Me siento profundamente comprometida con este país, me preocupa la creciente inseguridad que vivimos en nuestros barrios. Cada día escucho historias de vecinos que sienten temor al caminar por sus propias calles, comercios que cierran más temprano y familias que reorganizan su vida para evitar riesgos. La inseguridad dejó de ser un fenómeno aislado: hoy condiciona la convivencia y erosiona la confianza social.
He aprendido que la seguridad no se construye solo desde los ministerios, sino desde el territorio. Por eso creo firmemente que el país debe fortalecer el papel de los gobiernos locales. La experiencia que impulsamos en San José, lo demostró: extender la Policía Municipal a los once distritos y declarar emergencia cantonal por inseguridad permitió coordinar respuestas más rápidas y cercanas. Cuando la municipalidad actúa, la comunidad participa; cuando ambas conversan, las soluciones empiezan a aparecer.
Esa vivencia, sumada a los aportes del Eje de Seguridad y Justicia, confirma algo esencial: la seguridad es local, y sin presencia territorial ningún esfuerzo nacional será realmente efectivo. Lo que probamos en San José —coordinación, prevención social y tecnología— puede replicarse perfectamente en todo Costa Rica.
Por eso creo que la Asamblea Legislativa debe impulsar una Ley de Seguridad Comunitaria y Policía Local. Esta ley debe articular de manera clara a los gobiernos locales con el Ministerio de Seguridad Pública, definir responsabilidades y permitir que las municipalidades participen activamente en prevención, patrullaje inteligente y protección del espacio público. No podemos seguir tratándolas como actores secundarios cuando son, en muchos casos, la primera puerta a la que toca la ciudadanía.
La ley también debe garantizar recursos estables para crear centros distritales de seguridad, donde convivan policías municipales, gestores comunitarios, trabajadores sociales y programas para jóvenes en riesgo. La seguridad moderna exige más que presencia policial: requiere educación, cultura, deporte y acompañamiento a las familias. Prevenir siempre es más efectivo —y menos costoso— que reaccionar.
A esto debemos sumar el uso inteligente de la tecnología. Hoy es indispensable integrar cámaras, sensores, sistemas de alerta y mapas de calor del delito. La tecnología, combinada con acción comunitaria, reduce delitos y aumenta la sensación de tranquilidad. Tenemos la capacidad técnica para hacerlo; solo falta voluntad política y claridad de prioridades.
Mi preocupación es real, pero también lo es mi convicción de que podemos recuperar la paz en nuestros barrios. Costa Rica no puede acostumbrarse al miedo. Necesitamos una política de seguridad preventiva, humana y coordinada entre Estado, municipios y ciudadanía. Si fortalecemos lo local y articulamos lo nacional, podremos devolverle a cada familia el derecho fundamental de sentirse segura.
La seguridad empieza en el barrio. Y desde ahí, juntas y juntos, podemos reconstruir la confianza y la esperanza que el país necesita.