La falta de acceso a la justicia es una dimensión central de la pobreza
World Bank, New Directions in Justice Reform
La Seguridad Jurídica es con toda probabilidad, la más básica de todas las funciones de un Estado. Hace miles de años los gobiernos aparecieron representados por un rey cuyas funciones eran primero, proteger a sus súbditos de las amenazas externas a sus vidas y propiedades, y segundo resolver disputas tanto civiles como criminales. Para llevar a cabo estas funciones los reyes recolectaban impuestos para financiar la creación y mantenimiento de cuerpos coercitivos, tanto militares como policiales.
La Seguridad Jurídica es la certeza que deben tener los ciudadanos, que en caso que tengan que recurrir al sistema judicial, el resultado será el que la ley establece protegiendo sus vidas, derechos y propiedades. La protección a la propiedad se refiere no solo a la protección de bienes tangibles como tierras y edificios, sino también a la protección de la propiedad intangible, especialmente la propiedad intelectual. Uno de los grandes logros de los Estados Unidos de América, como nación, es la efectividad con la se protege la propiedad intelectual de todo tipo, por medio de un exitoso sistema de patentes que ya tiene más de 230 años de existencia. La tradición de protección de la propiedad intelectual en los Estados Unidos se remonta a The Patent Act del 10 de abril de 1790.
Cuanto mayor sea la previsibilidad de las decisiones judiciales, mayor es la seguridad jurídica; cuanto mayor es la imprevisibilidad del resultado, menor es la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica carece de sentido a menos que se pueda acceder a un sistema institucional que garantice su independencia y cuente con los recursos para oír a las partes en disputa, de manera equitativa y en un plazo razonable. Un destacado jurista, cuyo nombre desafortunadamente no recuerdo, dijo alguna vez que uno de los peores servicios que se le puede hacer a la justicia es no resolver los casos presentados ante el sistema judicial, prontamente y en un plazo razonable, ya que con el transcurso del tiempo los ofendidos se desmotivan, los hechos se vuelven difusos y hasta pueden terminar olvidándoseles a las partes. Este sistema institucional debe tener la capacidad de emitir veredictos vinculantes, lógicos, sensatos, predecibles y dentro de las normas básicas de convivencia en una sociedad civilizada. Sin procedimientos justos, equitativos y sin recurso judicial no puede haber certeza jurídica.
Es bien sabido que los agentes económicos odian las sorpresas y buscan la mayor predictibilidad posible en los ambientes en que operan. La predictibilidad o la falta de ella, disminuye o aumenta el riesgo empresarial y por ende disminuye o aumenta la rentabilidad requerida. Por lo tanto, la seguridad jurídica es, probadamente, el primer requisito que un empresario pide cuando considera invertir en un país. Si la seguridad jurídica de un país ha demostrado ser consistente a lo largo del tiempo, el riesgo de hacer negocios puede ser aceptable. Si la seguridad jurídica de un país no ha sido consistente a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas, el riesgo de hacer negocios será alto y muy probablemente la inversión sea descartada.
Es así como no debe causar sorpresa que países de un alto desarrollo económico y social se encuentren en los primeros cinco puestos del Índice del Estado de Derecho emitido por el Word Justica Project (WSP). Estos países son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Países Bajos.
La seguridad jurídica tiene las siguientes dimensiones:
Poderes del Gobierno. Se refiere a los límites que el sistema institucional impone a los gobernantes y a sus funcionarios. También incluye que tan vinculantes son las normas que el sistema impone al gobierno y sus funcionarios en caso de una violación al orden establecido. Además, cubre el grado en que la prensa libre e independiente ejerce control político sobre el gobierno. Lo fundamental es que ningún órgano de gobierno por sí solo tenga la capacidad de ejercer un poder absoluto. Es importante que se produzcan transiciones de poder ordenadas y de conformidad con la ley.
Presencia de la Corrupción. Se refiere al grado de corrupción de los funcionarios públicos en las instituciones del gobierno en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Incluye las formas más comunes de corrupción: soborno, tráfico de influencias, malversación y uso indebido de recursos públicos.
Transparencia del Gobierno. Es el grado en que el gobierno comparte información, y permite el acceso a herramientas con el fin de incentivar la participación de los ciudadanos en las decisiones de política pública. Es importante que el sector público tenga la posibilidad de recibir solicitudes de información y suministrarla adecuadamente. La libertad de expresión, opinión, reunión, asociación, el derecho de petición y denuncia son esenciales para una apropiada transparencia gubernamental.
Protección de los Derechos Humanos Fundamentales. Consiste en la efectividad de la justicia para garantizar la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la seguridad personal, el debido proceso legal y los derechos de los acusados. Es importante que se proteja la libertad de opinión y expresión, la libertad de creencias y culto, el derecho a la privacidad, la libertad de reunión, asociación y los derechos laborales. Otros derechos fundamentales son la posibilidad de negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso e infantil, el combate de la discriminación perniciosa y los prejuicios sociales de todo tipo.
Seguridad de las Personas y la Propiedad. La seguridad es uno de los aspectos clave de cualquier sociedad siendo una función fundamental del Estado. Este factor incluye las diversas amenazas al orden y la seguridad: el crimen, la violencia política, el terrorismo, el conflicto armado y el malestar político, La violencia no debe ser un medio socialmente aceptable para resolver conflictos.
Acceso a la Justicia Civil. Se refiere a la capacidad que tienen las personas comunes de resolver sus conflictos de manera pacífica y eficaz, a través del sistema de justicia civil. Para tal efecto, se requiere que el sistema sea accesible. libre de discriminación y corrupción, sin influencia indebida por parte de los funcionarios públicos. La impartición de una justicia civil eficaz también requiere que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera oportuna y no estén sujetos a demoras no razonables.
Acceso a la Justicia Criminal. Los sistemas de justicia penal eficaces deben ser capaces de poder procesar los delitos penales de manera oportuna, por medio de un sistema imparcial que no discrimina por raza, genero, o religión. A la vez, debe estar libre de corrupción e influencia política indebida, asegurando los derechos de las víctimas y del acusado. La impartición de una justicia penal eficaz también requiere de un sistema penitenciario que actúe como disuasor del comportamiento antisocial.
Es evidente que en Costa Rica tenemos muchas de estas condiciones que conducen a la tan importante seguridad jurídica, pero aún tenemos mucho camino por recorrer especialmente para lograr en la práctica una justicia más pronta y más cumplida, según lo pide la Constitución Política. También, debemos avanzar con urgencia en una mayor y mejor protección, respecto y cumplimiento a las obligaciones y derechos que se establecen entre las partes en los contratos, así como en la histórica omisión en que se ha incurrido en el tema de las quiebras corporativas. Sin embargo, recientemente se aprobó una ley que significa un importante avance en la materia de quiebras, y ahora el Poder Judicial debe implementar esta ley para hacerla efectiva dándole una oportunidad de reorganización a las empresas que pasan por dificultades comerciales y financieras temporales. El país agradecerá que esta ley se aplique, efectivamente, a la mayor brevedad posible.
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