El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) no es solo un fondo de pensiones; es un pilar de la justicia social en Costa Rica, pero también su devolución es un tema crítico que toca el corazón de la justicia social en nuestro país.
El ROPC ha sido concebido como un reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de miles de costarricenses a lo largo de sus vidas laborales. Sin embargo, la reciente defensa de las operadoras de pensiones, que parecen más interesadas en preservar su control sobre estos recursos que en proteger los derechos de los trabajadores, plantea serias inquietudes sobre la naturaleza de este sistema.
Durante un reciente debate televisivo con el suscrito, el Superintendente de Pensiones insinuó, con un tono despectivo, menciono que el ROPC no pertenece completamente a los trabajadores, argumentando que su aporte es solo del 8%. Esta afirmación no solo es errónea, sino que también cuestiona la verdadera propiedad de los ahorros acumulados. Es fundamental recordar que el espíritu del legislador al crear el ROPC fue claro: esos ahorros pertenecen a los trabajadores, y la devolución de los mismos es un derecho inalienable.
La historia ha demostrado que la devolución total de los ahorros del ROPC no ha impactado negativamente las finanzas del sistema de pensiones. No obstante, las operadoras se aferran a su control, priorizando sus intereses por encima del bienestar de quienes realmente han contribuido a este fondo. Es inaceptable que altos funcionarios, con salarios exorbitantes que superan los 9 millones de colones, se arroguen el derecho a decidir cómo deben gastar los ahorros de los trabajadores. Este desajuste entre sus remuneraciones y las realidades económicas de los trabajadores es un reflejo de la desconexión y falta de empatía que existe en el sistema.
La necesidad de acceso a los ahorros del ROPC se vuelve crítica en una etapa de la vida donde los gastos médicos aumentan y las fuentes de ingresos suelen disminuir. La devolución de estos fondos no es solo una cuestión de justicia económica, sino un imperativo moral que respeta la dedicación de miles de costarricenses. Los trabajadores deben tener la capacidad de acceder a sus ahorros para afrontar gastos fundamentales, como atención médica y pagos de hipotecas.
Es momento de que las operadoras de pensiones devuelvan lo que legítimamente pertenece a los trabajadores. Este es un clamor que debe resonar en cada rincón del país. La lucha por la devolución del ROPC no es solo una cuestión de políticas financieras; es una causa que afecta a cada trabajador y familia costarricense. Como ciudadanos, debemos movilizarnos y exigir la restitución de nuestros derechos.
La narrativa de que la devolución del ROPC debilitaría el sistema es una falacia total que no resiste el análisis. De hecho, el acceso a estos ahorros puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores y contribuir a una sociedad más equitativa. Al devolver el ROPC, se fortalece la confianza entre los trabajadores y el sistema de pensiones, promoviendo una participación más activa en él.
Cabe recordar que, en octubre de 2020, se promulgó la Ley N° 9906, permitiendo a jubilados retirar fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROPC) sin que haya afectado su estabilidad financiera. En ese entonces el presidente Carlos Alvarado destacó que esta iniciativa “inyecta recursos a los hogares costarricenses en momentos críticos, garantizando la estabilidad del sistema de pensiones”, de tal forma que las afirmaciones actuales del superintendente y de las Operadoras de Pensiones, en el sentido de que la entrega del ROPC pondría en peligro la estabilidad de las finanzas de este importante pilar, son falsas y temerarias.
En ese sentido es importante destacar que el ROPC, en la actualidad tiene activos por más de ¢14,15 billones e inversiones por ¢13,86 billones, según datos a octubre 2025, publicados por la misma SUPEN, por lo que a todas luces no estarían en peligro las finanzas de este régimen en caso de entregar los ahorros a sus verdaderos y únicos dueños.
El ROPC es una de las conquistas sociales más significativas para la clase trabajadora. La devolución de estos ahorros es un derecho que debe ser defendido con firmeza. Es hora de exigir que se respeten nuestros derechos y que se devuelvan nuestros ahorros.
¡Que las operadoras de pensiones suelten el ROP y hagamos valer nuestro derecho a una vejez digna!