Haber abolido el ejército desde cualquier punto de vista es un hito histórico que define nuestra nacionalidad.
En medio de un contexto inestable marcado por golpes de Estado y guerras civiles, Costa Rica decidió confiar en la promesa nacida tras la Segunda Guerra Mundial de una seguridad común garantizada por acuerdos y organismos internacionales. Una decisión audaz que fue sometida a prueba en numerosas ocasiones desde 1949. Así sucedió en 1955, en 1978 y en 2011, sin olvidar el proceso que durante la segunda mitad de los años ochenta contribuyó, de la mano del presidente Oscar Arias, a evitar que nos involucráramos militarmente en uno de los últimos estertores de la Guerra Fría, al mismo tiempo que permitió el establecimiento de la paz en Centroamérica y el nacimiento de nuevas democracias.
El 1 de diciembre no debe celebrarse sola y simplemente un hecho del pasado, sino una política plenamente vigente, cuyos efectos moldean nuestro presente y se proyectan hacia el futuro. Comprenderlo depende de considerar al menos dos aspectos que por supuesto, no agotan el tema.
El primero es uno del que casi nadie duda. Me refiero a la certeza de que el presidente Figueres, la Junta Fundadora de la Segunda República y los constituyentes de 1949 entendieron que, para el desarrollo del país, era mejor destinar aquellos recursos a salud, educación e infraestructura. De hecho, el Observatorio del Desarrollo de la UCR asegura que entre 1950 y 2010 dicha decisión generó el aumento de casi un punto porcentual en el crecimiento anual promedio del PIB per cápita.
El segundo aspecto no se relaciona con los recursos que el país reorientó para impulsar su desarrollo, sino directamente con su política de seguridad. Algo cuya comprensión requiere tener en mente lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política, que manda:
“Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.”
Pues bien, después de la abolición del ejército el país garantizó la seguridad de los costarricenses mediante su política exterior y la operación de dos cuerpos de policía denominados Guardia Civil y Guardia Rural. A la par de las cuales surgieron otros que desaparecieron o evolucionaron hasta especializarse como sucedió con el Organismo de Investigación Judicial.
Desde el 26 de mayo de 1994 la Ley General de Policía, n° 7410, canalizó nuevos avances en la organización y profesionalización de las fuerzas de seguridad. Las diferentes administraciones han contribuido desde entonces a mejorar la capacidad policial en cada uno de los campos relacionados con la seguridad, entendida esta en el sentido más amplio e integral.
La modernización de los cuerpos de policía del país se dio al mismo tiempo que la naturaleza de las amenazas internas y externas a la seguridad evolucionó después de la Guerra Fría. Con toda confianza podemos decir que con el auge del crimen organizado transnacional y la manera como se entrelaza con una serie de factores de riesgo, el alcance y la peligrosidad de los desafíos a la integridad territorial, a la seguridad del Estado, al orden público y a la seguridad ciudadana, son mayores en el presente.
Lo dicho se relaciona directamente con la vigencia de la abolición del ejército porque aquella decisión y la manera cómo el país concibió posteriormente su seguridad y los instrumentos para garantizarla, hacen que nuestro modelo sea especialmente efectivo para cumplir con esta responsabilidad. Otra cosa es cómo juzguemos la política de la administración actual en este campo.
Se trata de una tarea compleja y delicada para la que no están ni concebidos ni preparados los ejércitos en general y los latinoamericanos en particular. Una situación que es fuente de un permanente conflicto entre los esfuerzos por garantizar la seguridad y proteger los derechos civiles y políticos, alimentando falsas contradicciones entre ambas prioridades.
No estoy comparando a nuestra Fuerza Pública con las fuerzas militares de otros estados, lo que estoy diciendo es que dada la evolución de las amenazas a la seguridad, la existencia de los ejércitos tiene cada vez menos justificación. De hecho, ahí donde la amenaza del crimen organizado superó la capacidad de los cuerpos de policía y echaron mano de las fuerzas armadas, como en México, la decisión fue un fracaso que multiplicó la violencia.
La reflexión anterior me lleva finalmente a insistir en la existencia de una campaña silenciosa, cuyo propósito es cuestionar y descalificar esta decisión. La majadería de intentar desacreditar la abolición del ejército, citando cifras inexactas sobre la inversión en seguridad para hacer comparaciones manipuladas con el porcentaje del PIB que destinan a este fin otros países de la región, es parte de este vil esfuerzo.
Recordemos que nunca renunciamos a garantizar nuestra seguridad, y segundo, que nuestro país se ubica geográficamente en una zona de alto riesgo que obliga a invertir fuerte, inteligente y de manera permanente en este campo.
Desgraciadamente aquel truco no es un hecho aislado, sino parte del histórico ataque a una decisión que siempre incomodó a extremistas de distinto signo, cuyos argumentos no resisten la menor comparación con la realidad costarricense.
La Izquierda que se reagrupó en eso que llaman “Socialismo del s. XXI” persiste en este vano intento. Confundir los esfuerzos destinados a mejorar la organización, equipamiento, profesionalización y capacidad operativa de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos de policía del país con su militarización, acusándolos además de represión, no es un error. Es un esfuerzo deliberado por desacreditar el buen nombre de Costa Rica. Por esta razón, los representantes locales de esa izquierda no dejan de repetir cada vez que tienen oportunidad el discurso de Daniel Ortega que compara maliciosamente la Fuerza Pública con un ejército. Buscan así, congraciarse con sus compadres de Managua, La Habana y Caracas.
La realidad es distinta. El 1 de diciembre celebramos una decisión que por razones actuales y renovadas trasciende el pasado y el presente, proyectándose al futuro como un hito de nuestra historia que el país debe promover a nivel internacional como la mejor forma de mejorar la seguridad regional y la lucha contra el crimen organizado.
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