La decisión de Costa Rica de cerrar su embajada en Cuba no fue una excentricidad diplomática. Fue, en realidad, una de las pocas respuestas moralmente coherentes que una democracia latinoamericana podía adoptar frente a un régimen que no solo ha vaciado de contenido las libertades públicas, sino que además ha convertido la miseria material en una forma de dominación política. Ya desde el 16 de febrero de 2026 la propia Cancillería costarricense estaba recomendando a sus nacionales abandonar la isla mientras hubiera vuelos comerciales, por el agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos. El 18 de marzo, el Gobierno dio el paso que seguía naturalmente: cerrar la embajada, rechazar la legitimidad del régimen cubano y dejar únicamente la vía consular.
Lo primero que hay que aclarar es que ningún Estado democrático está obligado a fingir normalidad frente a una dictadura. El derecho internacional no impone una especie de cortesía automática entre gobiernos, como si todos merecieran el mismo trato solo por ocupar un asiento en la ONU. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es clarísima al establecer que las relaciones diplomáticas permanentes existen por consentimiento mutuo. Y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares también deja claro que la ruptura o degradación del vínculo diplomático no implica automáticamente eliminar el canal consular. O sea, Costa Rica puede seguir atendiendo a personas sin seguir honrando políticamente al aparato que las oprime. Ese punto destruye de entrada la crítica socialista de que cerrar la embajada era un acto “irresponsable”. No. Era un acto de clasificación moral y jurídica.
Además, en el sistema interamericano la democracia no es un adorno retórico, sino un estándar normativo. La Carta Democrática Interamericana afirma que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. También define como elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, las elecciones libres y justas, el pluralismo partidario y la separación de poderes. A la luz de esos mínimos, Cuba no es una democracia imperfecta ni una democracia “con otro modelo”. Cuba es la negación estructural de esos requisitos. Es un Estado comunista de partido único que prohíbe el pluralismo político, veta los medios independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas.
La evidencia empírica es devastadora. El 17 de marzo de 2026 hubo un apagón nacional que dejó a los 10 millones de habitantes del país en la oscuridad, y que incluso antes del colapso total los cubanos ya estaban soportando 16 o más horas diarias sin electricidad. Tres días después, la misma agencia documentó a residentes de La Habana cargando baldes y esperando camiones cisterna porque la falta de electricidad había paralizado el bombeo de agua. Eso ya no describe una mera crisis económica. Describe un Estado fallido en lo esencial, pero armado para reprimir. Un régimen que no puede garantizar luz ni agua, pero sí vigilancia, censura y castigo.
Pero esto no es ideología, son datos: entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 Cuba sufrió 5 apagones nacionales; en julio de 2025 el propio ministro de Salud reconoció que solo el 30% de los medicamentos de la lista esencial estaba disponible, y un sondeo citado por Human Rights Watch señaló que 7 de cada 10 cubanos se saltan comidas todos los días y que más de la mitad tiene dificultades para comprar lo indispensable.
Por otro lado, tampoco estamos ante un régimen meramente autoritario en abstracto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado en Cuba apagones de internet, arrestos domiciliarios, vigilancia, detenciones arbitrarias, multas, citaciones e interrogatorios dirigidos especialmente contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En su informe anual de 2024, la CIDH también recogió condenas de hasta 14 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y recordó que el delito de sedición ha sido usado con amenazas de penas de hasta 30 años, cadena perpetua e incluso pena de muerte en circunstancias excepcionales. Amnistía Internacional, por su parte, documentó detenciones arbitrarias contra artistas, intelectuales y otras voces críticas, incluso dentro de sus propias casas.
Ahora bien, para que el argumento sea intelectualmente sólido, hay que reconocer que el embargo estadounidense sí agrava la situación cubana. Negarlo sería propaganda. Pero aun concediendo que las sanciones empeoran la escasez, la raíz del problema sigue estando en la dictadura comunista cubano, en su fallido modelo económico y en su incapacidad para producir y distribuir riqueza de forma eficiente. Además, si la principal razón por la que un país comunista fracasó es que no puede comerciar con el mayor mercado capitalista del mundo, resulta especialmente irónico que su supervivencia dependa precisamente de aquello que dice combatir.
