entre grupos con intereses, memorias históricas y visiones de país muy diferentes.
Ante todo, la propuesta sobre los Acuerdos de Ciro se suele presentar como una propuesta de paz regional y normalización diplomática. Sin embargo, observados dentro del conjunto más amplio del “Iran Prosperity Project”, representan algo más ambicioso, un intento de diseñar una transición estatal capaz de preservar la unidad de Irán después de la República Islámica.
Paradójicamente, cuanto más se estudian los documentos, menos central parece la figura de Reza Pahlavi y más relevantes se vuelven las instituciones, las fuerzas armadas, la cohesión territorial, la integración económica y la construcción de una identidad nacional inclusiva.
El verdadero desafío del proyecto no consiste en restaurar una monarquía ni en normalizar relaciones con Israel. Consiste en responder cómo transformar un sistema político profundamente ideologizado sin provocar la fragmentación del Estado que ese sistema ha gobernado durante más de cuatro décadas.
La viabilidad de esa respuesta sigue siendo incierta. Sin embargo, el hecho de que el proyecto coloque esa cuestión en el centro de su arquitectura estratégica constituye, probablemente, uno de sus aspectos más sólidos y relevantes.
