Tomas de televisión y varias informaciones en la prensa, dieron cuenta la semana pasada de la campaña emprendida por algunos líderes sindicales en contra de diputados de todos los partidos políticos. La barra del público, desde donde solo una amplia vidriera los separa de los diputados, fue escenario de gritos, insultos, mensajes ofensivos y todo tipo de manifestaciones amenazantes. La situación llego a tal extremo que el Presidente de la Asamblea Legislativa tuvo que detener la sesión en varias ocasiones y llamar al orden. Pero por si ello fuera poco, las redes sociales fueron inundadas de falsos mensajes muy bien elaborados técnicamente, así como por costosos recursos publicitarios. Todo ello bajo una sola consigna: Si los diputados se atreven tan siquiera a discutir los proyectos de empleo público o impulsar la educación dual los sindicatos se irán a la calle y suspenderán la prestación de servicios.
No me voy a referir a estos o a otros proyectos que están siendo objetados por los sindicatos. Lo que me interesa destacar es la amenaza que hay detrás de todas estas manifestaciones y que pretenden limitar el funcionamiento del Primer Poder de la República coaccionando a los representantes populares electos democráticamente a que ni siquiera discutan esos u otros asuntos.
Para cualquier persona que se precie de ser dirigente político, social o sindical, es harto conocido que el procedimiento para la formación de las leyes no es un asunto sencillo y muchos menos rápido. Los proyectos de ley recorren un camino reglamentariamente definido, que pasa por su presentación y publicación en el Diario Oficial, para luego ser asignado a una de las Comisiones ordinarias o especiales. Estas, usualmente formadas por siete o nueve representantes de todos los partidos políticos, inician un análisis que primeramente debe pasar por una subcomisión de tres de sus miembros la cual a su vez presenta un informe al resto de ellos. Este primer informe, debe ser aprobado, rechazado o como sucede muchas veces sustituido por otro texto.
Pasado ese filtro que puede durar varios meses, pasa entonces a la Comisión en pleno. Si el proyecto ha sido modificado a través de lo que se llama un texto sustitutivo, es necesario volverlo a publicar y es recién en ese momento cuando se inicia el periodo de audiencias, algunas obligatorias cuando afectan a una institución o a un grupo de interés, o bien facultativas cuando un diputado considera que es necesario hacer más consultas y nuevamente el proyecto puede ser modificado. Es durante esa fase que los grupos interesados expresan sus opiniones y pueden defender las enmiendas que consideren convenientes. No es extraño que un proyecto se deseche si las condiciones o las opiniones bien fundamentadas lo requieren. A los gremios interesados se les ha manifestado que serán escuchados en ese momento, como se hizo hace unos meses con un proyecto relacionado con los salarios del sector salud. Esta fase también puede durar varios meses, y el producto final puede llegar a ser, distinto de la propuesta inicial. Solo entonces, el proyecto llega al Plenario y aun así, reglamentariamente también existen los mecanismos para ser devuelto una vez más a Comisión si no se logra el acuerdo necesario para votarlo.
¡Asumo que usted, querido lector, estará cansado con solo leer ese larguísimo resumen de la ruta a seguir! Pero debo advertirle que me he quedado corta. El Reglamento Parlamentario ofrece todo tipo de herramientas para hacer avanzar, modificar o retroceder un proyecto. Es por ello inaceptable que líderes sindicales que conocen perfectamente este procedimiento, amenacen sin siquiera defender sus argumentos en un ambiente de respeto, de valoración técnica, política y de conveniencia nacional. Y más inaceptable aun, es que pretendan que ni siquiera el Parlamento pueda discutir cada uno de los temas de interés nacional.
Lo grave de todo este asunto no es la oposición a los proyectos. Lo grave es pretender que la toma de decisiones se traslade a la calle. La Constitución Política y nuestra investidura nos obligan a continuar de la mejor manera posible la función que los electores nos encomendaron.
Ojala los líderes sindicales valoren el significado de la democracia y las posibilidades de negociación política que nos ofrece. Las puertas del dialogo, repito, están abiertas.