Un debate “de altura” comienza por llamar las cosas por su nombre, sin adornos y sin disfraces. Es una pena que eso de las máscaras haya sido, hasta hoy, la táctica del oficialismo para disimular su agenda de terror. Pero nuestra tarea, como oposición, es quitarles el disfraz.
Hay gente que le perdona al PAC el haber reducido la “ética” y los “derechos humanos” a cintillos de campaña. Le perdonan el hundimiento de la credibilidad de nuestro país ante los inversionistas extranjeros, el disparar el déficit fiscal, o el afán de castigar a los que menos tienen ahogándolos con nuevos impuestos. Le perdonan el paso de las “Caravanas de la Alegría” a las “Caravanas del Desempleo”, que afectan particularmente a mujeres, jóvenes, y a quienes sobrepasan los 45 años de edad. Incluso le perdonarán que, a falta de ideas, se dediquen tanto a manipular emociones y a montar obras de teatro.
Pero lo que ahora promueven, no se puede pasar por alto. Un proyecto como el 20.174, también conocido como “Ley del Odio” o “Ley Mordaza”, es en realidad el ataque más desvergonzado contra la libertad de pensamiento y expresión que haya sufrido nuestro país desde la “Ley del Candado”, implantada por los dictadores Tinoco hace 100 años.
El PAC, al impulsar este tipo de normas, nos está diciendo exactamente el tipo de Estado que desea implantar: un Estado con poder para regular hasta las ideas, expresiones y sentimientos de la ciudadanía, donde los que no estén “alineados” a la visión gubernamental terminen encarcelados.
Cualquiera puede darse cuenta de tal interés con sólo leer el artículo 34 del proyecto, que crea tipos penales como la “incitación al odio” y la “pertenencia a organizaciones de odio”, y pretende regular incluso el enfoque periodístico sobre las noticias que tengan que ver con los temas que ahí se indican. ¿Para qué querrá el PAC tener a su disposición este tipo de leyes?
O bien, ¿cuál será la pretensión del artículo 2, que en su párrafo segundo faculta al Estado a denegar la inscripción, o cualquier otro acto jurídico, de las organizaciones de cualquier especie, incluyendo sindicatos, sociedad civil y partidos políticos, que propongan “fines discriminatorios”?
Cualquiera estaría en contra del “odio” y la “discriminación”, pero… ¿quién va a definir esos conceptos? ¿Quién los va a interpretar? ¿Vamos entonces a crear tipos penales “en blanco”, donde cualquier persona pueda ir a prisión por cualquier motivo, si algún funcionario decide que eso es “odio” o “discriminación”? ¿Lo va a decidir la supuesta “víctima”, o el Consejo que se crea en los artículos del 15 al 27 con carácter de “policía ideológica”?
Este tipo de herramientas solo se ven en los regímenes totalitarios, donde se atreven a prohibir cualquier cosa que les incomode. Nunca cabrán en una República de base democrática como la nuestra, en la que hay una Constitución que resguarda y garantiza los principios y libertades que este proyecto busca eliminar. Y no lo digo sólo yo, sino también el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial y el Departamento de Servicios Técnicos del Parlamento; que han señalado múltiples errores al proyecto.
Es oportuno recordar que el supuesto delito por el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene en la cárcel a la periodista costarricense-nicaragüense, Lucía Pineda Ubau y a muchos otros comunicadores y periodistas, es precisamente la “incitación al odio”. ¿Alguien de ustedes quiere ver lo mismo en Costa Rica? ¡Yo no! Por eso defenderé hoy y siempre el derecho a la libertad de prensa y el de toda la ciudadanía a la libertad de expresión.
Si algo hay que reconocerle a este proyecto, es que es la mejor confesión que puede hacernos el PAC: sus ideas para el país son tan malas, que la única forma de que triunfen es buscando prohibir las de los demás. Por último, esta iniciativa sólo tiene cabida en un lugar de nuestra Asamblea Legislativa: ¡en el archivo!
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