En las últimas décadas, Costa Rica ha apostado por una lucha constante contra la corrupción. Los índices de percepción de la corrupción (IPC) revelan un país que, aunque ha generado acciones para enfrentar esta lucha, permanece estancado en su objetivo para erradicar este mal. Con una calificación de 55 puntos sobre 100 en 2023, y ocupando la posición 45 a nivel mundial, no ha logrado mejorar su ranking de manera significativa desde 2018.
La implementación de leyes como la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (2004) y la Ley de Contratación Pública, así como la creación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), muestran la intención por parte del Estado para combatir la corrupción. Sin embargo, estas medidas no han logrado cambiar sustancialmente la percepción pública ni la realidad. Los procesos judiciales siguen siendo lentos, y los mega casos de corrupción, han cercenado aún más la confianza en las instituciones.
Desde la perspectiva del Partido Creemos, la verdadera raíz del problema no radica en la falta de leyes o instituciones, sino en un sistema burocrático excesivo que genera las condiciones perfectas para que la corrupción prospere. Costa Rica ha caído en una paradoja: enfrentamos un sistema donde el exceso de burocracia no solo es el origen del problema, sino que se presenta como la solución. Cada nuevo caso de corrupción se responde con más leyes, más instituciones y más funcionarios, alimentando un ciclo interminable donde la corrupción sigue viva en las entrañas del sistema.
La corrupción no se soluciona creando más leyes ni reforzando la institucionalidad. En lugar de atacar el problema en su origen, los gobiernos se han dedicado a construir más capas burocráticas que asfixian al ciudadano y crean más oportunidades para el abuso de poder. Cada trámite, cada nueva regulación que se impone al ciudadano, abre la puerta a la discrecionalidad, el favoritismo y la corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) refleja la realidad: estamos estancados. Y este estancamiento no se debe a una falta de leyes, sino a la incapacidad del sistema para simplificar procesos, hacerlos eficientes y eliminar el exceso de tramitología. Cuando el ciudadano se ve obligado a navegar por un laberinto de trámites complejos y lentos, la corrupción encuentra su lugar para florecer.
¿Cómo solucionamos el problema? La respuesta está en transformar lo complejo en simple y rápido. No necesitamos más leyes, necesitamos menos burocracia. Necesitamos un sistema ágil, donde el ciudadano tenga claridad, transparencia y rapidez en los procesos. Solo así se podrán cerrar las puertas a la corrupción, eliminando las oportunidades para que el abuso de poder ocurra.
En Partido Creemos, creemos que el ciudadano debe estar por encima de las instituciones. La corrupción es el resultado de un sistema que se ha olvidado del ciudadano, que ha colocado a las instituciones como el fin último, en lugar de ser herramientas al servicio del pueblo. Por eso, simplificar la tramitología no es solo una medida anticorrupción, es un principio fundamental para devolverle al ciudadano el control sobre su vida y su desarrollo.
La histeria anticorrupción en la que vivimos nos lleva a institucionalizarla aún más. Cada nueva ley, cada nueva institución, cada nuevo control no hace más que reforzar un sistema que permite que la corrupción siga vigente. La verdadera solución está en eliminar esos obstáculos, en devolverle la simplicidad al Estado, en crear un sistema donde el ciudadano no tenga que enfrentarse a una maraña burocrática cada vez que necesita acceder a un derecho o servicio.
La corrupción no se resuelve institucionalizando el problema, sino atacando la causa: la burocracia excesiva. Solo cuando eliminemos las oportunidades para que la corrupción ocurra, cuando hagamos que los procesos sean simples, rápidos y accesibles, habremos dado el primer paso hacia una Costa Rica donde se combata la corrupción y no se institucionalice.
