La oposición costarricense tiene una oportunidad que ninguna derrota electoral puede arrebatarle. Puede volver a ser reconocida por lo que propone para el país, no solamente por aquello que rechaza del Gobierno. Me dirijo al Partido Liberación Nacional, al Frente Amplio, al Partido Unidad Social Cristiana y a Claudia Dobles. No para pedirles que abandonen sus convicciones, sino para invitarlos a recordar qué causas justificaron su existencia política y qué responsabilidades les impone hoy esa herencia.
La elección presidencial de febrero quedó atrás. Laura Fernández recibió el mandato de conducir el Poder Ejecutivo durante el período 2026 a 2030. Reconocer esa legitimidad no obliga a respaldar cada decisión suya, como haber perdido la Presidencia tampoco exonera de construir soluciones. Una democracia necesita control y alternativa, pero también capacidad de acuerdo. Se puede estar en oposición al Gobierno sin colocar al país en oposición a su propio futuro.
El filósofo y político Edmund Burke entendía el partido como una asociación que procura el interés nacional desde principios compartidos. Esa idea permite distinguir una identidad programática de una identidad puramente reactiva. La primera sabe qué sociedad desea construir. La segunda necesita que exista un adversario para explicar por qué existe ella. Cuando el antagonismo desplaza al proyecto, la oposición corre el riesgo de convertirse en comentarista permanente de una historia que otros escriben.
Conviene reconocer los hechos. El primero de mayo, las cuatro fuerzas anunciaron una agenda común que incluye seguridad, competitividad, desarrollo social, ambiente y transparencia. También han existido acuerdos legislativos entre oficialismo y oposición. Por tanto, sería inexacto afirmar que todo ha sido bloqueo, aunque exista mucho ruido en el parlamento. Mi planteamiento es más exigente. Que las propuestas se conviertan en resultados verificables y que el desacuerdo tenga contenido, alternativa y proporción. Un voto negativo razonado puede ser necesario. La negación como identidad resulta insuficiente.
Liberación Nacional nació en 1951 con una vocación socialdemócrata. Su Carta Fundamental vincula la libertad con las condiciones materiales que permiten ejercerla, entre ellas educación, salud y bienestar. No es una doctrina de contemplación del Estado, sino una justificación de su intervención al servicio del bien común. Recuperar esa raíz supone preguntarse qué instituciones abren oportunidades y cuáles necesitan transformarse para seguir haciéndolo.
Al PLN le corresponde traducir su tradición de movilidad social en una agenda educativa y productiva contemporánea. Puede impulsar la recuperación de aprendizajes, la formación técnica, las capacidades digitales, las oportunidades regionales y el acceso de pequeñas empresas a mercados más exigentes. La igualdad del siglo XXI también se juega en quién puede programar, investigar, emprender y acceder a un empleo de calidad. Resguardar la educación pública exige defender lo que el estudiante aprende, no solamente cuánto dinero administra la institución.
En el Frente Amplio, José Merino del Río representó una tradición de izquierda democrática, justicia social y defensa del Estado social. Los principios del partido reivindican una sociedad igualitaria y sostenible, la participación y una crítica expresa al modelo neoliberal. En su intervención posterior al referendo del TLC de 2007, Merino combinó su rechazo al tratado con un llamado al diálogo y a tender puentes. No se trata de pedirle al Frente Amplio que renuncie a su identidad, sino de exigirle propuestas programáticas que mejoren concretamente la vida de quienes dice representar.
Hay allí un campo de trabajo inmenso. Puede combatir la evasión, facilitar la formalización, fortalecer la capacitación laboral y evitar que la transformación tecnológica produzca nuevas exclusiones. También proponer protección social compatible con nuevas formas de trabajo y mecanismos para que la productividad beneficie a los trabajadores. Una izquierda puede discutir las condiciones de la inversión sin convertir toda inversión en sospecha. Su mejor aporte sería demostrar cómo generar prosperidad y distribuir oportunidades, no limitarse a disputar la administración de la escasez.
El PUSC, constituido en 1983, recoge la tradición calderonista y socialcristiana. La Caja fue creada en 1941 durante la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, décadas antes del nacimiento del partido actual. Esa herencia coloca la dignidad humana y la protección social en el centro. Su Carta Socialcristiana también defiende una economía social y sostenible de mercado, la competencia, la iniciativa privada y unas instituciones eficientes. No existe contradicción doctrinal entre esas responsabilidades.
El socialcristianismo tiene, por ello, una tarea especialmente reconocible. Puede impulsar una Caja centrada en el paciente, con mejor gestión, sostenibilidad financiera y metas verificables de atención; respaldar al emprendedor y remover obstáculos que expulsan a trabajadores y empresas de la formalidad. Conservar una conquista social no consiste en congelar su administración. La fidelidad a Calderón se demuestra procurando atención oportuna, no exigiendo reverencia ante un organigrama.
A Claudia Dobles le corresponde recuperar lo más valioso de los valores fundacionales de Acción Ciudadana, integrado hoy con Agenda Democrática Nacional en la Coalición Agenda Ciudadana. No se trata simplemente de un PAC rebautizado. El código ético legislativo adoptado por el PAC en 2001 exigía austeridad, honestidad, eficiencia y subordinación del interés particular al nacional. Esa exigencia conserva utilidad pública cuando deja de ser superioridad proclamada y se convierte en reglas aplicables a todos.
