El 3 de abril de este año 109 medios de comunicación de 76 países dieron a conocer la información sobre el caso más grande de evasión y elusión de impuestos y otros delitos asociados en la historia. Se trata de los Panamá Papers, una investigación periodística conducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de la filtración de 2,6 terabytes de información de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Los trabajos de investigación realizados por los medios de todo el mundo revelaron que este bufete había sido contratado por políticos, empresarios, líderes, personalidades de las artes y personas relevantes en la opinión pública, para crear empresas en paraísos fiscales off shore y, así, ocultar su vinculación con ellas y evadir cargas tributarias.
Costa Rica no fue la excepción. Cuando los medios nacionales Ameliarueda.com y el Semanario Universidad dieron a conocer el producto de su trabajo, quedó en evidencia que también en nuestro país existen personas implicadas en este caso. Para investigarlo se nombró una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa, en la cual he participado desde su creación.
Cada semana tenemos una sesión en la Comisión, ayer lunes se realizó la audiencia con el Colegio de Contadores Privados de nuestro país. Nos interesaba conversar con ellos porque nuestras investigaciones y las otras audiencias nos han permitido concluir que existen vacíos en la legislación costarricense que los asesores, abogados pero también muchas veces contadores, aconsejan a sus clientes utilizar esos vacíos como una forma de ayudarlos a evadir impuestos sin llevar a cabo acciones ilegales.
Esta práctica que comienza con situaciones tan sencillas como la declaración de impuestos puede ser “legal” pero no ética; más, sobre todo, el problema es el impacto negativo que tienen sobre el país: para el 2013, se estimó que la evasión fiscal alcanzaba el 8,2% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), lo cual superaba el déficit fiscal de ese mismo año que fue de 5,4%.
Además, la Comisión Especial de los Panamá Papers no se ha limitado a estudiar el caso de la filtración de documentos y sus implicaciones, sino a generar propuestas que se conviertan en soluciones efectivas para acabar con la defraudación fiscal en el país. Para ello hemos realizado audiencias con diversas entidades nacionales y estatales.
La discusión con los representantes del Ministerio de Hacienda nos permitió concluir que la práctica más común es la creación de figuras jurídicas (empresas de diverso tipo), que no son utilizadas con el propósito para el que fueron fundadas, sino como un escudo para evadir impuestos; al mismo tiempo, identificamos dos vacíos que permiten la “evasión legal” (elusión) de las obligaciones tributarias, asociados a la suspensión por casi dos años del artículo 83, y el ahora declarado inconstitucional artículo 144 del Código Tributario.
Por su parte, la conversación con el Instituto Costarricense sobre las Drogas evidencia que la problemática del narcotráfico está estrechamente vinculada al blanqueamiento de capitales, que alcanza los $2 billones al año a nivel mundial pero del cual sólo el 1% es interceptado.
Para atacar esta situación en el país se propuso la aprobación urgente del proyecto de reforma a Lucha contra el Terrorismo, expediente 19909; así como la implementación de un registro de beneficiarios finales de todas las entidades financieras inscritas en el país, y la implementación de recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El encuentro con la Contraloría General de la República también llevó a propuestas importantes, como la automatización de los controles y la información para la gestión y el control tributarios; la actualización del manual de cobro; la evaluación de resultados sobre la gestión de cobro judicial; y el fomento del pago electrónico.
De nuestra reunión con el Colegio de Abogados surgió la necesidad de identificar la elusión fiscal como un delito penal; mientras que de aquella que sostuvimos con el Poder Judicial quedó evidenciado que muchos casos son archivados como consecuencia de que los jueces no poseen formación en materia tributaria, por lo que se propuso brindarles una especialización en el tema.
El caso de los Panamá Papers ha dejado en evidencia una práctica mundial cuyo objetivo final es la defraudación fiscal y la realización de otras actividades ilegales, como el blanqueo de capitales. A pesar del intenso trabajo que hemos realizado en la comisión, la única forma de combatirla en Costa Rica es que se convierta en una lucha de todas las organizaciones e instituciones vinculadas a la problemática, que comienza por la implementación de estas y otras propuestas que haremos, a fin de evitar que las figuras jurídicas registradas en nuestro país no cumplan con sus obligaciones tributarias o sean utilizadas para actos ilícitos.