La corrupción es un fenómeno tan antiguo en la historia de la humanidad como la propia civilización. Por lo tanto, el tema de la corrupción no es nuevo. El problema está muy arraigado en la sociedad y se agrava cada vez más en el mundo.
Sus consecuencias pasan por afectar el Estado de Derecho, del sistema democrático y económico actual.
Se le menciona como uno de los grandes problemas en las democracias avanzadas del siglo XXI, que hunde sus raíces en lo más profundo de la sociedad. Cuya trascendencia en el espacio y en el tiempo, traspasa fronteras, creencias y culturas.
Los orígenes de las conductas corruptas distan de ser únicamente económicos o políticos, y se adentran hasta en los terrenos de la vanidad, el egoísmo, la satisfacción personal, el ansia de poder o incluso el reconocimiento social.
Se citan como causas de la corrupción, las de carácter endógeno y exógeno. Dentro de las primeras encontramos las culturales, falta de ética, carencia de conciencia social, falta de educación o desconocimiento legal, por ejemplo y entre las segundas observamos: ineficiencia y mala calidad de los controles, discrecionalidad del funcionariado público, monopolios de estado, impunidad de los actos de corrupción, concentración de poderes y decisión en ciertas actividades del gobierno, el soborno, falta de transparencia, poca eficiencia de la administración pública, extrema complejidad del sistema y salarios bajos.
Los factores que influyen en el riesgo que puede incurrir, o percibir, se puede indicar por ejemplo un empleado público dispuesto a delinquir son múltiples y variados: restricciones legales, controles internos y externos, la posibilidad a ser delatado por compañeros u otras personas parte del proceso, etc.
Se hace necesario destacar el riesgo que enfrenta la democracia con relación a la corrupción. De no aumentar las acciones que la minimicen o eliminen a este flagelo. Nuestro sistema democrático puede quedar totalmente desvirtuado o perder su razón de ser, ya que la ciudadanía comienza a perder confianza en éste y dejar de apreciar sus beneficios.
La corrupción ha permeado a nuestro país, por lo que se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. En una encuesta publicada en noviembre del 2021 por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) se revela a la corrupción con un 23,7 %.
Aunque el Estado cuente con exhaustivas leyes administrativas y penales para sancionar y prevenir la corrupción, éstas no cumplirán de manera efectiva con su labor si no se cuenta con unos procedimientos fuertes y completos, basados en los principios de publicidad y transparencia, y participación ciudadana que permitan asegurar que las leyes anticorrupción son respetadas, así como mecanismos institucionales eficientes de control, monitoreo y buena gobernanza.
El papel de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción no se puede dejar de lado, tal como se indica en la 10 Edición del Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional mencionando que la mayoría de los ciudadanos destacan que ellos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.
El fortalecimiento de la participación ciudadana es pieza clave de la lucha contra la corrupción: una ciudadanía participante, informada sobre las listas electorales participando en el bloqueo de aquellos candidatos indeseables por sus actuaciones no trasparentes; una ciudadanía que está atenta a los procesos licitatorios y de contratación pública en general; asociaciones profesionales y empresariales que impulsen códigos de ética y de conducta para luchar contra los actos de corrupción empresarial o profesional en la ilegal búsqueda de la adjudicación de contratos estatales. Todo ello debe impulsarse tenazmente para que la sociedad se sume en la lucha contra la corrupción.
Por lo tanto, la sociedad civil, debería tener un rol importante en la detección y denuncia de los actos de corrupción; señalando a los corruptos, para así vigilar y obligar al cumplimiento de las leyes.
A raíz de los reiterados hechos de corrupción que han agobiado a nuestra sociedad, en los diferentes sectores que la conforman, y muy particularmente en el público. Es el momento para que los costarricenses sensatos y honestos, realicemos una acción decida y frontal por el rescate de los valores y combate de la corrupción.
Para que los ciudadanos podamos ejercer un rol importante contra la corrupción se hace necesario dotarlos de instrumento legal, estableciendo un órgano con participación de los ciudadanos, como la creación de las Contralorías Ciudadanas Anticorrupción a nivel cantonal; integradas por ciudadanos y ciudadanas íntegras, que trabajen ad honorem y de manera estrecha con la Contraloría General de la República. Así mismo puedan acceder a información pública de manera ágil y oportuna, canalizar de manera apropiada quejas y denuncias de los ciudadanos con relación al accionar de funcionarios públicos, promover la capacitación y formación en valores éticos y morales y proponer mejoras en el control de la gestión de las diferentes dependencias públicas establecidas en el cantón, garantizando un servicio eficiente y de calidad para la ciudadanía.
Las Contralorías en mención se convertirían en las vigilantes permanentes del accionar de las instituciones y funcionarios públicos, con el consecuente beneficio para nuestra sociedad.
La máxima que conduzca nuestra vida con relación a la integridad, debería ser que ésta sea un valor a observar y proteger en cualquier actividad que desarrollemos.
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