La pobreza y la desigualdad social son fenómenos interrelacionados que afectan profundamente a las sociedades contemporáneas. La pobreza implica la carencia de recursos para satisfacer necesidades básicas, mientras que la desigualdad social se refiere a la distribución inequitativa de estos recursos y oportunidades.
Ambos están profundamente ligados a las relaciones sociales dentro del sistema capitalista, donde la acumulación de capital se sustenta en la explotación del trabajo.
En Costa Rica, la tasa de pobreza se situó en un 20,61% en febrero de 2024, lo que refleja una leve reducción en términos estadísticos, con respecto al mismo mes de 2023. Sin embargo, este dato es cuestionable y merece un análisis más profundo.
La realidad cotidiana muestra un agravamiento y precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto se evidencia en el aumento constante de los precios de los productos de la canasta básica, cuyo crecimiento desproporcionado en relación con los salarios, afecta a quienes aún tienen empleo formal y, de manera más significativa, a quienes ocupan trabajos informales.
Precisamnete, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), aproximadamente un 40% de la población trabajadora está en la informalidad, lo que en muchos casos implica la vulneración de sus derechos laborales.
Además, iniciativas como el aumento de la jornada laboral agravarían la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Este tipo de legislación no toma en cuenta las realidades de quienes deben compaginar el trabajo con responsabilidades de cuidado, como la mayoría de las mujeres, ni de la población joven que estudia y trabaja, lo que profundiza las desigualdades existentes.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, hacemos un llamado urgente a la sociedad, para visibilizar esta realidad y exigimos a las autoridades competentes y al Estado, una respuesta inmediata. No se trata de cifras abstractas, sino de cientos de personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, que no tienen lo necesario para vivir dignamente.
Denunciamos el progresivo desmantelamiento de las políticas sociales y la falta de voluntad política de algunos sectores políticos y económicos, para abordar esta problemática con la urgencia que requiere.
