“Nosotros no aceptamos la separación de la economía de lo humano” (Pablo VI)
20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social. La Asamblea General de las Naciones Unidas (en 2007), lo proclamó: “Reconociendo que, para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible”.
Con suma experiencia, la ONU nos guía; “es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido”; y el Reformador Social de Costa Rica, don Rafael Ángel Calderón Guardia, lo expresó con similar pensamiento: “La verdadera democracia es aquella que tiene contenido económico”.
Sea, para la justicia social es indispensable crear riqueza, y para crear riqueza, el Estado debe ser facilitador; el Gobierno no debe estorbar… muchísimos menos dañar.
En las Garantías Sociales, promovidas por Calderón Guardia (reforma a la Constitución de 1871), se estipuló la necesidad de estimular la producción (51.-El Estado procurará el mayor bienestar de los costarricenses, protegiendo de modo especial a la familia, base de la Nación: asegurando amparo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido y organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (Ley N° 24 de 1943).
En la actualidad, nuestro país no está estimulando la producción…para el crecimiento requerido. El Gobierno nos tiene en estancamiento económico, que nos lleva, por ejemplo, a mayor pobreza (21,1%).
Hay más desigualdad social, lo que es muy triste (y eventualmente peligroso). Según lo publicado en Diario Extra, el 7 de julio del 2018: “Costa Rica entre los más desiguales del mundo” y en otra, del 3 de diciembre, nos relató: “Costa Rica pasó en el año 1990 de una distribución ejemplar del 0,31% del coeficiente Gini (éramos junto con Uruguay uno de los países más equitativos del hemisferio) a una lamentable y desigual distribución de 0,53, según la OCDE y el informe Estado de la Nación 2018.”.
Es preocupante: Nuestro país se estancó, la economía está enferma; y el Presidente y sus ministros solo hablan y hablan. No hay reactivación económica, siguen los gastos innecesarios; hay mayor déficit fiscal: “cerró en 6,96% del PIB del 2019, lo cual, representa la diferencia entre ingresos y gastos, más alta de los últimos 40 años, según Hacienda”.
No olvidemos que el Gobierno aún no se preocupa. Datos del INEC, alertan: el desempleo en 12,4% al cierre de 2019. -Es uno de los más altos de América Latina-: Afecta especialmente a las mujeres, (16,7%).
Esos datos alarman. Es doloroso: más de 310 mil personas sin trabajo (sin poder de compra).
11% en subempleo (trabajan menos de lo que quisieran). Y, la tasa de desempleo, incluyendo los desalentados (los que se cansan de buscar trabajo) alcanzó 14,2% en último trimestre del 2019.
El 46,5% de la población, en edad de trabajar, está en condición de empleo informal (desempeñan trabajos sin estar registrados y sin cotizar a la seguridad social). Más de un millón de personas con escaso dinero; sin acceso real a la salud; sin esperanza de una pensión, que le permita retirarse dignamente.
Todos esos datos son angustiosos: agreden a la familia costarricense. El no tener trabajo o trabajar menos de las horas deseadas o desempeñarse en la informalidad; también significa, entre otros, que el gobierno no incremente la recaudación de impuestos, por disminución del consumo y, por empresas que detienen sus actividades.
El desempleo y otros (el escaso poder de compra) es enemigo de las familias; pero este Gobierno, parece que no entiende; no respeta al pueblo y sigue en fiesta, gastando como en carnaval.
Ante la inacción irresponsable: “La Patria tiene que levantarse como un inmenso espíritu tutelar, sobre una plataforma de justicia cristiana”, como señaló Calderón Guardia.
La Patria, todos los habitantes… debemos cooperar para crear la riqueza que requiere el desarrollo integral (la justicia social). Ojalá, también sirva -a los gobernantes- el pensamiento de Pablo VI: “Porque todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo, no tiene otra razón de ser que el servicio de la persona. Si existe, es para reducir las desigualdades, combatir las discriminaciones. Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico”.
Para que exista justicia social, debemos cumplir -fielmente- el 50 de nuestra Constitución, que señala: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.
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