Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada.
Por esa razón, para la aplicación inmediata de las leyes, antes se recurría a la búsqueda del espíritu de la ley, se recurría a la búsqueda de las razones reales que se quería plasmar literalmente en cada ley específica, para defender al país, para defender a todos los costarricenses. Pero desde hace muchos años, a pesar de la obvia imperfección de nuestras leyes, ese espíritu de la ley debe ser reclamado ante la Sala IV mediante recursos diversos de inconstitucionalidad y otros tipos de reclamaciones, solo porque también, la Sala IV no actúa de oficio para defender a nuestro país y a todos los costarricenses. Tal vez ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo el ChatGPT, se pueda lograr la perfección inmediata de las leyes.
En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social.
Ahora resulta que no tenemos salarios de diez millones de colones. Solo pagamos salarios de hasta 8.3 millones de colones, con obviamente, vacaciones, aguinaldo, pensiones de lujo y prestaciones legales correspondientes, anualidades, escalafones, régimen de dedicación exclusiva, etc, etc. etc., dice el mismísimo rector de la mismísima Universidad de Costa Rica. También los alcaldes se acomodan a su gusto la reciente ley del empleo público y comienzan de inmediato a devengar el salario máximo de referencia definido para el presidente de la República, de más de 5 millones de colones, según informó hace pocos días un noticiero de la televisión nacional.
