Durante los últimos días se acentuó la diferencia de criterios que existe entre el Ejecutivo y diputados de diferentes partidos políticos, en torno a dos proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa y que impulsan la la creación de un fondo que le garantice a los ahorrantes su dinero en caso de la quiebra de alguna entidad financiera. La idea es mantener la confianza en el sistema financiero y evitar las corridas bancarias.
La piedra en el zapato es si los bancos estatales deben participar en la creación de ese capital, pues mientras el Ejecutivo sostiene que no es necesario en virtud de la “garantía del Estado” sobre los depósitos, los diputados y otros sectores (incluso el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco Central) argumentamos que todas las entidades bancarias deben estar incluidas.
Y ése es justamente el punto medular de la discusión. La “garantía del Estado” no es un fondo o un recurso que esté disponible en este momento, así que en caso de un grave problema financiero en un banco estatal, el gobierno tendrá que recurrir a préstamos internacionales, la emisión de las letras del tesoro o bien a la creación de nuevos impuestos para conseguir el dinero y hacerle frente a una crisis.
Quienes dicen que los bancos públicos no pueden quebrar tienen que recordar la historia del Banco Anglo Costarricense, cuyo cierre nos costó a los costarricenses alrededor de 35 mil millones de colones y supuso un elevadísimo costo social. Hoy este monto podría ser cinco veces mayor.
La garantía de depósitos cubriría al país en caso de una crisis como la que se experimentó con el Anglo, ayudaría a bajar la expectativa de riesgo sobre las entidades bancarias y le permitiría a las autoridades supervisar en forma adecuada los activos de las entidades financieras, para hacer más eficiente la recuperación de los ahorros de la gente en caso de ser necesario. Además, le elimina a todos los costarricenses la contingencia fiscal de tener que pagar de su bolsillo una crisis financiera.
La existencia de una garantía de este tipo reduce o elimina el temor de los depositantes de que, si no retiran rápidamente su plata, se pudieran quedar sin su dinero. Al contar con la seguridad de un fondo, se garantiza la estabilidad financiera del país.
En forma adicional, la participación de todos los bancos en la creación de este fondo es un requisito para que Costa Rica pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que vela por la aplicación de las mejoras prácticas de las naciones que lo conforman.
El Ejecutivo insiste en no ceder en su posición y por eso su texto no incluye a los bancos públicos en la creación del fondo, lo cual pone en riesgo años de trabajo para lograr la adhesión del país a la OCDE.
Los diputados creemos que todos los bancos deben participar de esta iniciativa, que fundamentalmente protege a los pequeños ahorrantes. Hay que terminar con esta discusión y concentrarse más bien en cuáles otros pasos el país debe dar para fortalecer la estabilidad financiera y mantener la confianza en el sistema.
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