Todavía no se me olvida y continúo horrorizado cuando hace unas semanas los sindicatos de la educación señalaron que la afectación a los estudiantes era un “daño colateral”. Sobre esta frase es importante señalar que ya hace un tiempo la frase se popularizó para referirse a efectos no previstos en la guerra o por ataques de la policía cuando se afectaban a personas inocentes.
La frase se volvió tan políticamente correcta y popular que para el año 2002 Hollywood produjo una película, la cual fue protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger, con ese mismo nombre. La película, si bien fue un fracaso, tanto en su trama como en su recaudación, dejó patentada una frase que a su vez, de forma muy perversa pretende justificar las afectaciones que con sus incorrectas actuaciones perjudican a las personas.
En otro orden de ideas, resulta necesario recordar que la Sala Constitucional ha definido, en primera instancia, que en la hermenéutica constitución debe privar el derecho a la vida y por consiguiente el derecho a la salud. Aunado a lo anterior, señala la Sala Constitucional que existen tres perspectivas: la stacto céntrica, que se refiere a una visión favorable al Estado, una visión adultocéntrica, es decir que se enfoca en los criterios y formación de las personas adultas, y la infantocentrica, que coloca a los niños en el centro de la sociedad, siendo que las decisiones del estado y de las personas adultas deben estar enfocadas en el mayor bienestar de las personas menores de edad.
A pesar de lo señalado, la misma Sala Constitucional, los tribunales de trabajo, los y las diputadas y hasta la misma Defensoría de los Habitantes han asumido una posición muy cómoda, en donde desde el silencio es políticamente correcto aceptar ese daño colateral, es decir que el derecho a la educación se haya suspendido hace más de dos meses y que no parece ser importante
Es decir, según su comodidad, la posición que importa es la sindical, la suspensión del curso lectivo es una situación socialmente aceptable.
Quisiera ver a la toda poderosa Sala Constitucional dándole audiencia a los sindicatos de educación y emitiendo una resolución en donde pondere los derechos fundamentales de educación y de sindicalismo y determine cuál es la visión sobre ellos. Tantas veces que ha repetido que el derecho a la educación debe entenderse como un servicio público, que no puede ser suspendido, pero al parecer, cuando verdaderamente deben pronunciarse, los señores magistrados simplemente se quedan callados.
Quisiera ver a los poderosos señores diputados llamando a cuentas a los sindicalistas y cuestionándolos sobre cuánto más pretenden mantener la afectación a los estudiantes, a sabiendas que el Ministerio de Educación Pública no puede resolver una huelga que versa sobre la modificación de las cargas impositivas y no se refiere a políticas educativas.
Quisiera ver a la Defensoría de los Habitantes pronunciándose sobre la huelga en lugar de limitarse a presentar un recurso de amparo, sin ningún valor agregado, en contra del MEP. Que haga lo que está llamada a hacer. Don Juan Manuel, es muy simple presentar un recurso de amparo y esperar que la Sala Constitucional resuelva, pero, a dónde está su voz, la voz de quien está llamado a defender al pueblo.
Por supuesto, también quisiera que los tribunales de trabajo entendieran que no son tres gatos los que están afectados, sino más de un millón de estudiantes, que están poniendo en riesgo su presente y su futuro y resolvieran con la celeridad que se necesita.
En conclusión, este movimiento huelguístico ha demostrado que cuando las instituciones creadas para proteger a los costarricenses deben pronunciarse ante situaciones verdaderamente importantes, el silencio las acompaña desde el principio a fin.
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