El pasado mes de agosto la Revista IDEAS de Llorente y Cuenca (LLYC) publicó el artículo “La gestión de los asuntos públicos: construir consensos para superar la crisis” escrito por Joan Navarro, socio y vicepresidente de Asuntos Públicos de LLYC y por Gonzalo Aziz. Este aporte es un documento fundamental para todas aquellas personas que nos dedicamos a tender puentes entre las empresas y los gobiernos.
La inversión privada empresarial depende básicamente de factores de estabilidad social, política y económica y por supuesto de seguridad jurídica en los países. Como han establecido con acierto mis colegas Navarro y Aziz, “garantizar que las reglas de juego sean estables es obligación y deber de quienes conducen los destinos del país. La herramienta para lograrlo es la política pública. Si la política pública es estable, sólida, basada en la evidencia, transparente y, sobre todo, duradera, entonces un país se vuelve estable. Y si un país se vuelve estable es atractivo a las inversiones privadas”.
En ese sentido, quiénes trabajamos en asuntos públicos y relaciones de gobierno para las empresas tenemos la misión de generar diálogos de valor entre los esfuerzos privados de inversión y el liderazgo gubernamental, por lo que nos constituimos en socios del desarrollo de los países, facilitando la inversión, la creación de puestos de trabajo y la movilidad social desde un enfoque de valores como la legalidad, la ética y la sustentabilidad.
En la difícil coyuntura que atraviesa el país y la región se hace indispensable la co construcción de soluciones y la generación de alianzas público privadas para atraer inversión y así atacar los gravísimos problemas de empleo y pobreza que han resultado de esta crisis sanitaria. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para finales de agosto de 2021 en Costa Rica hay aproximadamente 401 mil personas desempleadas, flagelo que afecta en mayor medida a las mujeres (22% para esta población versus un 12,8% de tasa de desempleo en hombres).
Para Joan Navarro, los Asuntos Públicos son “aquellas cuestiones y/o problemáticas que afectan a una porción –cuantitativa y/o cualitativa– de la sociedad, cuyo desarrollo/solución requiere de dos o más actores, puesto que ninguno de ellos cuenta, por sí mismo, de autonomía o poder suficiente como para poder abordarlo en soledad. Llamamos, además, en términos profesionales, a los Asuntos Públicos como la disciplina que gestiona de manera sistemática y estratégica el relacionamiento entre los actores de poder en pos de desarrollar/resolver esas cuestiones/ problemáticas y –en consecuencia– de obtener beneficios relacionados directamente con sus intereses”. De esta manera, los asuntos públicos consisten en una disciplina que realizan las empresas para promover proactivamente relaciones entre actores de decisión y con alto impacto en la sociedad, relaciones caracterizadas por su relevancia y valor para todas las partes.
Dicho lo anterior, la gestión empresarial de asuntos públicos debe orientarse a facilitar las coincidencias del propósito trascendente de las compañías con las necesidades apremiantes de los gobiernos, y al mismo tiempo, debemos insistir en la profundización de condiciones institucionales y de clima de negocios que sean favorables a la inversión privada. Es por lo anterior, que, desde CLC Comunicación, afiliada de Llorente y Cuenca celebramos la aprobación del proyecto 22.333 Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que fortalece la figura del silencio positivo y colabora en la reducción del pesado entramado regulatorio que pesa hoy sobre las empresas, organizaciones y la sociedad civil.
Pero más allá del contexto regulatorio y administrativo donde se opera, las empresas y organizaciones que deseen gestionar sus relaciones con el gobierno deben revisar de manera profesional el estado de sus activos intangibles, principalmente su reputación y su credibilidad, las cuales son vitales en la construcción de acuerdos sostenibles con sus partes interesadas.
Para lograr poner en contacto a las empresas con los gobiernos y con todos las partes interesadas, incluyendo el tercer sector, es preciso que las compañías cuenten con inteligencia política y con un plan estratégico que desde una absoluta rigurosidad ética facilite el intercambio de información entre las partes, lo que abona significativamente en la construcción de legislación, marcos regulatorios y políticas públicas adecuadas, que no sean un estorbo ni desincentiven la actividad económica, la competitividad, la innovación, la sustentabilidad y el beneficio social.
Por la experiencia de más de diez años asesorando empresas y organizaciones en Centroamérica puedo añadir que estos esfuerzos también dependen del conocimiento técnico para identificar intereses públicos y privados y lograr articularlos de manera eficiente para alcanzar tanto el bien común como los objetivos de negocio de las empresas, lo que es absolutamente factible y compatible si se gestionan de manera profesional, técnica y transparente. En esta línea, vemos con muy buenos ojos que se transparente y regule la actividad del lobby empresarial, la cual es fundamental para compartir información, construir acuerdos y acercar posiciones en las negociaciones públicas.
Dada su importancia, el esfuerzo sistemático de construcción de relacionamiento debe ser asesorado por equipos especializados con experiencia y que cuenten con metodologías transparentes, ya que cada interacción con el sector público debe ser extremadamente cuidadosa, respetando en todo momento los esquemas, competencias y límites de los cargos de los actores y del proceso político, principalmente el marco ético, legal y regulatorio que permite el diálogo y los acuerdos públicos-privados.
La comunicación es vital para generar confianza. El diálogo facilita consensuar las políticas públicas y mejorar la calidad de estas, pues se retroalimenta con información, conocimientos y experiencias de diversos sectores, incluidas las de las empresas y organizaciones que conocen a profundidad su actividad y los modelos de negocio compatibles con las mejores prácticas y el interés público. Buscar esos puntos de encuentro entre el propósito y los valores corporativos, las metas operativas del negocio, las necesidades apremiantes de los gobiernos y el bien común, articulando los intereses de las diferentes partes interesadas en beneficio de los países y la región, es la principal meta de los asuntos públicos.
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