El Juez, dentro de Estado democrático de derecho, como cualquier otro sujeto asalariado en este país, puede realizar un análisis crítico o asumir una posición ante la opinión pública acerca del plan fiscal y las consecuencias que tendrá en su estabilidad laboral y profesional. Además, cada quien asumirá su posición respecto a sumarse o no al movimiento huelguístico. Apuesto a que con ello está demostrando transparencia y honestidad para con la sociedad, ante una realidad socioeconómica que toca el bolsillo a todos los costarricenses y, en nuestro caso, no resulta la excepción.
Como ciudadano y Juez, soy consciente de las necesidades del Estado en ajustar las finanzas públicas y el deber de contribuir solidariamente. Por supuesto que el Juez debe tener la virtud de la prudencia en cómo transmitir sus ideas o pensamientos, máxime si ello es generador de opinión pública en un tema tan álgido, en particular el manejo político y mediático del discurso ante la coyuntura social actual. Sin embargo, sea cual sea la profesión y sus salarios, la virtud de la prudencia es un código de ética para toda profesión. Por esa razón, creo que el título correcto debe ser la “justicia no tiene precio”. Para los jueces probos, en su enorme mayoría en el Poder Judicial, no es conveniente que se siga afectando aún más nuestra imagen ante los costarricenses, toda vez que la lógica del discurso del editorial tiende abiertamente a emitir juicios de valor contradictorios y alejados de nuestra realidad nacional, pues se enfocan ciertos supuestos hechos de corrupción dentro del Poder Judicial y ciertas ventajas salariales, cuando son contextos históricos distintos, pero los dos se entremezclan para encontrar un nuevo nicho de mediatización: la probidad del Juez.
La Ética Judicial va más allá del conocimiento de la ley e impide ponerle precio a la Justicia. Tampoco cualquier salario con sus pluses o “ventajas”, impedirá por completo el soborno y la corrupción. La integridad, la honestidad, la probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional exceden cualquier política salarial, que conviene sea consensuada como ejercicio democrático por excelencia que rige nuestro país. El Juez actúa con rectitud e integridad cuando recibe lo que le justamente corresponde a su trabajo (salario), sin ir más allá (sobornos o dádivas). Pero el salario justo y razonable dignifica la labor de funcionarios y servidores judiciales, sin que la desmejora en las condiciones salariales signifique una apertura al soborno o corrupción. Debe entenderse que el salario digno es un medio de contención (carácter preventivo), para evitar la penetración de la corrupción en el sector público. El Estatuto del Juez Iberoámericano establece en su artículo 32: Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.
La labor del juzgador no sólo requiere el conocimiento de la norma jurídica, porque hay espacios en los que nuestra única guía, es nuestra conciencia, y ésta, requiere ser demostrada a partir de patrones de conducta asumidos libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores compartidos del Poder Judicial de compromiso, iniciativa, responsabilidad, integridad, honradez y excelencia, de tal suerte, que la dignidad de quien ejerce el cargo enaltece la función y se adquiere autoridad moral para juzgar.
No es la norma fiscal o las ventajas salariales las que van a fijar la probidad, es un proceso de interiorización de cada funcionario y en lo que a lo interno del Poder Judicial se han realizados foros, seminarios, campañas y hemos acogido dichos valores compartidos para que sea la práctica en nuestras labores diarias. Por esa razón es absolutamente incorrecto el símil entre política salarial y probidad, tema a todas luces inconmensurable y que jamás puede ser utilizado como barómetro en la aplicación de la justicia. Si de prudencia se trata, no se puede lanzar un mensaje al soberano distorsionado el discurso, en tanto es una lucha salarial (acto lícito), no una franca competencia en ponerle precio a la honradez a la probidad o a la deferencia con los corruptores (acto ilícito), situación que definitivamente no es la generalidad en el Poder Judicial.
El artículo es en respuesta al Editorial de la La Nación “El precio de los Jueces”, del 25 de setiembre.
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