Ley 7600 y el Día Nacional de la Persona con Discapacidad

» Por María Marta Padilla Bonilla - Diputada de la República

El pasado 29 de mayo, Costa Rica conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Pero también recordamos ese día porque, -hace ya 26 años-, se aprobó la Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Como Secretaria de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad, me siento muy agradecida con esta ley, no sólo por fomentar el respeto hacia esta población y por reconocer sus derechos en un plano de igualdad, sino también, por enseñarnos a comprender mejor sus necesidades.

Sin embargo, existen todavía algunos cambios, -unos de actitud y otros de legislación, – que debemos impulsar para afianzar y fortalecer todo lo que ya hemos avanzado y para contribuir a hacer mucho más tangibles las demandas que esta población aún espera.

Según la Encuesta Nacional de la Discapacidad (ENADIS) cerca de un 18.2% de la población adulta de nuestro país, presenta alguna forma de discapacidad. Pero si a este porcentaje agregamos a las personas menores de 18 años, -también con discapacidad-, es posible que tengamos un 20 % de la población o, lo que es lo mismo, una quinta parte de todos los costarricenses.

Frente a esta realidad, las preguntas que deberíamos plantearnos,  son:

¿Realmente nuestras instituciones públicas están haciendo lo suficiente para garantizarle a todos ellos igualdad de oportunidades en materia de: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, movilidad, deportes, cultura o en cualquier otro ámbito?

Ya conocemos la respuesta:  En la práctica, la aplicación de esa ley contrasta con cierta cultura social e institucional que parece resistirse a querer cumplirla.

El último Informe de fiscalización del CONAPDIS sobre el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA), nos confirma que es mucho el camino que nos falta aún por recorrer.

La fiscalización que recién publicó el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para medir el grado de cumplimiento de nuestras instituciones y entes territoriales a las normas nacionales e internacionales en materia de discapacidad, nos muestra que seguimos fallando.

Según el IGEDA, para el 2021, aún existían instituciones públicas, municipalidades y hasta colegios profesionales, con barreras que no facilitan el acceso de sus servicios, bienes o productos a las personas con discapacidad.

Otro ejemplo son las propias Comisiones Municipales en Discapacidad (COMAD). A pesar de ser creadas por ley para brindar asesoría a la administración activa para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad; en la práctica, muchas no se reúnen regularmente, lo que impide a programar acciones, buscar recursos u obligar a la Administración Municipal a cumplir con la normativa vigente sobre la materia.

Sin embargo, hay esperanza: Me complace, por ejemplo, saber que, en este Plenario, contamos con dos funcionarios legislativos con discapacidad, que nos asisten diariamente en nuestras labores. Ambos cuentan con una plaza en propiedad producto de la Ley 8862 que, obliga a las instituciones públicas a reservar, cada año, un 5% de sus plazas vacantes para esta población. Ellos son Juan Carlos Sánchez Rojas y Marco Hernández Triguero.

La amplia gama de discapacidades que existen, justifica un mejor trato por parte del Estado que, debería apoyar de manera similar, a las personas con discapacidad visual, auditiva, del habla o de movilidad, -que son las más comunes-; sin dejar de lado a aquellas con limitaciones de carácter cognitivo, que tienen dificultades para el aprendizaje o con discapacidad psicosocial, relacionada con problemas de conducta.

Sabemos que más de una discapacidad podría confluir en una misma persona, tal como le sucedió a la icónica Heller Keller, esa gran mujer, ciega, sorda y muda, estadounidense, que murió un primero de junio del 1968.

A 54 años de su partida aún nos sigue inspirando con aquella hermosa frase célebre suya, que nos dice:

“¿Por qué contentarme con seguir a rastras, si siento el anhelo de volar?”.

Costarricenses, compañeros y compañeras diputadas: ¡Hagamos que, como ella, toda la población con discapacidad sienta el mismo anhelo de volar!… Construyamos las condiciones para que realmente, ¡todos puedan hacerlo!

Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.

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