El embargo puede agravar el derrumbe material, pero no explica ni absuelve la arquitectura política de la opresión. El partido único no lo impuso Washington. La censura no la redactó la ONU. Las detenciones arbitrarias, la persecución al periodismo independiente, la ausencia de pluralismo, la criminalización del disenso y el uso del aparato penal contra la protesta no son efectos secundarios del bloqueo, sino decisiones internas del régimen. El embargo puede agravar el derrumbe material, pero no absuelve la arquitectura política de la opresión.
De hecho, en el plano internacional esta decisión costarricense marcó una distinción entre pueblo y régimen. Costa Rica no dejó sin protección a los cubanos ni anuló toda comunicación. Mantuvo el canal consular, justamente porque el objetivo no era castigar a las personas, sino negarle al aparato estatal cubano el beneficio simbólico de una relación diplomática normal. Esa diferencia importa muchísimo. En política exterior, muchas veces la cobardía se disfraza de pragmatismo. Se dice que hay que seguir hablando con todos, que no hay que “aislar”, que la diplomacia requiere serenidad. Pero con demasiada frecuencia eso termina significando una sola cosa: seguir tratando como interlocutor respetable a quien no respeta ni a su propia población.
Pero hay un elemento que desconcierta a cualquiera con sentido común: mientras Cuba colapsa, hay quienes viajan a “defender” el modelo desde una burbuja de privilegio que roza lo obsceno. En marzo de 2026, llegó a la isla el llamado “Convoy Nuestra América”. Más de 600 “activistas” y figuras políticas de izquierda aterrizando en un país en crisis, no para vivirla, sino para escenificarla. Y aquí es donde la narrativa se les rompe por completo. Porque mientras millones de cubanos no tienen acceso a necesidades básicas, estos visitantes fueron alojados en hoteles de lujo, con piscinas, aire acondicionado y servicios premium, completamente desconectados de la realidad cotidiana. No estamos hablando de sobrevivir en las condiciones que dicen defender. Estamos hablando de consumir una experiencia política desde el confort.
La ayuda que llevaron, unas pocas toneladas de insumos, fueron un gesto meramente simbólico frente a la magnitud del colapso. Es decir, mucho espectáculo, poca incidencia real. Y para rematar, gran parte de esa ayuda terminó canalizada a través del propio aparato estatal cubano, el mismo que controla la distribución, decide quién recibe qué y utiliza la escasez como mecanismo de control social.
Entre los participantes estuvieron figuras como Pablo Iglesias, un exvicepresidente español que se dedica a criticar el sistema mientras vive cómodamente dentro de él; Jeremy Corbyn, un veterano político británico obsesivamente antioccidental que lleva décadas justificando lo injustificable; y Hasan Piker, un streamer millonario que se vende como socialista mientras factura como influencer, quienes han sido duramente criticados por minimizar la gravedad de la crisis mientras se encontraban en entornos privilegiados dentro de la isla. Esa contradicción no es menor. Es el corazón del problema.
Porque al final, lo verdaderamente indignante no es que exista solidaridad internacional, es la incoherencia brutal entre el discurso y la práctica. Defender un sistema que produce escasez estructural mientras se lo experimenta desde el lujo NO es solidaridad, es socialismo. Es convertir la tragedia de un país en un escenario para reafirmar convicciones propias sin asumir ninguna de sus consecuencias.
Cuba no necesita que el mundo siga repitiendo la liturgia vacía de las relaciones cordiales. Cuba necesita que las democracias dejen de comportarse como si el problema fuera solo económico. No lo es. El problema cubano es político, institucional y moral. Frente a eso, mantener una embajada abierta no era sensatez diplomática. Era complicidad ceremonial.
El gesto costarricense no cambia por sí solo la realidad cubana, pero sí cambia algo importante en la región. Le recuerda a América Latina que la diplomacia no tiene por qué ser una lavandería moral para autocracias envejecidas. Le recuerda que el lenguaje de los derechos humanos pierde todo valor cuando se usa selectivamente. Y le recuerda, además, que una democracia se degrada cuando empieza a considerar “normal” relacionarse normalmente con un régimen anormal. Costa Rica no liberó a Cuba. Pero hizo algo que muchos gobiernos libres llevan años negándose a hacer: dejar de llamar interlocutor legítimo a quien gobierna como carcelero.
