La prescripción de un delito es una jurisprudencia que se aplica cuando ha transcurrido demasiado tiempo; desde el inicio de un juicio que por causas de varia índole no se ha llevado a término, por tanto prescribe; que significa no ejercer la acción penal sobre el delincuente, que queda libre; a todas luces, es un adefesio legal que se llama “impunidad”; cuya solución podría ser factible en archivar el expediente, sin eliminarlo y olvidarlo por completo; porque existe siempre la eventualidad de una investigación, aunque tardía; que pudiera reabrir el caso.
Siguiendo en el tema de la Justicia, en Italia; el país del Derecho Romano, no hace mucho tiempo; a un evasor del fisco, lo mandaban “ipso facto” a la cárcel y una vez purgada la condena, el hombre regresaba su casa; donde con engaño había ocultado adrede y de antemano el dinero destinado al pago para el Erario, prefiriendo ir a la cárcel en lugar de pagar el tributo. “Papá Fisco” ni lerdo ni perezoso, erogó una nueva ley; de corte Maquiavélico, que en la actualidad; obliga al infractor a escoger entre ir a la cárcel o pagar el impuesto, que de cumplir con la segunda opción; quedaría libre, también en la hoja de sus antecedentes penales; una alternativa que produjo una merma considerable del hacinamiento carcelario (Sic).
En Costa Rica la Fiscalía está investigando a los magistrados por el supuesto aumento indebido de sus salarios, que dicho sea de paso; a nuestro ver deben ser altos y no para ahuyentar la corrupción, sino porque juzgar a los demás seres humanos; en buen tico, “no es galleta”, debido a la honestidad, al estudio y a la imparcialidad imprescindible de los administradores de Justicia.
Como es del conocimiento público; la Fiscalía General de la República, pertenece al Poder Judicial, cuyos magistrados por ley; a su debido tiempo, nombran al Fiscal General; con todo respeto y sin la menor intención de una posible suspicacia, opinamos que la misión de la Fiscalía es; entre otras, de velar y proteger a todos los costarricenses, por antonomasia está en contacto estricto con la Defensoría de los Habitantes; porque en definitiva y valga la redundancia la Fiscalía es el Ministerio Público del País.
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