Desde esa raíz puede aportar transparencia en la contratación, prevención de conflictos de interés, trazabilidad del gasto y evaluación pública de resultados. Asimismo, una agenda ambiental rigurosa puede conectar sostenibilidad con transporte, ordenamiento territorial, energía e innovación. La ética pública no termina al identificar una irregularidad. Debe diseñar procedimientos que dificulten repetirla, sin paralizar la capacidad administrativa de resolver problemas.
No les propongo regresar a las soluciones de otra época, el pasado quedó muy atrás. Les propongo actualizar sus mejores razones para existir. La socialdemocracia puede aportar movilidad social; la izquierda democrática, inclusión; el socialcristianismo, solidaridad y economía productiva; la acción ciudadana, integridad y participación. Estas contribuciones pueden confluir en proyectos concretos sin borrar sus diferencias. Acordar una reforma no equivale a suscribir un matrimonio ideológico.
El punto de partida nacional permite ambición. La OCDE registra un crecimiento económico de 4,6 % en 2025 y, en sus perspectivas de junio de 2026, proyectaba 3,5 % para este año. PROCOMER reportó exportaciones de dispositivos médicos superiores a US$10.800 millones en 2025. Son resultados y capacidades que deben tomarse en serio. Pero la propia OCDE también identifica rezagos de productividad y participación laboral. El orgullo nacional necesita tanto reconocer los avances como trabajar sobre lo pendiente.
Es mi visión que Gobierno y oposición acuerden una agenda acotada de urgente modernización estatal, fortalecimiento fiscal e innovación productiva. No otra colección de promesas. Cada iniciativa debería identificar el problema, su costo, la institución responsable, el plazo y el resultado esperado. Cada trimestre tendría que publicarse qué se cumplió y qué sigue detenido. Allí la oposición encontraría una forma particularmente poderosa de fiscalizar, contrastando compromisos públicos con resultados, no solamente declaraciones con declaraciones.
Modernizar el Estado exige revisar duplicidades, conectar sistemas y simplificar trámites sin debilitar controles indispensables. Fortalecer las finanzas demanda cobrar mejor lo que corresponde, combatir evasión y contrabando, evaluar beneficios tributarios y eliminar gasto sin resultados. La reducción del déficit y de la deuda pública, incluido su componente externo, debe acompañarse de crecimiento y protección de la inversión útil. Un Estado solvente dispone de mayor capacidad para sostener sus compromisos sociales.
En materia productiva, Costa Rica debe aspirar a más que alojar tecnología concebida en otras partes. Atraer inversión sigue siendo fundamental, pero también debemos desarrollar empresas nacionales que diseñen, investiguen, patenten y vendan soluciones al mundo. Propongo concentrar esfuerzos en problemas concretos de salud, producción agroalimentaria, agua y energía verde. Para ello, necesitamos vincular universidades, formación técnica, empresas locales e inversionistas mediante investigación aplicada, transferencia tecnológica y financiamiento sujeto a metas. No proclamar una industria por decreto, sino construir capacidades para competir.
Tampoco basta con celebrar el talento humano. Hay que formarlo, conectarlo con oportunidades y darle infraestructura, financiamiento y reglas previsibles. El éxito debería medirse en aprendizajes, empleos cualificados, proveedores nacionales, innovaciones comercializadas y mayor valor agregado. Esa agenda permite que cada corriente aporte algo propio. La discusión deja de ser quién obtiene el aplauso y pasa a ser qué capacidades adquiere Costa Rica.
Max Weber vinculó la ética de la responsabilidad con hacerse cargo de las consecuencias previsibles de la acción política. Aplicado a esta hora, no basta alegar buenos principios. Hay que responder por los efectos de aprobar, corregir, negociar o impedir una decisión. El Gobierno debe escuchar y justificar sus propuestas; la oposición, fundamentar sus reparos y presentar alternativas. La responsabilidad democrática no se agota en tener razón ante los propios seguidores.
En mi artículo “Hacia una Tercera República, la hora de dar el golpe de mesa” sostuve que esa transformación no significa demoler la institucionalidad, sino reformarla para devolverle eficacia, libertad y rendición de cuentas. Esa construcción no debe tener propietarios partidarios. Una República de resultados puede recibir aportes de tradiciones distintas, siempre que todas acepten someter sus propuestas a la evidencia y sus decisiones al escrutinio ciudadano. No se les pide ponerse la camiseta del Gobierno. Se les pide trabajar por un país que también les pertenece.
Nuestra deliberación no puede quedar secuestrada por el rumor, la tergiversación ni la búsqueda del siguiente escándalo viral. La crítica documentada es indispensable; el ruido no puede ocupar su lugar. Los partidos que aspiren a recuperar confianza de aquí a 2030 deberán mostrar qué mejoró gracias a su intervención, no solamente cuántas veces lograron contrariar a la presidenta. Las credenciales históricas merecen respeto, pero no sustituyen la utilidad presente.
Costa Rica ya es un gran país y puede ser mucho mejor. Cada sector de la oposición tiene sus distintas tradiciones políticas, y por tanto un granito de arena que aportar a esa construcción. Nadie les exige arriar sus banderas. Se les exige volver a darles contenido. La oposición no necesita desaparecer. Necesita reaparecer como una fuerza con capacidad para construir y demostrar por qué existen en la era del cambio.
