La crisis económica que ha afectado a Costa Rica en los últimos años ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra población adulta mayor. Ante esta situación, la discusión sobre el Expediente N° 24.955 se vuelve no solo pertinente, sino esencial. Este proyecto busca devolver los ahorros acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) a los pensionados y trabajadores, un gesto que representa un acto de justicia y dignidad para quienes han dedicado su vida al trabajo.
El ROPC goza de una sólida salud financiera, con activos que ascienden a 14.1 billones de colones, lo que equivale aproximadamente al 25% del Producto Interno Bruto del país. Esto demuestra que, a pesar de las críticas, el fondo tiene la capacidad de operar con normalidad y crecer, incluso tras una devolución parcial de los ahorros. La idea de devolver estos recursos no es un capricho, sino una necesidad que se alinea con los principios de equidad y justicia social.
Las afirmaciones del superintendente de la SUPEN, Hermes Alvarado Salas, sobre los riesgos de un retiro masivo son, en muchos aspectos, infundadas, buscando sembrar el temor sin argumento alguno . Su preocupación de que cualquier posibilidad de retiro socavará el sistema de pensiones ignora la realidad actual del ROPC. La rentabilidad real del sistema, que ha sido positiva en los últimos años, sugiere que la estabilidad del fondo no se verá comprometida por la devolución de ahorros. Además, el impacto en las finanzas del ROPC sería mínimo, considerando que el porcentaje de trabajadores que optaría por este retiro está bien por debajo del total de afiliados, representando tan solo un 2.7% de los aportantes al fondo, situación o escenario que jamás será probable.
Alvarado sostiene que la venta anticipada de instrumentos de largo plazo afectaría el valor de estos en el mercado, para lo cual debo señalar que carece de toda realidad y no se requerirá de ninguna venta anticipada, por cuanto los aportes de los contribuyentes y la rentabilidad del fondo que se genera, permitirá cubrir con creces los retiros programados y posibles y además generará remanentes permanentes para que el fondo continúe creciendo.
Sin embargo, la realidad es que el adecuado manejo de la liquidez permitiría a las operadoras logra gestionar sin comprometer el valor de los activos, protegiendo así a los afiliados que no deseen retirar sus recursos. La preocupación por las presiones inflacionarias y las tasas de interés no es válida, por cuanto el retorno de los ahorros a los trabajadores no puede ser considerado un retiro masivo perjudicial, dado que ese escenario no viable con forme la propuesta del texto sustitutivo.
La propuesta de devolver estos ahorros no solo se trata de un rescate financiero; es una forma de restablecer el derecho de los trabajadores a disponer de sus propios recursos. Esto contribuye a la equidad social y a la dignidad de los trabajadores, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero. Además, esta medida no genera cargas adicionales al Estado, sino que ofrece soluciones reales a las necesidades a una parte de la población adulta mayor, quienes enfrentan desafíos como deudas, vivienda y atención médica.
Es fundamental entender que el proyecto de ley N° 24.955 y el texto sustitutivo presentado recientemente, integra las principales inquietudes y reformas de otros proyectos similares en la corriente legislativa, ofreciendo una solución integral que beneficia a los trabajadores y pensionados. La autonomía y dignidad de los trabajadores deben ser prioritarias en nuestra agenda legislativa.
El argumento de que un retiro masivo podría llevar a la pobreza en la vejez no se sostiene al considerar que las condiciones actuales del ROPC permiten que los trabajadores accedan a sus ahorros sin comprometer la estabilidad del sistema. La realidad es que la falta de acceso a estos recursos puede llevar a la desesperación y a un futuro incierto para muchos jubilados, lo que es inaceptable.
Por lo tanto, insto a todos los legisladores a que reconsideren su postura y apoyen el Expediente N° 24.955. Esta iniciativa representa un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores, así como en la consolidación de un sistema previsional más humano y flexible, acorde con los principios del Estado Social de Derecho costarricense. La aprobación de este proyecto no solo es una medida económica; es un acto de justicia social que devolverá la dignidad a nuestros pensionados y trabajadores.
