Las y los diputados de la Asamblea Legislativa, por reglamento tienen derecho a cinco asesores remunerados cada uno; un número que debido a los muchos y variados temas y problemas que están obligados a enfrentar y resolver nos parece razonable, siempre y cuando los asistentes sean personas capacitadas y por ende competentes en sus especialidades; amén de que sus nombramientos no sean el resultado del sempiterno “nepotismo”. Reiteramos una vez más, de que el Departamento Legal del Parlamento; debería obviar (posiblemente lo hace y no le dan esférico) el envío de muchos proyectos de ley a consulta de la Sala IV, con el fin de ahorrar tiempo y; dinero de los contribuyentes, además de resquicios políticos sin sentido, ya pasados de moda.
Los ministerios en su mayoría, tienen a completa disposición del titular; uno o más expertos en cada sección o departamento, para explicar; aclarar y sugerir cualquier duda que tenga el ministro, con énfasis en temas de orden técnico; muchas veces ajenos a la política, por consiguiente; aunque los asesores son de utilidad no se justificaría una cantidad excesiva de ellos, porque además; implicaría menospreciar la capacidad intelectual del ministro o ministra en sus funciones.
Podríamos seguir en la enumeración de los asesores, sin embargo el meollo del presente comentario consiste en una sola pregunta: “¿Cuántas y cuántos asesores pagados mantiene el Gobierno actual?”.
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