En América Latina hablamos con frecuencia de productividad, crecimiento y competitividad. Sin embargo, uno de los frenos más persistentes al progreso social ocurre en las calles y carreteras: las lesiones y muertes asociadas al transporte. No se trata solo de tragedias individuales; implican discapacidad permanente, pérdida de ingresos en los hogares, presión sobre los sistemas de salud y profundización de desigualdades territoriales.
El indicador Lesiones relacionadas con el transporte (DALYs por 100,000 habitantes), calculado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), forma parte del Índice de Progreso Social (IPS) dentro del componente de Seguridad Personal. Mide tanto los Años de Vida Perdidos por muerte prematura como los Años Vividos con Discapacidad. A menor valor, mejor desempeño. Y lo que muestran los datos para América Latina es claro: la región ha mejorado, pero avanza demasiado lento.
Contexto global y regional
En 2025, el promedio mundial se sitúa en aproximadamente 969 DALYs por cada 100,000 habitantes, mientras que América Latina y el Caribe registra 977. Es decir, la región se encuentra prácticamente en línea con el promedio global, pero lejos de los estándares observados en economías avanzadas.
Durante los últimos 15 años la tendencia regional ha sido descendente, lo cual evidencia avances. Sin embargo, la mejora no ha sido suficiente para cerrar la brecha estructural con los países de mejor desempeño. América Latina progresa, pero no converge.
Ganadores y rezagados en la región
El panorama regional es heterogéneo. En 2025, Panamá registra 570 DALYs por 100,000 habitantes, posicionándose como el mejor desempeño de América Latina. Le siguen Chile con 625 y Argentina con 632. En particular, Panamá se acerca, aunque aún con distancia, a estándares observados en países de la OCDE, lo que sugiere avances más consistentes en infraestructura vial, regulación y capacidad institucional.
En un grupo intermedio se encuentran países como Costa Rica (946), Guatemala (1,005), Perú (1,001), México (836) y Colombia (885). Todos se ubican cerca o ligeramente por debajo del promedio regional de 977, pero todavía muy lejos de los referentes internacionales más avanzados. Comparten un patrón similar: mejoras sostenidas hasta antes de la pandemia y repuntes recientes asociados al aumento de la movilidad, el crecimiento del parque vehicular, especialmente motocicletas, y limitaciones persistentes en fiscalización y diseño urbano.
En el extremo inferior del desempeño regional aparecen Ecuador y Bolivia, ambos con 1,524 DALYs por 100,000 habitantes, seguidos por Honduras (1,179) y El Salvador (1,117). En estos casos ya no se trata de fluctuaciones coyunturales, sino de déficits estructurales en infraestructura segura, gobernanza vial, cumplimiento normativo y capacidad de respuesta del sistema de salud. Las brechas son tan amplias que, en algunos casos, los niveles duplican o triplican los observados en países como Panamá o Chile.
Un problema sistémico y multifactorial
Las lesiones por transporte no responden a una sola causa. Son el resultado de fallas estructurales que interactúan entre sí.
1. Infraestructura deficiente.
Muchas ciudades siguen diseñadas bajo una lógica centrada en el automóvil. La ausencia de aceras seguras, ciclovías protegidas, cruces peatonales adecuados y medidas de calmado de tráfico incrementa el riesgo, especialmente en entornos urbanos densos.
2. Regulación débil y bajo cumplimiento.
La mayoría de países cuentan con normas sobre velocidad, alcohol y dispositivos de seguridad, pero la fiscalización suele ser inconsistente. Sin capacidad sancionatoria efectiva, la norma pierde efecto disuasivo.
3. Cultura vial.
Existe tolerancia social al exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol y bajo uso de casco o cinturón. Esto refleja déficits en educación vial y campañas sostenidas de prevención.
4. Sistema de salud y atención del trauma.
La respuesta prehospitalaria marca la diferencia entre la vida y la muerte. En contextos con atención fragmentada o lenta, accidentes potencialmente sobre vivibles terminan en muerte o discapacidad permanente.
5. Dimensión de equidad.
Peatones, motociclistas y poblaciones rurales concentran el mayor riesgo. Son también quienes enfrentan más barreras de acceso a infraestructura segura y atención oportuna, reforzando ciclos de vulnerabilidad.
En conjunto, estas fallas convierten la seguridad vial en un problema estructural de desarrollo, no solo de tránsito.
¿Qué funciona y por qué importa?
La evidencia demuestra que mejorar es posible. Los países con mejores resultados han implementado políticas sostenidas y coherentes en el tiempo: diseño urbano centrado en las personas bajo el principio de “cero muertes”, fiscalización efectiva de velocidad y alcohol, infraestructura segura para usuarios vulnerables, uso de datos para focalizar intervenciones y fortalecimiento de la atención de emergencias.
Estas acciones se alinean con el Enfoque de Sistema Seguro promovido por Naciones Unidas en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial y respaldado por la OMS y el Banco Mundial. El principio es claro: el error humano es inevitable, pero las muertes no lo son. La responsabilidad debe compartirse entre quienes diseñan las vías, regulan el sistema y lo utilizan.
Cada reducción en los DALYs asociados a lesiones de transporte se traduce directamente en más años de vida saludable. Menos muertes y menos discapacidad implican trabajadores que permanecen activos, hogares que no pierden ingresos abruptamente y sistemas de salud que liberan recursos para otras prioridades. Desde una perspectiva económica, la seguridad vial mejora la productividad y reduce costos médicos y sociales. Desde el progreso social, es una de las políticas públicas con mayor retorno social disponible.
Finalmente
América Latina ha avanzado, pero sigue pagando un costo demasiado alto en vidas y bienestar por sus sistemas de transporte. Las diferencias entre países demuestran que no es un destino inevitable. Mejorar la seguridad vial no solo salva vidas, acelera el progreso social, fortalece la competitividad y hace más seguras nuestras ciudades. En el Índice de Progreso Social, este indicador nos recuerda algo esencial: el bienestar colectivo también se mide en llegar a casa sano y salvo.