En la literatura económica se ha acuñado el término del “coste en suelas de zapatos”, en el que los zapatos se refieren a manera de metáfora al costo en tiempo (y por ende costo de oportunidad en dinero) en que incurren los ciudadanos de un país en tiempos de alta inflación al dirigirse a su entidad bancaria o al mercado negro para cambiar su divisa devaluada por dólares u otra moneda más estable, así como a gastar su ya maltrecha moneda en bienes de consumo, lo cual deben hacer rápidamente, pues cuando se habla de costes en suelas de zapatos, con cada día la devaluación hace que reciban menos dólares o menos productos por su sueldo.
Aunque en un principio, el término se utiliza para referirse a la hiperinflación y sus consecuencias sobre los ciudadanos, en el contexto a nivel nacional, se puede abusar un poco del término y afirmar que los emprendedores costarricenses incurren en un costo de un par (o incluso más) de suelas de zapatos al enfrentarse a la burocracia, trámites y regulación necesarios para establecer su empresa y formalizarla con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, además del Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Salud y los distintos regímenes de pensiones.
Y no sólo se trata del costo en el que incurren las empresas al intentar formalizarse, que ya por sí mismo es bastante alto (al 2015, los costos solo por permisos de salud variaron entre los $30 y $100, lo cual para cualquier persona puede parecer poco, pero es importante recordar que las Pymes cuentan con presupuestos limitados en su gran mayoría) sino también del costo en el que incurren al no estar formalizadas: los herramientas como Yalo Marketplace, Pymexpress y Exporta Fácil de Correos de Costa Rica piden como requisito estar en regla con la formalización de la empresa, al igual que Procomer con sus servicios de capital semilla e incubación de empresas, así como sus diversos concursos para Pymes. Por otro lado, es necesario que las empresas estén registradas y formalizadas propiamente para acceder a las distintas exenciones de impuestos, capacitaciones, tarifas preferenciales y opciones de financiamiento con el Banco Popular y el Sistema de Banca para el Desarrollo, así como la posibilidad de recibir contratos del gobierno.
Lo anterior, a pesar de ser un incentivo importante para que las empresas se formalicen, pierde fuerza y presenta un problema cuando la mayoría de Pymes no logran pasar el proceso para registrarse, y de lograrlo, no permanecen por mucho tiempo en el mercado: hasta el año 2015, se estima que un 80% de las pequeñas y medianas empresas no han pasado de los tres años de existencia, y es esperable que dicha cifra se haya mantenido constante o incluso aumentado en los últimos seis años. Esto lleva a que muchas Pymes con potencial decidan no tomar el riesgo de iniciar la formalización y en su lugar, prefieran trabajar por debajo de la mesa con los riesgos que eso puede conllevar para el desarrollo y bienestar de la empresa y sus trabajadores.
Y de hecho lo anterior también presenta un problema para el gobierno, y en especial para el Ministerio de Hacienda, pues los mismos identificaron en el 2018 que solamente en el sector no agrícola, un 31.8% (600,576 de los 1,891,034 empleados) se encuentra en informalidad, lo cual implica que probablemente existe en ese grupo una cantidad importante de trabajadores en condiciones poco adecuadas, así como un monto significativo que no se recauda en impuestos sobre la renta, y es difícil esperar que la situación de informalidad sea de alguna manera mejor en el sector agrícola, o que la coyuntura en general haya mejorado en los últimos años.
Por todo lo anteriormente dicho y más motivos, es necesario tomar ciertas acciones para aumentar la formalización de empresas en Costa Rica. Una de las soluciones que se han propuesto es un periodo de amnistía de los pagos de Pymes a la CCSS para incentivar la formalización y así asegurar primero la salida de las empresas al mercado de manera que la Caja pueda recibir sus pagos sin que eso obstruya la formalización de las Pymes, y de esa forma el Seguro Social asegura una mayor cantidad de contribuyentes en el largo plazo. Por otro lado, se propone el establecimiento de pagos escalonados por concepto de cargas sociales (un 20% el primer año, un 40% el segundo y de esta forma hasta lograr el 100% de los pagos en el quinto año)
Otra propuesta popular es el fortalecimiento y mejora de interfaz del sistema Ventanilla Única, que se basa en un portal que reúne en una misma página de Internet (o localización física en dado caso) todos los trámites necesarios para la formalización con sus debidos sistemas de pago o entrega de documentos, y de esa manera acelera la aprobación de los trámites por medio del uso de la tecnología para que los emprendedores consigan en el menor tiempo posible su estado de Pyme y no incurran en costes de zapatos por enfrentarse a la burocracia, de manera similar a como se trabaja en lugares como el estado de Delaware, Australia, Irlanda y otros, donde en cuestión de semanas o días los emprendedores están listos para su salida al mercado de manera formal.
En general, es necesario buscar y aplicar medidas como las anteriores para luchar contra el problema de la informalidad e incentivar empresas a regularizarse, y de esta forma mejorar el bienestar de emprendedores y Pymes, así como de sus trabajadores. Por otro lado, un mayor grado de formalización aumenta la base de contribuyentes establecidos de la Caja Costarricense del Seguro Social y de Hacienda, ayudando así con el déficit fiscal sin necesidad de aumentar los ya excesivos impuestos existentes, y esto a su vez colabora a incrementar la competitividad e innovación de un país que se ha visto rezagado en esos aspectos en gran parte por culpa de las trabas a la formalización.
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