El pasado 23 de noviembre sucedió un hecho histórico para nuestra economía debido a la sentencia N.º 28-19511 de las 21:45 horas, en la que la Sala Constitucional indica que no encontró vicios esenciales de procedimiento ni de fondo para el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580.
Dicha sentencia se constituye en un hecho histórico porque permite la aprobación en segundo debate, de este proyecto, rompiendo así con una secuencia de dos intentos fallidos -mediante dictámenes de la Sala- de aprobar un plan fiscal que nos enrumbara, como un primer paso, en la hoja de ruta para el saneamiento de las finanzas del Estado.
Estamos conscientes de que este Plan no representa una solución definitiva ni temporal del deterioro fiscal, ya que el mismo apenas representa una mejora cercana al 2% del déficit, según estudios del Proyecto de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Además, en los últimos meses, el déficit y la deuda pública se han incrementado, y el BCCR proyecta que este año cierren en un 7,1% y 53,6% del PIB, respectivamente.
Esta sentencia y la posible aprobación del proyecto de ley, ubica a la economía nacional en la senda correcta para prospectar un mejor escenario económico, centrando la atención en la reactivación económica (de acuerdo al Banco Central la proyección de crecimiento del PIB para el 2019 es de 3,4%, muy similar a la proyectada por el Fondo Monetario Internacional que es de 3,2%) y en una mejor perspectiva país en cuanto a la calificación de riesgo (Fitch, S&P, Moody´s): estas calificaciones se convierten en referentes importantes, más cuando el Ministerio de Hacienda pretende colocar eurobonos en los próximos seis años por un monto cercano a los $6 mil millones de USD.
Por ello, con el impulso de un plan económico simultáneo que permita, por una parte, la reforma estructural de las finanzas públicas en sus componentes centrales: gastos (redefinición de la estructura) e ingresos (aplicación del Impuesto al Valor Agregado y cambios en renta), dentro de un marco de disciplina económica a partir de la implementación de una regla fiscal; y por otra parte, una serie de esfuerzos públicos y privados que contribuyan con la reactivación de la economía teniendo como base un entorno más estable, es decir, de menor volatilidad y de menor expectativa de incremento en los principales macroprecios (inflación, tasas de interés y tipo de cambio).
Ahora, si bien es cierto la economía de Costa Rica al tener un grado de apertura externa importante (cercano al 45% con la inclusión de zonas francas y perfeccionamiento activo según datos del Ministerio de Comercio Exterior), está más expuesta a los embates de la economía internacional, entre ellos: a) las tensiones comerciales y migratorias, b) la evolución precios de combustibles y granos básicos, c) la automatización de los procesos productivos que en el corto plazo destruyen empleos, entre otros (temas que serán abordados este mes en Argentina en la Reunión del G20), es fundamental fortalecer la demanda interna (que crecerá un 3% en el 2019 según proyecciones del BCCR) mediante un proceso de reactivación económica, que revierta el proceso de desaceleración que se viene registrando, de manera que además, esta recuperación, contribuya con el mejoramiento de las finanzas públicas (mayor recaudación).
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
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